Nuestra política es el reino de las formas vacías de contenido, de la búsqueda de soluciones partidarias que no tienen nada que ver con las necesidades de la sociedad. Y eso se aplica lo mismo a lo electoral que a la seguridad, a lo político o a lo económico. Ayer, confirmamos que el dictamen sobre la nueva ley de seguridad pública, que se supone que será subido al pleno el día de hoy, tuvo algunas correcciones pero sigue sin atacar el problema principal que es la obligatoriedad de que los estados y municipios respeten los acuerdos que se establecen para el propio sistema. Nos enteramos que aunque viole en forma abierta la constitución, el congreso de Coahuila, a petición del gobernador Humberto Moreira, decidió aprobar la pena de muerte para ciertos delitos en su estado. Antes, el Consejo Coordinador Empresarial había exhibido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su absurda sanción sobre los spots de ese órgano patronal en las elecciones del 2006, sólo comprensible como un guiño del Tribunal al PRD y una forma de obtener protagonismo.
Nuestra política es el reino de las formas vacías de contenido, de la búsqueda de soluciones partidarias que no tienen nada que ver con las necesidades de la sociedad. Y eso se aplica lo mismo a lo electoral que a la seguridad, a lo político o a lo económico. Ayer, confirmamos que el dictamen sobre la nueva ley de seguridad pública, que se supone que será subido al pleno el día de hoy, tuvo algunas correcciones pero sigue sin atacar el problema principal que es la obligatoriedad de que los estados y municipios respeten los acuerdos que se establecen para el propio sistema. Nos enteramos que aunque viole en forma abierta la constitución, el congreso de Coahuila, a petición del gobernador Humberto Moreira, decidió aprobar la pena de muerte para ciertos delitos en su estado. Antes, el Consejo Coordinador Empresarial había exhibido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su absurda sanción sobre los spots de ese órgano patronal en las elecciones del 2006, sólo comprensible como un guiño del Tribunal al PRD y una forma de obtener protagonismo.
El punto es que el país se balcaniza con las decisiones que se van asumiendo y algunos nos quieren hacer creer que, en realidad se está federalizando. Es mentira. Vamos con la ley de seguridad: se sigue estableciendo que los compromisos no son obligatorios para los estados y municipios, y se oculta ese hecho con términos como que sus responsabilidades son “concurrentes” (y no vinculantes) o que habrá sanciones económicas para quien “no entregue” la información que se considere obligatoria, sin establecer cuáles serán las mismas. Se decide colocar como presidente del Consejo al presidente de la república para que sea una reunión entre pares con los gobernadores, sin que se nos explique que no es así: los gobernadores (como se llamen) y el presidente de la república (como se llame) no son pares. Se decide que el presidente puede delegar esa autoridad en el secretario de Gobernación y que desde allí se podrá designar al secretario ejecutivo del Sistema sin asumir el hecho de que la secretaría de Gobernación no tiene las atribuciones en materia de seguridad.
En muchas oportunidades hemos dicho en este espacio que el actual, es el peor de los mundos posibles en la estructura de seguridad y gobernación. Las opciones eran dos: crear como han hecho los Estados Unidos y otros países, un organismo que concentre todas las áreas de seguridad que están dispersas en por lo menos siete dependencias federales (el modelo sería el Homeland Security) o regresar las áreas de seguridad a Gobernación para que ésta vuelva a ser, como lo fue, una suerte de ministerio del Interior que asuma las funciones políticas y de seguridad inherentes a esa dependencia. Ahora y desde la administración Fox, las áreas de seguridad son responsabilidad de la secretaría del ramo y es absurdo que un consejo nacional destinado a ello no incluya desde su cabeza a la secretaría correspondiente y se le otorga a otra que no tiene esas atribuciones.
Si la decisión del congreso era regresar a una secretaría de Gobernación más poderosa que influyera en todos los resortes de la vida interior, tendrían que haber realizado esa reforma: regresar la seguridad a Gobernación. Tendría sus dificultades pero sería absolutamente aceptable legal y operativamente. Pero lo que hicieron es tornar más complejo todo, y en lugar de fortalecer y centralizar las capacidades en el área de seguridad del Estado, lo que están aprobando es exactamente lo contrario: si el Consejo de Seguridad lo encabezará Gobernación y la seguridad en sí misma la lleva la secretaría de ese nombre ¿cuál será la que tendrá el mando en el sector?¿es tan difícil entender que la dirección de un organismo y su capacidad de operación deben estar en las mismas manos?. En realidad es una trampa política que obliga al gobierno federal a una operación compleja, que es la forma que tienen los gobernadores y el congreso de evitar controles y hacerle perder al ejecutivo federal atribuciones y gobernabilidad. Piensan que lo que se pierde en el ámbito central lo cosecharán ellos. No será así.
Se crean, además, varios institutos para la verificación y certificación de policías, que dependerán del secretariado, pero sus responsables, quiere el PRI, que sean ratificados por el congreso (o por el propio consejo en su totalidad), lo cual, una vez más balcaniza, partidariza y burocratiza la operación del sistema.
El caso Coahuila es otra demostración de ello. Se podrá estar o no de acuerdo con aplicar la pena de muerte ante ciertos delitos, pero el hecho es que todos los partidos estuvieron de acuerdo en erradicar la pena de muerte de la Constitución en todos los casos. ¿Cuál es el sentido de que el gobierno de Coahuila la impulse sin proponer previamente, si está convencido de ello, el cambio constitucional?. En realidad es un desplante político que busca publicidad porque el gobernador y el congreso locales saben que esa decisión no tendrá ninguna posibilidad de aplicarse en las actuales circunstancias legales. Se trata de demostrar que se es lo suficientemente “independiente”, tanto como un feudo de antaño. Insisto: se podrá debatir o no el tema de la pena de muerte (en lo personal no lo comparto, es inútil y no atrae beneficio alguno a la sociedad), pero existen canales legislativos como para hacerlo. Es una trampa votarlo en un estado cuando no se propone su debate federal. En todo caso, si alguien plantea esa salida que lo impulse en el congreso. Pero una vez más la política nacional se agota en las formas sin ir nunca al fondo, sobre todo en los temas de seguridad.