No creo en las grandes reuniones de funcionarios, políticos, autoridades, como la solución a problemas tan específicos como la seguridad pública. En el ámbito de la seguridad, como en el de la economía, para garantizar la estabilidad se deben acometer acciones que no siempre son las más populares y por lo tanto, al analizarlas en un debate abierto están prácticamente destinadas a fracasar: algunos políticos pueden pensar en el futuro del país y sus exigencias, pero la mayoría termina pensando en qué costo tiene determinada medida para su imagen y su futuro personal.
No creo en las grandes reuniones de funcionarios, políticos, autoridades, como la solución a problemas tan específicos como la seguridad pública. En el ámbito de la seguridad, como en el de la economía, para garantizar la estabilidad se deben acometer acciones que no siempre son las más populares y por lo tanto, al analizarlas en un debate abierto están prácticamente destinadas a fracasar: algunos políticos pueden pensar en el futuro del país y sus exigencias, pero la mayoría termina pensando en qué costo tiene determinada medida para su imagen y su futuro personal.
Por eso, quizás, la reunión del jueves pasado del Consejo Nacional de Seguridad Pública pudo transitar de un concurso de oratoria a un ejercicio útil para la configuración futura del esquema de seguridad. Los acuerdos se habían establecido antes: probablemente con demasiada rapidez en algunos puntos, y se basaron en la recuperación de propuestas que fueron planteadas por la sociedad civil, en particular México Unido contra la Delincuencia e incluso por los propios gobiernos y legisladores que habían sido desestimadas, congeladas y hasta vetadas en los últimos años. Pero lo importante es que se hizo un trabajo intenso, real, antes de la reunión y con ello se impidieron, los protagonismos y los discursos vacíos. Además, las intervenciones de María Elena Morera y sobre todo de Alejandro Martí, pusieron el suficiente acento en la realidad, como para que ninguno de los funcionarios que allí estaban pudiera irse a su casa sin un cierto mal sabor de boca.
Hay muchos acuerdos, más de los que se pensaban e incluso más de los que en un primer encuentro se necesitaban. Sin embargo, es comprensible que también se lanzaran ahora medidas que tendrán un tiempo relativamente largo para concretarse, porque en septiembre los legisladores recibirán la propuesta de presupuesto para el 2009, y deberán incluir estos acuerdos en él.
El tema del dinero, de los recursos económicos y humanos es fundamental. No importa que tengamos muchos más policías que varias de las naciones que tienen índices envidiables de seguridad o que los recursos hayan crecido más de 500 por ciento en una década. Lo importante es que el sistema de seguridad tiene fallas e insuficiencias estructurales que lo hacen poco operable en las condiciones actuales, por lo menos para tener cobertura total del país, de los estados, los municipios. Existe a partir de la reunión la posibilidad, seria, de unir la utilización de los recursos con los resultados obtenidos. O sea lograr que tanto el dinero, como la operación sean medibles y verificables.
Si es así un gran trecho se habrá recorrido, pero incluso faltará más. Gran parte del problema está en el diseño institucional, en los mecanismos de gobernabilidad. Cuando al inicio del sexenio de Vicente Fox se decidió quitarle buena parte de sus labores sustantivas a la secretaría de Gobernación, incluyendo todas las relacionadas con la seguridad (en términos legales, en la reunión del Consejo del jueves, el secretario de gobernación era un invitado más, porque no es miembro del Consejo desde aquella desafortunada decisión), cuando se decidió convertirla en una suerte de secretaría política, en lugar de avanzar hacia lo que tienen todas las democracias sólidas del mundo, un ministerio del Interior que una las labores de seguridad con las de la gobernabilidad del país, desde entonces todo el sistema comenzó a fallar.
Nadie duda que el Estado mexicano requiere en forma urgente una centralización y verdadera coordinación de sus estructuras de seguridad para hacerlas mucho más eficientes, pero es necesario, también, volver a pensar y tomar medidas sobre las atribuciones de los poderes, la estructuración del gobierno, fuera de equívocos y fórmulas que se extraen como ocurrencias parciales de otros sistemas políticos. Hay quienes insisten en la ciudadanización de todo, menos de las elecciones y la verdadera disputa del poder, que queda en manos, exclusivamente de los dirigentes partidarios que tutelan los derechos ciudadanos en ese ámbito.
El problema real, de fondo, no está en la inseguridad en sí, o que existan una secretaría de seguridad pública, una procuraduría, en que intervengan en el proceso los mandos militares, y no siempre se pongan de acuerdo: ello es hasta lógico. El problema es que no existen verdaderas instancias de mando y coordinación política entre esas instancias. Y lo mismo se repite en la relación del ejecutivo federal con en los estados, y de éstos internamente y con los municipios.
Qué bueno que se decida depurar a las policías; que existan protocolos de control de confianza unificados; una estrategia antisecuestros y anti narcomenudeo integral; registrar la telefonía celular; construir centros penitenciarios de máxima seguridad; que se avance en el otorgamiento de un documento nacional de identidad o que se establezca una coordinación operativa mucho más rigurosa. Todo eso es positivo, importante y debe salir adelante. Pero en algún momento se topará con la gobernabilidad, con el diseño y las capacidades de las instituciones.
No creo que antes de 2009 se pueda sacar adelante algo relacionado con la gobernabilidad (y qué mejor señal al respecto que la ausencia, un error desde todo punto de vista, de Manlio Fabio Beltrones, quien tanto insistió en la reforma del Estado, y Emilio Gamboa en el encuentro del jueves). Pero los partidos y legisladores tendrán que asumir que allí está, por encima de técnicas y estructuras de seguridad muy específicas, el corazón del problema: el poder se ha perdido, se ha diluido y en las construcciones post reformas, se ha ido transformando en otra cosa, con muchos hilos sueltos, dispersos, que permiten que la delincuencia organizada o incluso muchos grupos de poder político o económico sean más fuertes y con mayor capacidad de operación que el Estado.