La red de corrupción de las policías capitalinas, sobre todo las relacionadas con la policía judicial, resulta ya inocultable. Desde tiempo atrás se suceden las denuncias sobre la corrupción y el involucramiento de esos cuerpos policiales en el narcotráfico, el narcomenudeo y los secuestros. Las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de Fernando Martí, sólo han vuelto a poner al descubierto una trama que ya había sido denunciada una y otra vez y que las autoridades capitalinas ignoraron sistemáticamente. Hoy parecen persistir en el error.
La red de corrupción de las policías capitalinas, sobre todo las relacionadas con la policía judicial, resulta ya inocultable. Desde tiempo atrás se suceden las denuncias sobre la corrupción y el involucramiento de esos cuerpos policiales en el narcotráfico, el narcomenudeo y los secuestros. Las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de Fernando Martí, sólo han vuelto a poner al descubierto una trama que ya había sido denunciada una y otra vez y que las autoridades capitalinas ignoraron sistemáticamente. Hoy parecen persistir en el error.
El problema no es, como dijo Ebrard, que la procuraduría y la policía capitalinas se coordinen más o menos con las instancias federales (lo que tampoco es verdad si vemos, simplemente cómo la procuraduría capitalina ocultó información sobre el secuestro del joven Martí a las fuerzas federales). El problema fundamental es que con el capricho absurdo de no reconocer al gobierno federal, el capitalino no puede coordinarse adecuadamente ni en ese ni en ningún otro ámbito. El problema parte de la cabeza del gobierno capitalino y es responsabilidad, en forma directa, de Marcelo Ebrard. Si el jefe de gobierno no actúa de forma institucional, si no acepta que su administración es parte del Estado mexicano y como tal se conduce, lo demás sale sobrando. Si para colmo, está más preocupado en el 2012 que en gobernar la ciudad, las cosas se complican aún más. Si en esa lógica de no reconocimiento al gobierno federal y destape adelantado, cada cosa que sucede en la capital del país, lo percibe como una amenaza personal y tiende a proteger a los suyos, se trate del News Divine o del asesinato de Fernando Martí, la situación resulta insostenible. Eso es lo que está sucediendo: debemos insistir, es la política la que maneja y controla la seguridad, y la política en el DF está puesta a disposición de una causa partidaria, no de la ciudadanía. Y estos son los resultados.
Peor aún porque, como decía ayer Pablo Hiriart, el jefe de gobierno está rodeado, en las áreas de seguridad, de corruptos. Y los hechos lo confirman: en el caso News Divine, las muertes devinieron del interés de los jefes policiales de detener y extorsionar a los jóvenes y a sus familias: no había ninguna otra razón para detenerlos a ellos y no a los responsables de supuestamente vender cerveza a menores. En el mismo caso, aún no se termina de investigar qué sucedió con la corrupción de las autoridades que permitieron, fuera de toda norma, que el News Divine siguiera funcionando con normalidad. Es verdad: Joel Ortega, Rodolfo Félix Cárdenas y Francisco Chíguil ya no están en sus cargos pero ¿quién tocó la trama de corrupción que existe debajo de ellos?
En el caso de Fernando, la suma de datos es demoledora: los secuestradores son parte de la propia policía capitalina. Trabajan en ella desde hace años; uno de ellos, José Luis Romero Angel, había sido designado apenas el jueves pasado como jefe del especializado grupo F63, responsable de la seguridad del aeropuerto capitalino y toda la zona metropolitana cercana a él. Ya había trabajado en la zona con anterioridad, lo mismo que el otro policía detenido y muchos de los que están bajo investigación. Las denuncias sobre el modo de operación de esta banda se presentaron desde cuatro años atrás. Y en todos los casos, muchos de los mismos involucrados han terminado resultando quienes participaban en las investigaciones. Nunca hubo resultados de esas investigaciones. Esa banda se nutría de la base de datos del propio gobierno capitalino. Y si tenían tanto peso e influencia en el aeropuerto de la ciudad y su zona conurbada, no sería descabellado pensar que muchas de los crímenes allí cometidos (desde la operación del narcotráfico y el tráfico de personas hasta los secuestros y asesinatos) tuvieran relación con ese grupo. Ahora bien, es muy difícil pensar que toda esa trama, con una protección de años, pudiera realizarse, mantenerse y crecer, sin protección en instancia de poder mucho más altas.
Dos historias confluyen con la muerte de Fernando. En el supuesto atentado del 12 de febrero frente a las instalaciones de la SSP-DF, los detenidos están relacionados con la compra y venta de celulares robados. En el asesinato del jefe de la Policía Federal Preventiva, Edgar Millán, los principales implicados, también estaban relacionados por la compra y venta de celulares robados, incluso por esa vía se llegó hasta ellos. Con un dato adicional: como dijimos aquí en su momento, que Millán fue asesinado por la investigación que estaba llevando a cabo sobre las redes de operación del crimen organizado en el aeropuerto capitalino y su zona aledaña, investigación en la que diferentes policías aparecían como directamente involucradas. Ahora sabemos que algunos de los jefes policiales del DF en la zona del aeropuerto eran parte de la banda de secuestradores y que con ellos operaba otro personaje, también detenido, que se dedicaba a la compra y venta de celulares robados. Millán se abría topado con éstos y otros grupos de policías criminales. Por eso tuvieron acceso a la información sobre su movilidad y pudieron ejecutarlo.
Al momento de escribir estas líneas no hemos podido confirmar que como publicó El Universal, el custodia Christian Salmones Flores, sobrevivió al ataque de los secuestradores y que ello fue ocultado para que coadyuvara en las investigaciones. El hecho es que el joven Fernando fue asesinado inmediatamente después de que eso ocurriera. En otras palabras, como Salmones estaba vivo, mataron a la víctima. Y la filtración sobre ese hecho, sólo podía provenir del más alto nivel policial: y resulta que el detenido Romero Angel, era un cercano colaborador del jefe de la unidad antisecuestros de la policía capitalina, Jesús Jiménez Granados. ¿Necesita más evidencias el gobierno capitalino para comprender la magnitud de la corrupción en sus entrañas?