Podría ser una historia más de las que ocurren en las fronteras entre Guerrero y Michoacán, una historia como tantas de violencia, muertes, desapariciones. También de indiferencia gubernamental ante el drama que vive una familia. Pero ¿a quién le importan siete jóvenes desaparecidos en la vorágine de ajusticiamientos, asesinatos, secuestros producidos en el contexto de la guerra entre los propios grupos del narcotráfico?, un marco de violencia del que en muchas ocasiones se aprovechan otros grupos, incluso policiales, con otros intereses, para su propio beneficio, para su propio ajuste de cuentas. Es una historia profundamente sórdida y llena de preguntas sin respuesta.
Publicado el 8 de octubre de 2008
Podría ser una historia más de las que ocurren en las fronteras entre Guerrero y Michoacán, una historia como tantas de violencia, muertes, desapariciones. También de indiferencia gubernamental ante el drama que vive una familia. Pero ¿a quién le importan siete jóvenes desaparecidos en la vorágine de ajusticiamientos, asesinatos, secuestros producidos en el contexto de la guerra entre los propios grupos del narcotráfico?, un marco de violencia del que en muchas ocasiones se aprovechan otros grupos, incluso policiales, con otros intereses, para su propio beneficio, para su propio ajuste de cuentas. Es una historia profundamente sórdida y llena de preguntas sin respuesta.
Nadie sabe exactamente qué sucedió el 29 de agosto pasado en Atoyac de Alvarez, en Guerrero, pero siete jóvenes, todos menores de 24 años, salvo un hombre de 42, desaparecieron sin dejar rastro y hasta ahora nadie tiene noticia de ellos. Vivían, dicen sus familiares, de la compra y venta de oro, presumiblemente en los límites de la legalidad y no eran de Atoyac a donde habían ido a realizar algún negocio, no se sabe cuál, presumiblemente una compra de oro, pero sí que transportaban 400 mil pesos en efectivo, y venían de Pajuacarán, Michoacán. Llegaron el 28, los siete en una camioneta a Atoyac, se alojaron en el hotel Panchito y se trasladaron casi inmediatamente a la zona de tolerancia, donde estuvieron en el bar El Diamante. Acompañados de algunas jóvenes que allí trabajan, abandonaron el lugar cerca de las dos de la mañana y volvieron con ellas al hotel. Regresaron en la madrugada las muchachas al bar y supuestamente, después de recibir una llamada se dirigieron a Coyuca de Benítez. Nunca llegaron: el 5 de septiembre se encontró la camioneta en llamas en el poblado de Llano de la Puerta. Desde entonces sus familiares han peregrinado ante todo tipo de autoridades sin respuesta.
La historia del recorrido de las familias de los desaparecidos es la de muchas otras. A un día de la desaparición las familias se dirigieron a las autoridades de Jiquilpan, en Michoacán y les dijeron que no podían hacer nada. Les dieron unos teléfonos de México y aquí les dijeron que debían pasar 72 horas antes de reportar una desaparición. Al día siguiente fueron a la presidencia municipal de Pajacuarán, en Michoacán, los atendieron pero tampoco pudieron hacer nada. Allí se encontraron con otras personas que venían de la misma zona, les dijeron que habían sido golpeados y robados por policías ministeriales. Luego vieron al procurador de Michoacán, quien habló con el de Guerrero y envió a los familiares para Chilpancingo. A éste le dijeron que se comunicara con la dueña del burdel donde fueron los jóvenes y dicen que ella tenía información de que los “iban a desaparecer” para robarles el dinero que portaban. El procurador los contactó con el director de la policía ministerial del Estado que les dijo que se regresaran a su pueblo y los mantendría informados. Nunca más tuvieron noticias del jefe policial.
En su pueblo, vieron al gobernador Leonel Godoy, les dijo que el caso estaba fuera de su jurisdicción aunque los envió con un subprocurador en Zamora y éste los envió otra vez a Jiquilpan, a ampliar la denuncia para enviarla a Guerrero. No pasa nada pero un par de días después aparece la camioneta en llamas e información en los periódicos locales, de Guerrero, de la denuncia presentada ante el ministerio público. Les dicen en Chilpancingo que se montará un operativo para buscar a los desaparecidos. No sucede nada. Los familiares buscan ver al presidente de la república y se comunican con uno de sus hermanos, Luis, quien les obtiene una cita con el delegado de la PGR en Michoacán: hizo gestiones, llamó a Guerrero y los puso en comunicación con el delegado de la procuraduría en ese estado, también consiguió una audiencia con la SIEDO en el DF. En la subprocuraduría les dijeron que tratarían de brindarles apoyo pero que el caso competía a Guerrero, que era allí donde debía ser tratado. Y del DF fueron con el delegado de la PGR en Guerrero. El delegado les dijo que sus familiares al desaparecer estaban “en el lugar y en el momento equivocados” y les habló de los innumerables problemas de seguridad que había en esa zona. Le preguntaron si la SIEDO podía intervenir y les dijo que no, que sólo tenía un elemento en la zona. Llegó a esa oficina el subprocurador de Guerrero y les dijo que él se encargaría del caso. Eso fue el 15 de septiembre: los familiares no han vuelto a tener noticias sobre el caso.
No conozco a las personas desaparecidas ni a sus familiares. No puedo asegurar que tuvieran un modo de vida honesto o, como decíamos, que vivieran en el límite de la ilegalidad, o que estuvieran cometiendo un delito. Lo inadmisible es que siete personas puedan desaparecer con tanta tranquilidad, con tantos datos en torno al caso, y que no pase absolutamente nada. Puede ser verdad que los jóvenes se encontraron en “un mal lugar y en un mal momento”, pero todo indica que en su desaparición estuvieron coludidas personas de la localidad y agentes de seguridad locales, que aparentemente los interceptaron después de la noche de fiesta, sabiendo que llevaban una fuerte cantidad en efectivo. No hubo pedido de rescate, salvo una llamada anónima a la madre de uno de ellos, que sólo le dijo una palabra: “prepárense”.
Es una historia más, pero demuestra lo desarticulado, para beneficio de la delincuencia y la corrupción, de nuestro sistema de seguridad, policial y de procuración de justicia. No hay centralización, no hay coordinación, no hay posibilidad de trabajar en conjunto. Y en estos casos no hay voluntad de hacerlo, leyes que obliguen a ello ni la transparencia mínima como para confiar en quienes tienen en sus manos la investigación. Es, simplemente, una historia de tantas en el México de hoy.