Apenas la semana pasada se informó que el 70 por ciento de los maestros que dieron el examen de aptitudes para aspirar a una plaza no lo aprobaron. Esta semana se darán los primeros resultados de la prueba Enlace y tampoco se deberían esperar resultados muy halagüeños. El rezago en educación se refleja en muchos ámbitos, desde la competitividad hasta la seguridad. En el mundo existe una convicción generalizada en que se debe acentuar la enseñanza del inglés y varias naciones europeas han incorporado cada vez más el mandarín como una opción para adecuar a los jóvenes al mundo que se configurará con la entrada plena de China a los mercados.
Apenas la semana pasada se informó que el 70 por ciento de los maestros que dieron el examen de aptitudes para aspirar a una plaza no lo aprobaron. Esta semana se darán los primeros resultados de la prueba Enlace y tampoco se deberían esperar resultados muy halagüeños. El rezago en educación se refleja en muchos ámbitos, desde la competitividad hasta la seguridad. En el mundo existe una convicción generalizada en que se debe acentuar la enseñanza del inglés y varias naciones europeas han incorporado cada vez más el mandarín como una opción para adecuar a los jóvenes al mundo que se configurará con la entrada plena de China a los mercados.
Mientras todo eso ocurre en el mundo, el gobierno del Distrito Federal ha dado la orden, terminante, de que todos los funcionarios y buena parte de las escuelas deberán comenzar a estudiar e impartir náhuatl. Nadie puede tener nada contra la enseñanza del náhuatl, pero es de lógica común comprender que en término de utilidad para los jóvenes y para los propios funcionarios del DF se trata de una absoluta pérdida de tiempo, un absurdo: ¿cuántas horas tendrán que estudiar, en sus horas laborables, por ejemplo, los funcionarios para aprender el antiguo idioma indígena y dominarlo?¿en qué mejorará su relación con los gobernados, en qué los hará más eficientes? En el caso de los estudiantes (e incluso de los funcionarios) y aunque alguno sin duda asegurará que se trata de una traición a nuestras raíces, ¿no sería mejor que aprendieran inglés y computación, como decía aquella criticada propuesta de Francisco Labastida que luego se comprobó que era lo mejor de su campaña en el 2000?. Eso sí, Ebrard ha dicho que no podrá concurrir a las clases, obligatorias para todos los funcionarios, pero que las seguirá a distancia, desde su oficina. Demagogia pura, como lo fue la obligación de los funcionarios capitalinos de ir en bicicleta a sus labores una vez a la semana. Nadie lo cumplió pero sirvió para realizar un gasto sustancial en bicicletas y en publicidad.
Es tan demagógica y absurda la decisión como la insistencia del secretario de Desarrollo Social, Martí Batres (como siempre siguiendo la línea del gran timonel López Obrador) de que la inseguridad deviene directamente de la situación económica y la pobreza. En términos muy generales se podrá decir que sí, pero la realidad indica que el crimen organizado, el secuestro, la violencia que estamos viviendo a diario, no tiene que ver con la pobreza sino con la falta de valores, con la destrucción de instituciones de seguridad, la corrupción que las permea y la impunidad en la que se mueven los delincuentes. Reducir la inseguridad a la pobreza es no comprender nada de este fenómeno… y criminalizar la pobreza. De esa manera no podría explicar Batres, por ejemplo, porqué, pese a todos sus pesares, es el estado de Chiapas la entidad con menores índices de delincuencia del país.
Pero asumamos por un momento que Batres y su jefe pudieran tener razón ¿cómo explicar entonces que las medidas que se adopten pasen, como lo anunció uno de sus más cercanos colaboradores, Javier Hidalgo, encargado del instituto de la juventud en la capital del país por la construcción de entre 20 y 40 pistas de skateboarding, para patinetas?¿quién le dijo a Hidalgo que el skateboarding, como se le llama a esta práctica típica de la ciudad de Los Angeles, debe ser parte de una política social?¿quién le dijo, entre otras cosas, que es un “deporte” que el gobierno capitalino “debe rescatar” con nuestros impuestos, como antes ocurrió con las pistas de patinaje sobre hielo?¿qué tiene que ver con las expectativas y necesidades de los jóvenes mexicanos que pasan por la seguridad, la educación y el empleo?.
Los problemas que aquejan a la capital son demasiado importantes como para ser ridiculizados. Cuando la ciudad está agobiada por la inseguridad, la delincuencia, la falta de servicios, de transporte adecuado, cuando la corrupción sigue creciendo, no se puede jugar imponiendo la enseñanza del náhuatl o gastando dinero en pistas de skateboarding y presentándolo como una política social responsable.
Apenas el sábado la comisión de derechos humanos del DF emitió una recomendación a la procuraduría capitalina por la detención arbitraria, la incomunicación y las torturas que sufrió la joven apodada La Monse, detenida luego del extrañísimo y nunca explicado bombazo que se produjo el 15 de febrero pasado en avenida Chapultepec. Como dice la Comisión, nadie puede prejuzgar si la joven es culpable o no de los hechos de los que se le acusa, pero su investigación demuestra que fue detenida e incomunicada arbitrariamente, que fue desnudada, agredida sexualmente y torturada para que involucrara a otras personas en el supuesto atentado, mismo que, por cierto está lejos de haber sido esclarecido.
Ayer mismo, mientras el gobierno capitalino se ocupaba del náhuatl y las patinetas, se divulgó que por unos pocos pesos en prácticamente cualquier tianguis de la ciudad se puede comprar todo tipo de uniformes falsos de la AFI y de la PFP, además de las policías capitalinas, incluyendo insignias y otras identificaciones. El comercio se realiza públicamente, a la luz del día y ninguna autoridad lo impide ni castiga.
Ayer mismo, supimos también que de los trece policías que trabajaban con el comandante José Luis Romero Angel, acusado de ser uno de los secuestradores y asesino del joven Fernando Martí y que se presentaron “espontáneamente” ante la procuraduría capitalina, cinco dieron datos falsos y no son localizables. Y en el colmo de la impunidad, los grupos afines a López Obrador y que apoyaron a Alejandro Encinas, encabezados por Dolores Padierna, tomaron la sede de su propio partido, el PRD, para tratar de evitar la reunión de su propio Consejo Nacional. Y por supuesto, ninguna autoridad capitalina movió un dedo para impedirlo.