Se pregunta mi buen amigo Ciro Gómez Leyva, en su columna en Milenio, si las cosas se verán igual desde la residencia oficial de Los Pinos que desde la esquina de Parque Lira y Constituyentes. Me imagino y espero que no. Que dentro de esa residencia en la cual, los últimos presidentes (sin excepción de Felipe Calderón) han confesado que se vive “un poco solo”, se deben ver las cosas que pasan y se dicen en la calle pero se las debe poner en otra óptica, en distinta dimensión, analizando esos dichos desde otra perspectiva.
Se pregunta mi buen amigo Ciro Gómez Leyva, en su columna en Milenio, si las cosas se verán igual desde la residencia oficial de Los Pinos que desde la esquina de Parque Lira y Constituyentes. Me imagino y espero que no. Que dentro de esa residencia en la cual, los últimos presidentes (sin excepción de Felipe Calderón) han confesado que se vive “un poco solo”, se deben ver las cosas que pasan y se dicen en la calle pero se las debe poner en otra óptica, en distinta dimensión, analizando esos dichos desde otra perspectiva.
En la entrevista que mantuve el martes con el presidente Calderón hablamos casi exclusivamente de temas relacionados con la inseguridad, pero vista ésta no sólo como un fenómeno policial sino político, derivado del propio diseño institucional para gobernar y para garantizar ese derecho.
Hay varios puntos que, desde la óptica gubernamental, deben ser tomados en cuanta a partir de esa plática. En primer lugar la relación que puede guardar el tema de la inseguridad con las próximas elecciones. Para el presidente Calderón, quien partidice el tema de la inseguridad como parte de la campaña electoral, terminará perdiendo, porque la misma afecta a los tres niveles de gobierno y golpea a todos por igual. Pero acentuó un punto que en ocasiones no se aborda: la necesidad de establecer un compromiso entre los propios partidos “para evitar la menor sospecha de involucramiento del crimen organizado en las campañas electorales y en la postulación de candidatos”. Fue más allá: pidió a las fuerzas políticas “alejar al crimen organizado de la tentación de incidir y participar, influir, amagar, precisamente en decisiones que sólo corresponden a los ciudadanos”. Personalmente dudo de que haya tal compromiso entre los partidos, pero el problema es tan real que en las últimas elecciones, por ejemplo, en Michoacán y Tamaulipas, la participación de grupos del narcotráfico ha sido evidente, apoyando o frenando candidatos a presidentes municipales en sus respectivas zonas de influencia. Y ahora, a esos presidentes municipales no sólo les están pidiendo el control de las policías locales, sino también una parte considerable de la obra pública municipal para poder lavar sus recursos.
El desafío principal, en última instancia es que el esquema de seguridad, el diseño institucional tiene fallas. El presidente Calderón es partidario de crear una policía federal centralizada, de la que dependan las demás dependencias policiales locales, pero sabe que no existen hoy condiciones políticas para lograrlo. En el desmontaje del presidencialismo de antaño, asegura, terminamos desmontando las instituciones del estado, y pasamos de un esquema absolutamente vertical a uno tan horizontal que el presidente no puede, legalmente, ni siquiera correr a un policía que se sepa que tiene relaciones con el narcotráfico o es corrupto. En una plática previa definió esa situación como una suerte de “osteoporosis” de las instituciones. Para revertirlo es partidario de que, en seguridad, exista la mayor centralización posible, coordinada por la secretaría de seguridad pública y por el nuevo sistema nacional. Le pregunté, en ese sentido, si Roberto Campa había realmente renunciado o si se le había solicitado su renuncia. El presidente fue enfático en que Campa dejó esa responsabilidad por decisión propia, porque tiene proyectos personales “muy, pero muy respetables”, aunque agregó que “también hay un proceso de revisión de la propia estrategia de seguridad, un esfuerzo de renovación del impulso federal en esta materia”. En otras palabras, según la información que hemos recabado en otros ámbitos, Campa es más que probable que termine en funciones centrales del partido Nueva Alianza, del que fue candidato presidencial. Sin duda lo podrá hacer mucho mejor, por su experiencia política, que muchos de sus actuales dirigentes. Y en el ámbito de la seguridad, también se podría fortalecer el mensaje si al Sistema Nacional llega alguien con formación y peso en el sector. Según muchas versiones quien debería quedar en esa posición es José Luis Santiago Vasconcelos. Pero de eso no se habló en la casa presidencial.
Nos interesaba saber cómo veía el presidente los intentos desestabilizadores que usan a la delincuencia organizada. No lo descartó, dijo que es una hipótesis a la que se debe estar atentos. Es, dijo, una amenaza para el Estado y debe ser entendida como tal. Poco antes había dicho que la delincuencia organizada era el mayor desafío a la seguridad nacional del país. Pero cuando le pregunté si estaba en juego la gobernabilidad, fue terminante al decir que no, que no había amenaza alguna a la misma, aunque el diseño institucional que se fue gestando a lo largo de los años a veces la debilitaba.
En éste y en prácticamente todos los sentidos, el presidente Calderón, reclamó la corresponsabilidad de los estados y los municipios en la lucha contra la delincuencia destacando la enorme diferencia de recursos humanos y materiales con que cuentan los estados respecto a los federales. Estaba muy satisfecho por el operativo en Villa Nicolás Romero que logró desarticular una célula de narcotráfico y secuestros del grupo llamado La Familia, que había entrado desde Michoacán al Estado de México y de allí se había asentado ya en el DF (donde recibió la semana pasada otro duro golpe) y recordaba que había sido la PFP, sin apoyo local, la que había desarticulado esa organización.
Le pregunté qué se podría evaluar y que no en menos de 90 días. Dijo que deberían estar avanzadas cosas como la depuración policial y los mecanismos de observación y participación ciudadana. Una ciudadanía que avance en la denuncia y reconstruya su propia base social y que “no genere, como ha sucedido en algunos casos, un abrigo a la delincuencia, sino un rechazo abierto a la misma”. En la tarde lluviosa, en Parque Lira y Constituyentes, el tránsito estaba atascado.