En el año 2000, en los últimos meses del gobierno de Rosario Robles, la entonces jefa de gobierno del DF, expropió el predio El Encino, en el contexto de la edificación del hospital privado ABC en la zona de Santa Fe, la de mayor plusvalía en la ciudad de México. La idea, se dijo, era hacer una vialidad que comunicara con ese hospital. Ya no le tocó a Robles trabajar en ello, sino que fue su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, el que tomó el caso. Los legítimos propietarios de El Encino se ampararon con una razón absolutamente lógica: no había ninguna necesidad de expropiar ese predio para realizar la vialidad porque, como finalmente ocurrió, simplemente trasladando unos metros las obras se podría realizar en otros espacios sin tener que realizar expropiación alguna.
En el año 2000, en los últimos meses del gobierno de Rosario Robles, la entonces jefa de gobierno del DF, expropió el predio El Encino, en el contexto de la edificación del hospital privado ABC en la zona de Santa Fe, la de mayor plusvalía en la ciudad de México. La idea, se dijo, era hacer una vialidad que comunicara con ese hospital. Ya no le tocó a Robles trabajar en ello, sino que fue su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, el que tomó el caso. Los legítimos propietarios de El Encino se ampararon con una razón absolutamente lógica: no había ninguna necesidad de expropiar ese predio para realizar la vialidad porque, como finalmente ocurrió, simplemente trasladando unos metros las obras se podría realizar en otros espacios sin tener que realizar expropiación alguna.
Los propietarios ganaron un amparo tras otro en ese proceso, pero el gobierno del DF desconoció sistemáticamente esas decisiones judiciales e iniciaron las obras en el predio. Debemos recordar que, con todas sus deficiencias, el amparo es el único instrumento que tiene la sociedad, el ciudadano, la gente, para oponerse legalmente a una decisión de la autoridad. Y una y otra vez, las autoridades concedieron amparo a los dueños de ese predio para que no se avanzara en las obras mientras se discutía si había razones fundadas o no para la expropiación. No fue, como se ha dicho que se inició el proceso de desafuero contra López Obrador por la expropiación del predio: fue porque desoyó, una y otra vez, las órdenes del poder judicial hasta que éstas llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ese desacato se votó el desafuero. Mismo que tuvo fue un enorme efecto propagandístico basado en el argumento de que el desafuero tenía como objeto sacar de la carrera presidencial a López Obrador y que todo, incluyendo la evidente corrupción de René Bejarano y varios de sus colaboradores, era parte del ahora famoso complot. La versión que daba López Obrador es que lo querían encarcelar por intentar hacer un camino para un hospital. Nunca decía que era para un hospital privado de primer nivel y que el camino, como finalmente se hizo, podría realizarse sin problema alguno desviando su ruta apenas una decena de metros. Se buscó el enfrentamiento en forma conciente y se apeló, con éxito, a la victimización.
No sé si la intención del gobierno era deshacerse por la vía del desafuero de López Obrador. Si era así no lo lograron. Lo que sí sé es que el ex jefe de gobierno estaba violando en forma evidente la ley durante todo el proceso de expropiación de El Encino y que simplemente se negaba a cumplir con las órdenes judiciales de amparo contra sus legítimos propietarios. Pero eso pasó completamente desapercibido en aquellos días de mucha demagogia y poca sensatez.
Lo cierto es que ahora un juez del DF emitió una sentencia que tendría que ser ya definitiva para que, nueve años después, el gobierno del DF le regrese de una vez por todas ese predio a sus propietarios. Y, otra vez (aunque habría que recordar que la historia se repite, pero la primera vez como tragedia y la segunda como comedia), el gobierno capitalino se niega, aunque ahora lo hace llevando el caso ante un Tribunal Colegiado administrativo. Ya no alegan que el predio se expropió por utilidad pública, porque ésta ha desparecido desde el momento en que el famoso camino se construyó sin problemas en otro espacio. Los argumentos de ahora rozan en lo ridículo (otra vez la tragedia y la comedia): dicen que quienes presentaron el amparo son dueños del 87 por ciento del terreno y que no saben cómo harán para regresárselo íntegro como dice la sentencia (¿no sería sencillo regresarle ese 87 por ciento y ya?) y argumentan que tampoco se lo pueden regresar en las condiciones en que estaba porque, en la época de López Obrador se habían comenzado las obras, éstas finalmente quedaron inconclusas y obviamente el terreno no está en las mismas condiciones en que estaba cuando se lo expropió. El único detalle es que los dueños quieren que se los regresen como está. Y eso es lo que ordenó el juez.
El caso no tiene ningún futuro, pero permitirá alargar la decisión algunos meses más y si es necesario volver a recurrir a la victimización política. Es parte de un capricho, quizás de un símbolo, pero también de una terquedad que demuestra el poco sentido cívico de muchas autoridades. Se asemeja al acoso al que es sometida la delegada de la Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, por atreverse a realizar dos obras viales, además imprescindibles, mientras que, hoy, al mismo tiempo el gobierno del DF está realizando en la capital del país más de 400, algunas de ellas incomprensibles, como el encarpetado, en tres ocasiones consecutivas y en apenas un año, de la ruta del microbús sobre avenida Insurgentes. El desconocimiento de las decisiones judiciales, la apelación a chicanas legales para entorpecer un proceso que lleva ya casi una década, el acoso sin fundamento a una delegada de oposición (en una ciudad donde prácticamente todas las delegaciones son gobernadas por un solo partido y el gobierno capitalino tiene enorme poder sobre ellas), son, sencillamente, actitudes poco dignas del gobierno de la ciudad más grande del mundo.
Y que reapareciera el tema de El Encino sirve también para recordarnos lo lenta y tortuosa que es nuestra justicia. Dicen que la justicia que no es expedita no es justicia, y este caso lo confirma plenamente. ¿Cómo puede ser que tenga que pasar una década para que una autoridad pueda decidir si un terreno fue expropiado justamente o no?¿cómo puede haber autoridades que hagan hasta lo imposible para evitar que se tome una decisión?¿qué armas tenemos los ciudadanos si la justicia no es rápida y concluyente para oponernos a las decisiones de las autoridades, en éste o en cualquier otro caso?