No hay seguridad sin cultura de la legalidad
Columna JFM

No hay seguridad sin cultura de la legalidad

México Unido contra la Delincuencia, encabezado por María Elena Morera volvió a ratificar que es la organización civil más influyente y con mayor claridad respecto a la lucha contra el secuestro y la inseguridad. La conferencia de prensa de María Elena Morena y Alejandro Martí, no sólo opacó el encuentro que mantuvieron en Gobernación, Juan Camilo Mouriño, Santiago Creel y Ruth Zavaleta, sino que colocó sobre la mesa cinco puntos que resultan prácticamente imposible de eludir para los actores políticos, comenzando por la exigencia de que las autoridades de todos los niveles con responsabilidad en la seguridad se reúnan y trabajen en forma conjunta como las obliga la Constitución. El llamado fue dirigido, en particular al presidente Calderón y el jefe de gobierno Marcelo Ebrard. La presidencia de la república emitió inmediatamente un comunicado aceptando ese encuentro. Marcelo Ebrard contestó con un sí pero quién sabe: dijo que no se reuniría con el presidente Calderón pero que está dispuesto a reunirse con él y los demás mandatarios estatales, los líderes del congreso, en una gran reunión convocada por la Conago. Y dijo que ya tenía listo un programa de diez puntos para ese encuentro, un programa que casualmente, asumiéndolo como suyo es el mismo que había presentado un día antes México Unido, con algunos agregados. ¿Qué necesidad?¿no es mejor decir simplemente que se aceptan las propuestas presentadas por otros en lugar de tratar de apropiarse de un programa?. Y además ¿por qué condicionar los encuentros, por qué seguir dando muestras de mezquindad política cuando la ciudadanía está exigiendo otra cosa?

México Unido contra la Delincuencia, encabezado por María Elena Morera volvió a ratificar que es la organización civil más influyente y con mayor claridad respecto a la lucha contra el secuestro y la inseguridad. La conferencia de prensa de María Elena Morena y Alejandro Martí, no sólo opacó el encuentro que mantuvieron en Gobernación, Juan Camilo Mouriño, Santiago Creel y Ruth Zavaleta, sino que colocó sobre la mesa cinco puntos que resultan prácticamente imposible de eludir para los actores políticos, comenzando por la exigencia de que las autoridades de todos los niveles con responsabilidad en la seguridad se reúnan y trabajen en forma conjunta como las obliga la Constitución. El llamado fue dirigido, en particular al presidente Calderón y el jefe de gobierno Marcelo Ebrard. La presidencia de la república emitió inmediatamente un comunicado aceptando ese encuentro. Marcelo Ebrard contestó con un sí pero quién sabe: dijo que no se reuniría con el presidente Calderón pero que está dispuesto a reunirse con él y los demás mandatarios estatales, los líderes del congreso, en una gran reunión convocada por la Conago. Y dijo que ya tenía listo un programa de diez puntos para ese encuentro, un programa que casualmente, asumiéndolo como suyo es el mismo que había presentado un día antes México Unido, con algunos agregados. ¿Qué necesidad?¿no es mejor decir simplemente que se aceptan las propuestas presentadas por otros en lugar de tratar de apropiarse de un programa?. Y además ¿por qué condicionar los encuentros, por qué seguir dando muestras de mezquindad política cuando la ciudadanía está exigiendo otra cosa?

En realidad, Ebrard ha tratado de abrir su posición ante los datos evidentes que demuestran una caída de diez puntos en su aceptación desde el caso Martí, aceptación que ya se había visto mermada por el caso News Divine. Es, en los hechos, el gobernante perredista con índice de aceptación más bajo desde que ese partido tomó el gobierno en 1997. Por eso ha dado órdenes a sus principales funcionarios en el área de seguridad, como Manuel Mondragón y Kalb o el procurador Miguel Mancera, de que trabajen sin limitaciones en la colaboración con sus contrapartes. En los dos casos, pero sobre todo en el de Mondragón y Kalb (en el mejor sentido de la palabra un hombre de Estado), eso se está cumpliendo. Y Ebrard sabe que tiene que abrirse también políticamente y que terminará trabajando, como jefe de gobierno, con las autoridades federales. Pero sigue dando pasos a medias, sin querer asumir una posición definida y entonces sus avances se diluyen.

Un ejemplo en torno a la inseguridad. Platicaba con Mondragón y Kalb y me decía de la importancia de rescatar las recomendaciones que hace unos años dejó Rudolph Giuliani en el país. Puede ser, pero debemos recordar que, por encima de técnicas policiales muy concretas, el programa Giuliani (que en realidad es una estrategia que ideó Willian Bratton, actual jefe de policía de Los Angeles, y antes de NY) es el de la tolerancia cero. Y la idea, que no nació en Nueva York sino en Baltimore (y cualquiera que vea la serie de televisión The Wire comprenderá porqué), era que todos los delitos tenían que ser castigados y perseguidos, porque había una escalada desde aquellos que comenzaban literalmente “rompiendo ventanas” hasta los que terminaban siendo delitos mayores. Tolerancia cero implica, por ejemplo, que no puede haber bloqueos en las calles, vendedores sin permisos, taxis piratas, transporte público sin orden alguno y en ocasiones sin registro. Nada de eso se pudo realizar en el DF cuando lo propuso Giuliani porque afectaba intereses políticos del propio gobierno del DF. Las áreas de transportes, la secretaría de desarrollo social, los grupos duros del perredismo, son los que controlan todos esos grupos clientelares y dominados por caciques de la peor estofa, con prerrogativas casi siempre ilegales: el mejor ejemplo son los taxis o los minibuses piratas. Estamos preocupados por los grandes secuestros porque son catalizadores de un sentimiento social, pero día con día hay una multitud de secuestros express y de asaltos, robos, violaciones en el transporte público, en muchos casos con la complicidad de los conductores.

En buena parte de las grandes ciudades del mundo, los conductores de taxis o autobuses (minibuses no hay en ninguna gran ciudad) suelen ser importantes coadyuvantes de las autoridades, dando información, avistando sobre movimientos sospechosos. Existe un control estricto de las autoridades y de las propias empresas sobre los conductores, sus unidades y sus rutas. En nuestro caso sucede todo lo contrario: como han proliferado los servicios piratas, sin control público y con tolerancia política, los mismos se convierten en coadyuvantes y en muchos casos en actores directos de la delincuencia. Los mejores servicios de inteligencia e información de los delincuentes, en forma destacada en la ciudad de México pero también en muchas otras ciudades del país, son los taxistas y conductores, sobre todo los que trabajan en forma pirata, sin papeles.

Si Ebrard y su buen jefe de policía Mondragón y Kalb (o cualquier gobernante) quieren aplicar la estrategia Giuliani tendrán que asumir que no se pueden permitir actos ilegales, de nadie, aunque sean sus clientes políticos. Y eso va desde un bloqueo ilegal de calles hasta la circulación de miles de taxis o minibuses piratas por toda la ciudad y sin ningún control. Para construir una estrategia de seguridad se requiere una cultura de la legalidad y ésta no puede florecer cuando la ilegalidad es tolerada y fomentada desde las propias autoridades. Por eso se debe comenzar. Y si luego hay grandes reuniones que sirvan para pronunciar discursos y tomarse fotos, incluso en algunas ocasiones excepcionales para llegar a algún acuerdo, estará muy bien.

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