Pasada la marcha del sábado pasado que, como la de hace cuatro años, sólo el lopezobradorismo ha visto como un movimiento de derecha y clases acomodadas, viene ahora la tarea más compleja: lograr que lo que se demandó se concrete, se lleve a cabo, tenga plazos y responsables. El comité organizador de la marcha, conformado por 16 organizaciones diferentes, concluyó su labor entregando al presidente de la república y al jefe de gobierno del DF, una lista de demandas amplia, que va más allá de los 10 puntos que se habían mencionado. Quizás la mejor demostración de que la clave de cara al futuro pasa por el seguimiento de esas recomendaciones está en que prácticamente todos esos puntos se han presentado ya en el pasado, incluso en iniciativas de ley y muy pocos se han concretado.
Pasada la marcha del sábado pasado que, como la de hace cuatro años, sólo el lopezobradorismo ha visto como un movimiento de derecha y clases acomodadas, viene ahora la tarea más compleja: lograr que lo que se demandó se concrete, se lleve a cabo, tenga plazos y responsables. El comité organizador de la marcha, conformado por 16 organizaciones diferentes, concluyó su labor entregando al presidente de la república y al jefe de gobierno del DF, una lista de demandas amplia, que va más allá de los 10 puntos que se habían mencionado. Quizás la mejor demostración de que la clave de cara al futuro pasa por el seguimiento de esas recomendaciones está en que prácticamente todos esos puntos se han presentado ya en el pasado, incluso en iniciativas de ley y muy pocos se han concretado.
La diferencia, está en el seguimiento, sea a través del Observatorio Ciudadano, como ya se acordó, o de lo que ahora llaman Instituto: en última instancia se está hablando de lo mismo, de un espacio donde la ciudadanía pueda observar y verificar que se cumpla con los objetivos y que se rinda cuenta de los avances que se logren. Y que tenga, por lo menos, capacidad moral para denunciar a quienes no cumplan. Echar a andar con rapidez ese observatorio ciudadano no será sencillo, porque los grupos sociales que participan en este movimiento están relativamente dispersos y en todo caso se tendrán que establecer lineamientos concretos, que impidan que, por la puerta trasera se cuelen en el mismo los partidos políticos o representantes de distintas autoridades. No será fácil pero debe hacerse con la mayor rapidez posible, tanto como para que en un máximo de 60 días ese observatorio o instituto esté en condiciones de comenzar a supervisar la labor pública. Iniciada la campaña del 2009, será mucho más complejo avanzar en ese tema.
Otro punto imprescindible para poder articular todo esto, es lo que suceda con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus nuevas, mucho más amplias, atribuciones. La verdadera coordinación de todas las policías federales, estatales y municipales, y muchas de las tareas de supervisión en la depuración policial, dependerán del Sistema. Hoy lo encabeza como secretario técnico Roberto Campa. Pero desde la semana pasada, el presidente Calderón designó a José Luis Santiago Vasconcelos como secretario técnico para el seguimiento de la reforma judicial y de seguridad, que involucra al propio Sistema de Seguridad Pública. Las dos responsabilidades parecen superponerse cuando lo que se requiere, en realidad, es que todo el esquema se centralice más y se simplifiquen las cadenas de mando. Se ha dicho en los últimos días que Santiago Vasconcelos, que se ha formado toda la vida en los terrenos de la seguridad, será quien se quede en el Sistema y que Roberto Campa, que fue candidato presidencial por Nueva Alianza, iría a la presidencia de ese partido. No suena descabellado y muy probablemente es lo mejor para todos los involucrados.
Dentro del quehacer del Sistema hay un capítulo muy importante referido al presupuesto. Hoy, en el posicionamiento del PRI con motivo del segundo informe de gobierno, se ha reiterado la demanda de hacer efectivo el presupuesto destinado a la seguridad de los estados y municipios, que tiene un subejercicio acumulado de seis mil millones de pesos. Y por supuesto que así debería ser: el problema es que muchos estados y municipios no reciben ese presupuesto adicional porque se niegan a cumplir con algunos requisitos mínimos: tener un control centralizado de todos sus policías, así como de su armamento y patrullas, realizar un examen de control de confianza a sus elementos, cumplir con normas básicas de coordinación y “etiquetar” como se dice en el argot oficial, los recursos para lo que realmente están destinados: armamento, equipos, entrenamiento, salarios. Porque resulta que en muchas ocasiones esos recursos se terminaban utilizando en todo menos en la seguridad de la ciudadanía. Todo ello debe controlarse desde el sistema y debería ser uno de los principales objetivos de un observatorio ciudadano.
Pero entre las peticiones que se presentaron el domingo al gobierno federal y al GDF, hay uno que es fundamental, en el que aquí hemos insistido y que es ignorado constantemente por las autoridades: sí es urgente tener un registro y control de todos los automóviles del país, pero es mucho más urgente aún depurar al transporte público. En todas las grandes ciudades del país, pero mucho más en el Distrito Federal y los municipios conurbados a éste no hay control real alguno del transporte público terrestre: taxis, minibuses, autobuses, circulan sin permisos, sin control, sin propietarios identificables. Allí se cometen buena parte de los robos, los asaltos, las violaciones, los secuestros express. Y no se atiende esa situación porque quienes controlan ese transporte pirata, ilegal, son clientelas políticas de los gobernantes en turno. Esa depuración es tan importante como la de las policías, porque allí se concentra buena parte de la capacidad de operación criminal. Habrá que ver, si se afectan intereses políticos, qué tan decidida están las autoridades a encarar ese desafío, porque una cosa es perseguir a los propietarios de automóviles 2008 que no hayan instalado su GPS, y otra muy diferente, hacer entrar en la legalidad a los grupos de choque de los taxis Pantera que maneja René Bejarano.
El reemplazo de Gilberto
Una de las decisiones que tendrá que evaluar muy bien el gobierno federal será la designación del reemplazo de Gilberto Rincón Gallardo al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Como en muchos otros ámbitos, el trabajo de Gilberto en el Cenapred fue notable. Se requerirá de alguien tan idóneo, tan firme, tan abierto y tan tolerante como él, para continuar con esa labor. No será fácil encontrarlo, pero allí no puede haber un retroceso.