Silvia Vargas Escalera se une a la larga lista de jóvenes, de hombres y mujeres, que son víctimas del secuestro. Hija del profesor Nelson Vargas y de Silvia Escalera, su caso es más triste aún, porque desde hace once meses sus secuestradores no han dado pruebas de vida de la joven de escasos 18 años, y desde semanas después de su retención, también en la mañana, a plena luz del día en el sur de la ciudad, cuando iba a su escuela, no se han vuelto a comunicar con su familia. Ahora su madre ha realizado un esfuerzo desesperado para retomar el contacto con los secuestradores. No queda más que desearle de todo corazón que pueda volver, como ella pide, a abrazar a su hija.
Silvia Vargas Escalera se une a la larga lista de jóvenes, del hombres y mujeres, que son víctimas del secuestro. Hija del profesor Nelson Vargas y de Silvia Escalera, su caso es más triste aún, porque desde hace once meses sus secuestradores no han dado pruebas de vida de la joven de escasos 18 años, y desde semanas después de su retención, también en la mañana, a plena luz del día en el sur de la ciudad, cuando iba a su escuela, no se han vuelto a comunicar con su familia. Ahora su madre ha realizado un esfuerzo desesperado para retomar el contacto con los secuestradores. No queda más que desearle de todo corazón que pueda volver, como ella pide, a abrazar a su hija.
Habrá que ver cuál es la prueba que le depara el destino a Silvia, pero el hecho, lo cierto, es que la industria del secuestro es como una infección que está contaminando al cuerpo social y cada día aparecen más casos, más información, más familias que reconocen que desde hace semanas o meses no saben dónde están sus seres queridos o si los han recuperado tampoco han querido hacer la denuncia. Sólo en estos días, he recibido información, de la gente, de unos 40 secuestros en Tampico, de una decena en Monterrey, de innumerables en Tabasco, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en Baja California, por supuesto tanto en el Distrito Federal como en el área conurbada de la ciudad de México, donde se cometen aproximadamente el 60 por ciento de los casos que son denunciados. Impresiona la magnitud de la información, incluso asumiendo que se trata de una pálida muestra de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Sin contar la llamada cifra negra, los secuestros que no son denunciados o aquellos llamados express, las autoridades federales reciben, aproximadamente, dos denuncias diarias de secuestros en algún lugar del país. La cifra es brutal.
Tan brutal como el número de preliberaciones. Hay autoridades que tienen razón: han detenido a numerosos secuestradores y desarticulado bandas, pero resulta que sólo en el último año se han órdenado 200 preliberaciones de secuestradores que son dejados en libertad luego de cumplir condenas fijadas en 19 o 20 años, sólo en tres o cuatro. Y vuelven a la calle, en su mayoría a delinquir y a secuestrar. Cuando se habla de la pena perpetua, que como han dicho muchos especialistas no es la solución al problema del secuestro, de lo que se está hablando es precisamente de establecer una condena tan firme que ninguna autoridad pueda otorgar una liberación anticipada por ese delito. Hoy las penas son muy altas, pero con el sistema de preliberaciones, los secuestradores, salvo excepciones, vuelven a la calle luego de tres a cinco años de reclusión real.
A la gran mayoría de ellos se les pierde la pista. Muchos otros se suman a ese número: el tiempo para pasar del robo de autopartes o de actividades pandilleriles a dedicarse al secuestro es, en promedio y según cifras oficiales, de aproximadamente un año. En doce meses un joven pasa de robar estéreos o romper ventanas a secuestrar gente. Muchos puntos de la llamada “tolerancia cero” pueden ser discutibles e incluso poco aplicables a nuestra realidad, pero no nos deberíamos apartar de un principio: si no comienzan a ser registrados y castigados todos los delitos sin excepción, desde el más pequeño, se genera un ambiente de impunidad que lleva a los delincuentes a avanzar cada vez más rápido hacia formas superiores de criminalidad.
Eso genera, a su vez, un fenómeno más perverso: atrás quedaron los tiempos de las bandas profesionales del secuestro. Cada vez son más quienes incursionan en ese delito tan grave y doloroso, simplemente para hacer dinero rápido. Cada vez más, también, terminan siendo personas del entorno de la víctima las que participan de alguna manera en esos hechos. La conjunción de los dos fenómenos es lo que está elevando la violencia en los secuestros y el número de víctimas que no regresan con sus familias: nos encontramos con secuestradores amateurs, educados en la violencia callejera, que lastiman a sus víctimas simplemente para obtener una información que no suelen tener previamente, o que si la tienen es por alguien del entorno y entonces por esa conexión piensan que pueden ser descubiertos. Y son entonces cada vez más quienes pagan con agresiones, mutilaciones o con su vida ese círculo de impunidad. Si a eso le sumamos que en muchas ocasiones (las autoridades insisten en que no son tantas como en la percepción ciudadana) policías o miembros de cuerpos de seguridad participan en los mismos grupos de delincuentes, la situación se agrava.
Hay mecanismos policiales y de seguridad que pueden reducir drásticamente el número de secuestros y deberían comenzar a aplicarse. Algunos son parte de los acuerdos signados el jueves y otros no. La obligación de investigar estos casos aunque no exista denuncia previa, parece ser imprescindible; la claridad sobre a quién y cómo recurrir también; la concentración de los casos en grupos muy especializados (y otra vez se deben recordar las experiencias exitosas como las de Sinaloa en el gobierno de Juan S. Millán o las del grupo antisecuestros de la AFI en el final del sexenio pasado) que eviten las filtraciones de información hacia los delincuentes. Incluso la prohibición de negociar rescates o la congelación de cuentas y bienes de las familias de las víctimas, han sido medidas tomadas en muchos países que han funcionado adecuadamente. Pero todo eso servirá de poco si los delitos, desde el más pequeño hasta el más grande, no son castigados adecuadamente, en tiempo y forma, y peor aún, cuando en los casos que son castigados, los delincuentes, los secuestradores, reciben el beneficio de una preliberación, que los deja en las calles luego de cumplir penas ridículas.
Pero de todo eso Silvia Vargas no tiene la culpa. Ojalá pronto pueda regresar con los suyos.