Ayer en el foro sobre la reforma petrolera, un grupo de gobernadores encabezados por el veracruzano Fidel Herrera, oficializaron la propuesta para crear una o varias empresas estatales que estarían en condiciones de explotar pozos petroleros hoy cerrados, asociarse mediante ese mecanismo con PEMEX y crear empresas públicas que pudieran convertirse en una suerte de “tercera vía” y de esa manera “federalizar” la exploración y explotación de crudo.
Ayer en el foro sobre la reforma petrolera, un grupo de gobernadores encabezados por el veracruzano Fidel Herrera, oficializaron la propuesta para crear una o varias empresas estatales que estarían en condiciones de explotar pozos petroleros hoy cerrados, asociarse mediante ese mecanismo con PEMEX y crear empresas públicas que pudieran convertirse en una suerte de “tercera vía” y de esa manera “federalizar” la exploración y explotación de crudo.
La idea en sí no es mala. Pero no es creíble lo de una “tercera vía”: en realidad, hay dos. Un monopolio estatal como el que tenemos en este momento, con un amplísimo control sobre todo el proceso o la posibilidad de que junto con esa empresa pública federal puedan crecer y desarrollarse otras, sean públicas y estatales como dicen los gobernadores, privadas o mixtas, manteniendo el petróleo como propiedad de la Nación. La propuesta de los gobernadores tiene el gran mérito de abrir las puertas a la segunda opción. En realidad no se trataría de “federalizar” un monopolio, sino de que éste dejara de ser tal. Y para ello la única opción es la apertura del sector.
Por eso, la propuesta de los gobernadores para ser viable debería ser parte de una reforma más amplia. Así como está concebida y planteada resulta un buen negocio sólo para las arcas estatales. En primer lugar se tendría que definir el régimen fiscal: si PEMEX tiene un régimen fiscal riguroso, para poder contribuir con recursos al resto del país ¿esas empresas estatales tendrían el mismo régimen fiscal que la paraestatal?. Los defensores de la iniciativa insisten en que no debe ser así, que deben tener un régimen mucho más laxo y, además, dicen que de esa manera se compensarían los daños ecológicos que han sufrido por la industria. En el papel suena lógico (pero no lo es ¿tendría que tener el estado de México o Nuevo león un régimen fiscal especial porque sus industrias contaminan más que las de Guerrero?), pero eso es lo que hace inviable la idea. Veámoslo desde otra óptica: ¿tiene sentido realizar una reforma que beneficiaría a Campeche, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca, pero no a los demás estados de la Federación?. Sí, si las reglas del juego para toda la industria son en términos generales los mismos, tanto en el plano fiscal como regulativo. En otras palabras, que se establezca una norma fiscal similar para todos y que esa labor la puedan desarrollar distintas empresas, públicas o privadas, mediante contratos o convenios, mientras se les pague por ese servicio y el crudo extraído quede en manos de Petróleos Mexicanos para su comercialización nacional e internacional. Lo mismo tendría que ocurrir con lo petrolíferos. Y con los mecanismos de distribución.
Es que en la discusión actual existen demasiados capítulos que no se basan en la razón sino en una suerte de fe en principios que nunca se han cumplido. Así, un reconocido jurista dice que PEMEX no puede celebrar contratos de servicio con nadie, cuando esa es una práctica normal que se ha dado siempre, o un ex director de la paraestatal que privatizó la empresa de lubricantes y fue quien autorizó y echó a andar la sociedad de PEMEX con Shell en Houston, en una refinería de mil 500 trabajadores, dice que eso es ilegal. Lo mismo ocurre con la inversión en el país en refinerías y ductos. ¿Cuál sería el problema real de que se montaran refinerías que recibirían el crudo de PEMEX, lo procesarían y le vendieran la paraestatal sus productos?¿Cuál sería el problema real si se permite que empresarios privados construyan ductos cuando hoy buena parte de ese transporte se realiza con pipas, privadas, y cuando ya se utiliza el mecanismo para el transporte de gasolinas y gas?. Alguien me comentó que la diferencia sería que si existiera, por ejemplo, un boicot de las empresas transportadoras actuales, se podría contratar otras y si se paralizaran los ductos por los nuevos propietarios, el país se quedaría sin abastecimiento. No es verdad ni una cosa ni la otra: las empresas de transporte actuales son las que tienen prácticamente el control de ese servicio en el país, si decidieran realizar un paro o un boicot simplemente se tendría que utilizar la fuerza del Estado e incautar o requisar esos transportes para que puedan seguir cumpliendo con el servicio, una tarea paradójicamente mucho más compleja que si se tuviera que hacer lo mismo con los futuros propietarios de ductos. Esos son servicios que se establecen con normas muy estrictas y de largo plazo.
Otro tema es el de los yacimientos en aguas profundas. Una vez más el ejemplo de Petrobras, la empresa pública del Brasil, es aleccionador. Hace unas semanas descubrieron yacimientos en aguas profundas en su país, de los mayores de esas características en el mundo, asociados, por supuesto a varias empresas petroleras internacionales. Esta semana se repitió el descubrimiento en el Golfo de México, en un yacimiento ubicado a nueve mil metros de profundidad, no lejos de la frontera con nuestro país, asociados con Shell, Marathón y la italiana ENI. Eso es en aguas territoriales de Estados Unidos, pero lo mismo están haciendo con otros socios en aguas territoriales de Cuba. ¿Cuál sería el problema para establecer contratos con empresas que realicen asociadas con PEMEX esa labor si se les pagará por el crudo que exploren y extraigan?
La respuesta es que algunos quieren conservar el monopolio público porque así le conviene a intereses privados, desde figuras políticas hasta el sindicato petrolero (que es tan monopólico como la empresa). Por eso la propuesta de los gobernadores puede funcionar. Pero tampoco puede ser una propuesta separada de un cambio más profundo y que involucre normas generales. Porque eso es lo que la haría viable y realmente progresista.