Las reformas a la seguridad y justicia que se discutieron y aprobaron en diciembre pasado han tenido aspectos positivos y negativos, pero uno de sus mayores problemas, algunos de los puntos que han quedado pendientes para el periodo ordinario que comienza en una semana, es nada más y nada menos que el definir qué modelo de seguridad y policía se quiere aplicar en el país. Esa es la decisión más importante que tendrán que adoptar en el congreso en las próximas semanas. Y si no lo hacen allí lo tendrá que decidir el poder ejecutivo, por lo menos para que el sistema funcione con relativa eficacia.
Las reformas a la seguridad y justicia que se discutieron y aprobaron en diciembre pasado han tenido aspectos positivos y negativos, pero uno de sus mayores problemas, algunos de los puntos que han quedado pendientes para el periodo ordinario que comienza en una semana, es nada más y nada menos que el definir qué modelo de seguridad y policía se quiere aplicar en el país. Esa es la decisión más importante que tendrán que adoptar en el congreso en las próximas semanas. Y si no lo hacen allí lo tendrá que decidir el poder ejecutivo, por lo menos para que el sistema funcione con relativa eficacia.
Las reformas han dado muchas atribuciones al sistema nacional de seguridad pública y a su secretario ejecutivo. Se debe destacar, sobre todo, que finalmente, se estableció la obligatoriedad, aunque no con toda la fuerza que se hubiera podido definir, de la aplicación en todos los estados y municipios de las resoluciones del propio consejo nacional del sistema de seguridad. Sin duda es un paso importante.
Pero los legisladores dejaron pendientes varios capítulos que son fundamentales para la operación cotidiana de la seguridad pública. Quedaron pendientes de votar varios elementos, y dos de ellos son centrales: la ley de la policía federal y la de la procuraduría general de la república. No se votaron esa leyes porque no hubo acuerdos entre los legisladores y porque tampoco lo hay en el propio gobierno federal. Lo que se debe decidir definirá desde las atribuciones institucionales hasta la operación cotidiana de las procuradurías y las policías, y parece ser sencillo pero es un tema de fondo: la pregunta es si la policía federal (y las policías en general) deben tener atribuciones para tomar denuncias de la ciudadanía y realizar investigaciones o si esas atribuciones corresponden únicamente al ministerio público, que depende de las procuradurías, federal y estatales.
No es un problema de forma, es de fondo. En la mayoría de los estados modernos, las policías tienen atribuciones para tomar denuncias (y si no se quiere utilizar la palabra denuncia se puede reemplazar por reporte o lo que se desee) y para realizar investigaciones que, como en todos los casos, quedan en manos de un fiscal o en nuestro caso deberían quedar bajo la responsabilidad de un ministerio público. Pero según nuestras leyes el monopolio de la investigación lo tiene el ministerio público (aunque la reciente reforma constitucional abrió esa posibilidad de investigar también a las policías). Quienes consideran que las cosas deben quedar como en el pasado sostienen que para ello se debe regresar al mecanismo mediante el cual debe existir una policía investigadora que dependa del ministerio público, como la policía judicial o la AFI y que a través de ella se deben llevar las investigaciones de los diferentes delitos. Los que sostienen que se debe dar mayores atribuciones a las policías sostienen que la enorme mayoría de las investigaciones en el país, en los hechos se realizan desde las fuerzas de seguridad, y que en términos prácticos y operativos no existe razón alguna para que la policía no pueda investigar y en todo caso entregar el resultado de las mismas a un ministerio público o fiscal que tendría que armar, con esa u otra información, las acusaciones correspondientes. En este sentido, se insiste también en que las policías deben poder recibir denuncias formales de la gente sobre distintos delitos sin necesidad de que se tenga que pasar necesariamente por el ministerio público, por lo menos hasta que se tenga que ratificar esa denuncia. El primer modelo se basa en la tesis de que la policía preventiva y la investigadora deben estar separadas. El segundo en la necesidad de centralizar fuerzas y otorgar mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad sobre el propio terreno de operaciones.
Quienes objetan el dar mayores atribuciones a la policía no lo hacen con base a otras experiencias o a modelos operativos sino, sobre todo en el terreno político, a la desconfianza en las fuerzas policiales, respecto a su integridad y la utilización correcta de esas responsabilidades. Quienes demandan las mismas sostienen que tampoco existe confianza en los ministerios públicos, que más del 40 por ciento de las personas no realizan la denuncia de los delitos de los que son objeto simplemente porque lo consideran una pérdida de tiempo y que, por ejemplo, levantar una denuncia respecto a un robo de un automóvil puede llevar tantas horas que cuando la misma se presentó el carro podría estar fácilmente fuera de las fronteras del estado o del país y que la única forma de ganar en eficiencia y velocidad de operación es otorgando esas atribuciones a las policías. En última instancia, los ministerios públicos se cuentan por decenas y los policías son miles.
Los dos enfoques tienen una parte de razón, pero lo cierto es que no se puede continuar con el esquema actual que está exactamente a la mitad y no es eficiente ni en un sentido ni en el otro. Ni tenemos una policía realmente centralizada aunque sea en el ámbito federal (y la ley tendría que abarcar también la decisión de, por lo menos, centralizar las policías en las 32 entidades en lugar de las casi dos mil que tenemos en la actualidad) que investigue y prevenga, ni tampoco tenemos un ministerio público con capacidad investigadora real, la AFI, así ha quedado en medio de la nada. Y el círculo vicioso de la desconfianza o de los argumentos políticos de corto plazo se siguen imponiendo a las necesidades del país. La pregunta es porqué no podemos tener una policía con todas las atribuciones que la sociedad y la seguridad requieren, que investigue y tome denuncias, y al mismo tiempo ministerios públicos más sólidos y eficientes que ahora. No son decisiones incompatibles: pero para ello se deben asumir, desde el congreso o desde el ejecutivo y ya no hay tiempo para más dilaciones.