Según lo que han dado a conocer los propios grupos legislativos después de sus reuniones de este fin de semana, este último periodo ordinario de la actual legislatura podrá abordar algunos puntos importantes que, sin embargo, estarán impregnados por la lucha electoral, demasiado adelantada, una vez más como responsabilidad de la nueva legislación (¿para qué necesitan los partidos y el IFE, radio y televisión gratis para hacer precampaña, cuando en la enorme mayoría de los casos las designaciones corresponden a las dirigencias de los mismos?¿para qué entrar de lleno en un combate de spots electorales cuando la campaña no comienza, formalmente, hasta mayo?) pero también porque se requiere que el gobierno adopte decisiones que puedan romper con esa suerte de gelatinosidad legislativa.
Según lo que han dado a conocer los propios grupos legislativos después de sus reuniones de este fin de semana, este último periodo ordinario de la actual legislatura podrá abordar algunos puntos importantes que, sin embargo, estarán impregnados por la lucha electoral, demasiado adelantada, una vez más como responsabilidad de la nueva legislación (¿para qué necesitan los partidos y el IFE, radio y televisión gratis para hacer precampaña, cuando en la enorme mayoría de los casos las designaciones corresponden a las dirigencias de los mismos?¿para qué entrar de lleno en un combate de spots electorales cuando la campaña no comienza, formalmente, hasta mayo?) pero también porque se requiere que el gobierno adopte decisiones que puedan romper con esa suerte de gelatinosidad legislativa.
Un ejemplo es la nueva ley laboral. Existen decenas de iniciativas presentadas en este sentido desde hace años que no han sido ni discutidas ni dictaminadas. Tiene razón el gobierno federal en subrayar, cuando le piden que envíe la iniciativa, que ahí están las mismas y que el congreso se tiene que hacer cargo de ellas. Pero también es verdad que la situación que está viviendo el país exige, si es necesario, realizar un esfuerzo adicional, presentar, porque ya se tiene elaborado, el compendio compatibilizado de esas iniciativas, hacerlo de la mano con los sectores sindicales y empresariales que estén dispuestos a hacerlo y dejarlo sobre la mesa del legislativo. Si no se actúa así no habrá reforma laboral (quizás con ello tampoco, pero no se pierde nada) y pocas cosas parecen ser más importantes en estos momentos que buscar preservar los empleos. Se deben flexibilizar el mercado y las reglas porque, simplemente, las normas actuales favorecen el desempleo y la informalidad. Y será más grave en el futuro: porque los empleos que se están perdiendo en estos meses difícilmente se convertirán luego en empleos formales, porque el costo comparativo de crear cada uno de ellos es cada vez más alto. Cuando la mayor parte de la población que de alguna manera trabaja en el país, está fuera de los esquema tradicionales que norma la ley federal del trabajo resulta evidente que la misma debe ser modificada. Es responsabilidad de los legisladores, pero el ejecutivo debe ser el impulsor de la medida, presentando la iniciativa o el compendio de éstas, para tratar que salga adelante.
El PRI y sobre todo Manlio Fabio Beltrones, hablan de una ley de emergencia económica. La idea no es mala, sobre todo si se pueden incluir capítulos que, por las negociaciones políticas, han quedado abandonados o han sido mal resueltos en las negociaciones anteriores. El tema fiscal es particularmente importante, aunque existe la tentación de imponer reducciones fiscales sin contrapartes que lleven a ampliar el universo de contribuyentes. En los países, como Estados Unidos o Europa, las reducciones fiscales funcionan porque todos pagan impuestos, y los ingresos se compensan con el consumo. No es, ni remotamente, nuestro caso, pero se podrían revisar algunas de las propuestas que presentó desde la semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial en ese sentido. Lo que resulta interesante es colocar esas medidas en una ley de emergencia en este caso económica, para darles un periodo determinado de aplicación en condiciones específicas de la misma. Y para ello se requiere también de un empujón político del ejecutivo, lo mismo que para el proceso de simplificar las licitaciones en lo que parecería haber acuerdo con los partidos, entre otras razones porque ello beneficia también a los gobernadores.
Pareciera que los temas de seguridad hubieran quedado fuera de la agenda legislativa, en realidad no es así. Quedaron pendientes varias leyes en el periodo anterior: la ley de la policía, la de la PGR y la ley antisecuestros. Sólo ésta parece estar en la lista de los legisladores, y si es así se deberá, entonces, acelerar y mucho, los mecanismos de decisión del propio ejecutivo, porque hay demasiados capítulos que han quedado en una zona de sombra. El tema de las policías y de la procuraduría es clave, lo mismo que los avances (esos sí ya aprobados) en torno al sistema nacional de seguridad pública, incluyendo la operación plena del mismo. Lo cierto es que en las negociaciones internas, todo parece indicar que se tendrá un acuerdo legislativo que permitirá tener operaciones policiales centralizadas a nivel federal pero se conservará la capacidad de la PGR de contar con una policía investigadora que dependa del ministerio público. Existe un aval del PRI a esa posición, y tendría el apoyo de los otros partidos, incluso saldría primero la ley de la PGR, dicen los legisladores e inmediatamente después la de la policía federal. Y el ejecutivo deberá apresurase a implementar esa políticas. La ley antisecuestros es urgente, pero allí el problema es otro: no han ratificado la reforma constitucional, para poder sacar a partir de allí un ley reglamentaria, 16 estados.
Por supuesto que hay más temas, mucho más, que podrían ser incorporados a la agenda legislativa, pero no nos equivoquemos: el interés central de los partidos no estará puesto en el congreso, y en todo caso buscarán que éste sea una plataforma para su actividad electoral. Por eso, el ejecutivo no puede, ni debe, esperar que de allí salgan en este periodo las propuestas, debe tratar de sacarlas adelante aunque sea en forma temporal para que puedan aplicarse ahora, que es cuando se necesitan y no cuando, como ocurrió con el tema energético, la ola ya haya pasado.
Y para eso se requiere que buena parte del gabinete, insistimos, salga de la zona de confort en la que se protege y se ponga a hacer política: en los despachos, en las calles, con los partidos y con la gente. Hoy quienes realizan esa tarea se pueden contar con los dedos de una mano.