La crisis financiera que estamos viviendo es global pero las soluciones o las formas de atacarla, fuera de los acuerdos que pudieran establecer las grandes economías del mundo, es local. No es verdad que el mercado, por sí solo, va a poder solucionar los aspectos más controvertidos, difíciles de una crisis. No lo es ni nunca lo ha sido: no ocurrió así en 1929 ni en las crisis previas; no sucedió así al final de la segunda guerra cuando se consumaron los acuerdos de Bretón Woods; o cuando en los años 70 Estados Unidos abandonó el patrón oro coincidiendo con la primera gran crisis del petróleo; no pudo el mercado en los 80 por sí sólo solucionar las crisis de la deuda en las naciones en desarrollo, incluyendo México; ni pudo el mercado encauzar las crisis de 1982 y 1995 en México, con todas sus repercusiones nacionales y globales.
La crisis financiera que estamos viviendo es global pero las soluciones o las formas de atacarla, fuera de los acuerdos que pudieran establecer las grandes economías del mundo, es local. No es verdad que el mercado, por sí solo, va a poder solucionar los aspectos más controvertidos, difíciles de una crisis. No lo es ni nunca lo ha sido: no ocurrió así en 1929 ni en las crisis previas; no sucedió así al final de la segunda guerra cuando se consumaron los acuerdos de Bretón Woods; o cuando en los años 70 Estados Unidos abandonó el patrón oro coincidiendo con la primera gran crisis del petróleo; no pudo el mercado en los 80 por sí sólo solucionar las crisis de la deuda en las naciones en desarrollo, incluyendo México; ni pudo el mercado encauzar las crisis de 1982 y 1995 en México, con todas sus repercusiones nacionales y globales.
Estoy muy lejos de considerar que el Estado debe dedicarse a regular hasta en sus más mínimos detalles la economía: siguiendo esa lógica hace algunos años el Estado mexicano fabricaba desde bicicletas hasta camiones, pasando por la producción de tortillas y la administración de hoteles. Es más, ni siquiera el término, tan en boga en el pasado, de “la rectoría del Estado” me parece atinado para la realidad económica actual. Pero existen situaciones en las cuales todos los países necesitan recurrir a la intervención del Estado para poder regular los desajustes y las insuficiencias que tiene el mercado, además de las que las propias realidades políticas, económicas y sociales generan en el ámbito local.
Todos los financistas serios opinan, en México y fuera de nuestro país, que tendremos un relativamente largo periodo de intervención estatal en la economía a partir de la crisis financiera: coinciden en ello desde George Bush hasta Barack Obama, de Nicolás Sarkosi hasta Angela Merkel, de José Luis Rodríguez Zapatero hasta Silvio Berlusconi. ¿Por qué es necesaria esa intervención? Porque el mercado, como la democracia o la seguridad social, son mecanismos, instituciones que funcionan en un mundo globalizado, con desafíos comunes, pero en un mundo que no es ni equilibrado, ni igualitario, y está marcado en muchas ocasiones por debilidades tan humanas como la ambición, la codicia, la ignorancia, la impericia. Y cuando hay crisis debe intervenir el Estado: claro, puede hacerlo con la torpeza inaudita con que los hizo el gobierno de José López Portillo “nacionalizando” la banca en 1982, o con mecanismos que resultaron a la postre tan redituables como el respaldo del gobierno de Clinton a México en 1995, para evitar que la desconfianza siguiera profundizando la crisis de nuestro país.
El programa contra cíclico, contra flujo, o como se lo quiera llamar, que presentó el presidente Calderón la semana pasada, es en ese sentido, un acierto. El Estado mexicano debe usar sus posibilidades y recursos para corregir las deficiencias que pudieran haberse generado en el propio mercado y permitir con ello que la economía (y el mercado) supere parte de los mayores problemas que se van a presentar en el futuro. Las críticas que se han referido al mismo son, en la mayoría de los casos, insustanciales: por supuesto que sería mucho más positivo que la iniciativa privada invirtiera 12 mil millones de pesos en la construcción no de una sino de varias refinerías en el país en lugar de tener que utilizar para ello recursos públicos: el pequeño detalle es que la ley, absurdamente, no lo permite y la mayoría de los legisladores del PRI y del PRD ya han adelantado que no aceptarán esa reforma en el terreno energético. La alternativa es tener o no una nueva refinería. Sería preferible que las gasolinas se vendieran a precio de mercado y que los recursos destinados a ese subsidio se utilizaran, por ejemplo, en gasto social, pero resulta que si el ciclo de producción de gasolinas no se completa, y se sigue dependiendo de las importaciones y se deja el precio librado exclusivamente al mercado, las consecuencias sociales de ello serían altísimas. ¿No es preferible que el Estado transparente los Pidiriegas y así se pueda liberar la inversión de PEMEX? Seguramente, con el Fobaproa se cometieron irregularidades e injusticias, pero ¿era preferible ese mecanismo imperfecto y que nadie perdiera sus depósitos bancarios o una crisis como la que años después vivió Argentina en la cual no sólo se derrumbó la economía sino que hasta ahora ni siquiera se ha completado plenamente el regreso del dinero de los inversionistas?
Por supuesto que sería preferible que en Estado no invirtiera en la construcción de carreteras, y que a eso se dedicara la iniciativa privada, el problema es que ante la situación global hay muchas obras de este tipo, incluso ya iniciadas, que no tendrán financiamiento para concluirse. Es verdad que en lugar de utilizar dólares en subasta para estabilizar la cotización del peso, se podría dejar al mercado que operara libremente, pero resulta que existe un ambiente especulativo y que en ese terreno el país tiene suficiente fortaleza para evitar una devaluación desmedida que, sabemos por experiencia, termina repercutiendo en toda la economía y no tiene vuelta atrás. La subasta, en última instancia, establecen condiciones para que, sin salir de las políticas de mercado, estabilizar y llevar a niveles racionales esa relación monetaria.
El programa presentado en días pasados es positivo e incluye una serie de providencias que ya se había presentado en el pasado y que por diversas razones no se han aprobado e implementado. Es responsabilidad del Congreso asumir que existe una crisis internacional que no contempla ni admite los plazos legislativos nacionales, casi siempre lentos e improductivos (¿qué mejor ejemplo que el año perdido en el tema petrolero?) y debe ser aprobado, como lo han hecho otras naciones, entre ellos EU, con urgencia y sin mezquindades preelectorales.