Para las elecciones federales del 2009 los partidos han creado un monstruo que ya no pueden controlar. En realidad, el mayor problema con la reforma electoral es que quitó atribuciones y derechos no sólo a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, sino incluso a los propios militantes de los partidos en beneficio de sus dirigencias y para hacerlo debieron establecer tantos controles, tantas regulaciones, que le dieron a una institución como el IFE atribuciones y poderes que han convertido a éste en un ente poderosísimo en términos legales pero incapaz de cumplir con tantas responsabilidades.
Para las elecciones federales del 2009 los partidos han creado un monstruo que ya no pueden controlar. En realidad, el mayor problema con la reforma electoral es que quitó atribuciones y derechos no sólo a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, sino incluso a los propios militantes de los partidos en beneficio de sus dirigencias y para hacerlo debieron establecer tantos controles, tantas regulaciones, que le dieron a una institución como el IFE atribuciones y poderes que han convertido a éste en un ente poderosísimo en términos legales pero incapaz de cumplir con tantas responsabilidades.
El tema de la imposibilidad de a los ciudadanos y organizaciones sociales de expresar sus opiniones y contratar espacios para ello comienza a derrumbarse con la aceptación del amparo que hemos promovido un grupo de intelectuales, abogados, periodistas en contra de la reforma electoral. El tema de fondo no podrá ya revisado antes de los comicios de julio pero puede ser el instrumento para modificar esa aberración jurídica y política para el futuro. Otro de los capítulos más controvertidos de la propia reforma (por la sencilla razón de que no es aplicable) es el de la propaganda negativa, comenzando por definir qué es tal. El miércoles el Tribunal Electoral ya revocó esa disposición porque un reglamento no puede ir más allá de lo establecido por la propia constitución.
Pero lo que será un nuevo desastre, además de algo imposible de regular y que conlleva todo tipo de peligros, es la norma que entró en vigor anteayer de que todos los legisladores, dirigentes políticos nacionales y locales, todos los funcionarios y como dice con una ligereza absurda la ley, todos los personajes “políticamente expuestos” (¿qué quiere decir eso?¿quién lo puede interpretar legalmente?) pueden ser investigados en sus cuentas bancarios, recursos, propiedades, empresas con las que tengan, hayan tenido o puedan tener relación, y sus familiares hasta segundo grado. En el papel suena muy bien: un mecanismo, dicen, que impida que el crimen organizado o cualquier otro tipo de recurso de origen no lícito se involucre en las campañas electorales. El IFE ha dicho que esa investigación, que se canalizará a través de la secretaría de Hacienda, se realizará sólo previa denuncia. No dice quién o en qué condiciones deberá presentar la denuncia pero sobre todo no especifica cómo se protegerán esos datos personales, familiares y empresariales. No dice tampoco quiénes estarán autorizados a tener acceso a ellos: sabemos que el IFE ha comprado ya un edificio completo para realizar esas tareas de investigación (y para controlar, otra tarea imposible, todo el flujo publicitario de la elección y los partidos) y que habrá decenas, si no es que cientos de empleados dedicados a esa tarea. ¿Quién se hará responsables de ellos?¿quién impedirá que la información se filtre?
Por supuesto que debe haber un esfuerzo por evitar que recursos no lícitos se involucren en las campañas pero no será a través de ese tipo de mecanismos que ello se logrará, tampoco debe ser esa una atribución del IFE que no es un ministerio público ni una instancia investigadora legal. Si el narcotráfico y el crimen organizado (o una empresa o grupo) decide financiar ilegalmente a un candidato o a un grupo político existen muchos mecanismos para hacerlo que no pasarán, precisamente por el depósito de dinero en sus cuentas. Al mismo tiempo, el tener acceso a datos tan amplios y con tanta discrecionalidad puede ser un extraordinario instrumento, pero en las manos del crimen organizado o para la extorsión política o económica. Imaginemos el caso de un político que aspira a una posición de elección popular o que está “políticamente expuesto” y que haya trabajado, de alguna manera, en alguna empresa. Si se interpreta al pie de la letra la disposición no sólo ese sujeto podría ser investigado, así como sus familiares, sino también la propia empresa con la que hubiera tenido relación. Y la secretaría de Hacienda, a través del IFE, tendría atribuciones para revisar todos sus recursos, inversiones, estrategias financieras. El propio IFE dijo que en el pasado recibió más de 8 mil denuncias sobre el posible involucramiento de dinero ilícito en procesos electorales y que de todos esos procesos sólo se le ha dado curso a un caso.
El IFE no puede ni debe realizar esa labor. Y puede ser que los líderes de los partidos en el senado digan que es una medida que ahora sí garantizará la limpieza de todos los políticos pero, en realidad, será todo lo contrario: agudizará las sospechas, los golpes bajos, la participación de autoridades que no tendrían porqué tener esas atribuciones en indagatorias que pueden vulnerar el derecho a la privacidad y serán un instrumento, por las enormes posibilidades de filtración de la información para la extorsión o la delincuencia.
Debe haber, y con algunas de las reformas de seguridad y justicia aprobadas lo habrá, muchas más posibilidades de controlar el lavado de dinero o mecanismos financieros ilícitos en personas y empresas. Y la unidad correspondiente de la secretaría de Hacienda tiene ahora atribuciones muy importantes para avanzar en ese sentido. Pero esas labores no pueden pasar por el IFE sino por la PGR. Paradójicamente, la propia procuraduría general de la república, si se toma al pie de la letra la ley electoral aprobada, no tiene atribuciones tan amplias como el Instituto Electoral. Sería hasta cómico sino fuera trágico. Todo se ha construido como para que las elecciones de julio vayan por mal camino. Y los partidos, que son los autores de ello, creen que podrán eludir su responsabilidad cuando las cosas estallen. Tienen, en todo caso, un buen argumento a su favor: cuando las cosas estallen será culpa del IFE. Y a pesar de lo que diga la ley ya hemos visto que sus integrantes sí pueden ser removidos de su cargo por los partidos.