Cuando hoy se reúnan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal, los gobernadores y muchos de los que participan en el tema de la seguridad en el país, uno de los capítulos más importantes estará en la corresponsabilidad de esas autoridades para encarar el fenómeno delictivo.
Cuando hoy se reúnan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal, los gobernadores y muchos de los que participan en el tema de la seguridad en el país, uno de los capítulos más importantes estará en la corresponsabilidad de esas autoridades para encarar el fenómeno delictivo.
El punto central deberá pasar por una verdadera reingeniería del sistema de seguridad en el país: el renovado Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá que ser, en buena medida el eje articulador del proceso. Habrá que designar, de acuerdo con la propias modificaciones legales aprobadas semanas atrás, autoridades en ese sistema, pero habrá que realizar cambios en el mismo para, volviendo a la idea que estaba en el origen del mismo cuando fue creado en 1995, de que los acuerdos allí adoptados tengan un carácter de obligatoriedad para todos sus miembros y no sean como ahora convenios no obligatorios que llevan, por ejemplo, a que haya un subejercicio acumulado de seis mil millones de pesos en el sistema, porque muchos gobiernos estatales y municipales prefieren no contar con los recursos para no asumir compromisos o ser supervisados en la ejecución de los mismos, mientras que otros son utilizados con fines diferentes a los acordados originalmente y no existe medio alguno para impedirlo. Entonces, si las decisiones adoptadas en los Consejos se convierten en normas obligatorias para sus miembros, se podrá avanzar con mucha mayor certidumbre.
Ello obligará a redefinir las atribuciones de la Federación, los estados y los municipios en el tema de la seguridad. En los documentos de debate en torno a la reunión del Consejo se plantea que en el ámbito policial habrá cuatro ejes que tendrán que pasar por el renovado sistema: un verdadero servicio profesional de carrera, homologado para todas las dependencias policiales del país, sean federales o locales; un esquema de profesionalización equivalente para todos ellos; un régimen disciplinario y una certificación también obligatoria: en otras palabras que ningún policía o integrante de un cuerpo de seguridad podrá ingresar al mismo, si no ha sido previamente certificado (si no pasa por las pruebas de control de confianza de acuerdo a su grado y responsabilidad) y registrado en el propio sistema. Para ello, las dos medidas: la certificación y el registro, debe ser obligatorios. Al día de hoy no es así: el sistema de seguridad pública creado no tiene registrados a todos los policías del país y recordemos que, según las cifras oficiales más recientes estamos hablando de 420 mil policías estatales y municipales, además de los 30 mil policías federales que ya existen. Y eso requerirá, entonces, la creación de centros de control de confianza en cada entidad federativa coordinados con el que existe a nivel federal.
Esas medidas obligarán a otra discusión que afectará intereses muy arraigados en distintos centros de poder. Se ha extendido, a partir de los hechos más recientes, sobre todo el secuestro y asesinato de Fernando Martí, la idea de federalizar el delito del secuestro, o sea convertirlo en un delito del fuero federal y no local. Esa posibilidad ya existe, si el delito es contemplado como parte de un acto de delincuencia organizada, pero en los hechos termina dependiendo del fuero local. La federalización del delito de secuestro por sí sola no será una solución e incrementará el problema. Sin duda, se debe establecer con toda claridad quién es responsable de qué en el ámbito de la seguridad y particularmente ante los secuestros. Pero federalizar ese delito serviría si también se tuviera una policía con mando único en todo el país y con equivalente capacidad de despliegue. Y hoy, como decíamos, la enorme mayoría de las policías son estatales y municipales. Pero además se puede correr el mismo peligro que en la lucha contra el narcotráfico: asumido como un delito federal, la enorme mayoría de los estados y municipios han renunciado a su corresponsabilidad en ese combate y se han dedicado a endosársela a las autoridades federales, a pesar de que legalmente tendrían hoy todos los elementos para asumir parte de esa responsabilidad.
En el tema de secuestro, como en muchos otros delitos, habría que establecer mecanismos que permitieran la centralización de fuerzas policiales sin vulnerar aspectos básicos del régimen federal, que, independientemente de su pertinencia, serían prácticamente imposibles de transitar políticamente. Y el punto central, si van a existir compromisos obligatorios asumidos por los estados y si éstos tendrán el control de los centros de evaluación y certificación de todos los policías del estado, debería ser que los propios estados tuvieran todo el control de las fuerzas policiales y de seguridad locales, incluyendo las municipales. Es diferente coordinar y trabajar en forma conjunta con 32 mandos policiales locales a través de una institución federal, que hacerlo, como hoy con más de mil 600 corporaciones, con distintos mandos, responsabilidades y códigos operativos (si es que los tienen). Es verdad que ello disminuiría, en el terreno de la seguridad, las atribuciones de los municipios, pero resulta obvio que éstos hoy se encuentran rebasados o simplemente han renunciado a cumplir ese papel. El caso de la masacre en Creel, Chihuahua, lo demuestra: los 34 policías destinados a esa población decidieron no actuar ante la presencia de los sicarios o colaboraron con ellos.
El camino, en el terreno del secuestro como en muchos otros relacionados con la seguridad, no es concentrar todas las responsabilidades en el ámbito federal (si al mismo tiempo no se entregan también las atribuciones) sino lograr que los estados puedan fortalecerse y asumir, junto con el gobierno federal, sus propias obligaciones y responsabilidades.