Se tardó, quizás demasiado, Marcelo Ebrard en hacer cambios en Seguridad Pública y la Procuraduría capitalinas y tuvo que hacerlo forzado por las circunstancias: por un informe demoledor de la Comisión de Derechos Humanos del DF que, sobre todo contraponiéndolo con la vergonzosa investigación oficial que había presentado apenas el lunes la procuraduría, ponía de manifiesto, aún más, el círculo de corrupción que la tragedia del News Divine exhibió.
Se tardó, quizás demasiado, Marcelo Ebrard en hacer cambios en Seguridad Pública y la Procuraduría capitalinas y tuvo que hacerlo forzado por las circunstancias: por un informe demoledor de la Comisión de Derechos Humanos del DF que, sobre todo contraponiéndolo con la vergonzosa investigación oficial que había presentado apenas el lunes la procuraduría, ponía de manifiesto, aún más, el círculo de corrupción que la tragedia del News Divine exhibió.
Se tardó Ebrard y ese mal manejo de los tiempos le ha generado costos políticos ineludibles. Ante esa situación hay quienes han asegurado que, por lo tanto, y llevando la responsabilidad a su máximo nivel, que el jefe de gobierno debe renunciar. Es un error: no hay elementos que determinen que el jefe de gobierno haya tenido responsabilidad, incluso esa responsabilidad “ética e ineludible” de la que hablaba Emilio Alvarez Icaza para los titulares de seguridad pública, la procuraduría y la delegación Gustavo A. Madero, responsabilidades que, según el propio ombudsman, podrían derivar en cargos penales contra ellos y sus subordinados. No es el caso, por lo menos no se vislumbran elementos para ello, respecto a Marcelo Ebrard.
De todas formas, de lo que no cabe duda es que el gobierno capitalino está en crisis y el propio jefe de gobierno no termina de vislumbrar hacia donde se dirigirá para salir de ella. La propia demora de 18 días para renunciar a sus colaboradores demuestra que no se midió la magnitud del descontento ni de la tragedia que se había producido. Pero la crisis es también oportunidad. Y Ebrard si decide realmente cambiar la forma de entender y ejercer el poder tiene posibilidades de revertir la situación. Eso va mucho más allá de los reemplazos de Joel Ortega y Rodolfo Félix Cárdenas. En el caso de quien, todo indica, que será propuesto como nuevo secretario de seguridad pública local, Manuel Mondragón y Kalb, no cabe duda que ha sido y es un buen servidor público, que hizo una muy buena labor en salud, sobre todo comparado con los tristes resultados de su antecesora, Asa Cristina Laurel. Es un político con experiencia en seguridad y personalidad para ocupar el cargo. Si Ebrard lo propone al presidente Calderón, no debería haber razón alguna para que fuera rechazado. Pero el tema, decíamos va más allá de los nombres e incluso de las dependencias.
Decía Ebrard que la secretaría de seguridad pública requiere cambios profundos de concepción y operación y que él mismo se ocupará de hacerlo. Está bien, pero en todo caso, el problema es tan mayor que se debe recordar que Marcelo fue secretario de gobierno y mano derecha durante los años de Manuel Camacho en el DF, con una fuerte capacidad de operación sobre la policía. Luego, con López Obrador, fue secretario de seguridad pública, cargo que debió abandonar por la muerte de los policías en Tláhuac. Su reemplazante fue uno de sus hombres de mayor confianza, Joel Ortega, que se mantuvo en ese cargo desde fines del 2004 hasta ahora. El desempeño personal de Ortega no fue malo, como tampoco lo fue antes el de Ebrard. Pero en realidad, la policía siguió siendo tan mala como antes. Lo que sucede es que no se trata de nombres sino de la decisión de romper una institución para literalmente refundarla, crear otra nueva.
En su momento, para superar a la policía judicial federal hubo que crear a la AFI y de allí terminó surgiendo la Policía Federal Preventiva que, con todos sus insuficiencias, sigue siendo, con mucho, el mejor cuerpo policial del país. En el DF se debe realizar algo similar y se debe establecer una relación muy estrecha, por obvias razones, con el gobierno federal: se debe refundar la policía y la mejor opción que tiene el DF para ello, es basarse en la ley y la geografía y hacerlo de la mano con los esfuerzos federales: ganan los dos. Es más, Ortega intentó hacerlo, mantuvo una buena relación personal e institucional con el gobierno federal pero no se puede ir más allá cuando por un infantilismo político que quién sabe si puede ser calificado como de izquierda, el gobierno de la capital del país juega simultáneamente al futurismo y paga compromisos del pasado, y por lo tanto no reconoce al gobierno federal, cuyos poderes se asientan en la capital que le toca administrar.
Ahí está en buena medida la raíz del problema. Y pasa por la partidización de la función pública: aunque se tengan buenas intenciones para el futuro de la ciudad, ésta no puede depender de las vicisitudes partidarias del gobierno en turno. Quienes han tenido éxito en la transformación de sus ciudades, comenzando por la seguridad, han trabajado sobre otros parámetros: y allí están los ejemplos de Bogotá, Medellín y Cali en el Colombia, gobernadas en muchas por opositores al gobierno central pero con visiones comunes sobre qué debe hacerse; o la propia ciudad de Nueva York que resucitó durante el gobierno demócrata de Clinton, bajo la administración del republicano Giuliani. O la Madrid de Enrique Tierno Galván. Ejemplos hay demasiados. La única coordenada común entre todos esos ejemplos es que se tuvo éxito transformando y lanzando hacia el futuro una ciudad cuando se gobierna y se piensa en ella, independientemente de aventuras partidarias o ambiciones, legítimas pero plasmadas a destiempo, de posiciones futuras.
Para poder avanzar en todo eso, por ejemplo, para transformar la seguridad, se debe romper con la ilegalidad que priva en la ciudad, con los grupos clientelares que operan en el límite de la ley y son consentidos por las autoridades; con quienes invaden terrenos con impunidad; con quienes ocupan edificios sindicales con lujo de violencia sin que la policía haga nada; con aquellos que bloquean calles y hacen plantones y son tolerados porque son amigos. Despartidizar la administración capitalina implica, entre otras cosas, gobernar para todos. Esa sería la reforma inmediata más importante.