El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el vendaval de declaraciones irresponsables de los partidos políticos, dijo que en la lucha contra el narcotráfico hubo omisiones de todos los gobiernos, incluido el de Vicente Fox, lo que de alguna manera contradecía y colocaba en su justa dimensión la declaración de Germán Martínez de que la creciente presencia del narcotráfico era consecuencia directa de los gobiernos priistas.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el vendaval de declaraciones irresponsables de los partidos políticos, dijo que en la lucha contra el narcotráfico hubo omisiones de todos los gobiernos, incluido el de Vicente Fox, lo que de alguna manera contradecía y colocaba en su justa dimensión la declaración de Germán Martínez de que la creciente presencia del narcotráfico era consecuencia directa de los gobiernos priistas.
En realidad, todos los gobiernos han sido omisos, y en muchos casos simplemente no ha habido una política coherente para encontrarle una salida a la situación y todos dejaron, en mayor o menor medida, de construir las instituciones dedicadas a dar ese combate. Los problemas graves con los grupos del narcotráfico estaban presentes con anterioridad pero comenzaron en forma abierta durante la administración de Miguel de la Madrid. Durante la misma, se dio el famoso caso Camerana, que tensó quizás como nunca la relación con Estados Unidos. Antes había sido asesinado, por divulgar la información de las relaciones de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico, el periodista Manuel Buendía. La fuga de Rafael Caro Quintero, la evidente complicidad de funcionarios del área de seguridad en el asesinato de Buendía y Camarena, llevó al presidente De la Madrid a tomar una medida de cuyas consecuencias, por lo mal operada, todavía vivimos: la desaparición de la DFS y la DIPS. Era verdad que muchos de los mandos de esas instituciones de seguridad estaban coludidos con el narcotráfico, pero al desaparecerlas sin reemplazarlas por nada, lo que ocurrió es que muchos de sus mandos y agentes pasaron de solapar y colaborar con el crimen organizado a ser sus verdaderos jefes. De allí se nutrió y fortaleció el narcotráfico en los últimos 25 años. Las consecuencias fueron desastrosas.
Comenzó la administración Salinas y con ella se dio un golpe muy duro al narcotráfico con la detención de Miguel Félix Gallardo, entonces jefe indiscutido para la introducción de cocaína en el país, pero al mismo tiempo, lo cierto es que en una cumbre de jefes en Acapulco los mismos se dividieron el país: una parte fue para Juan García Abrego en el Golfo y el resto quedó en manos de lo que después se llamó el Cártel de Juárez, que terminó siendo comandado, luego también de una “depuración” interna, por Amado Carrillo. También Tijuana tendría que haber quedado en ese grupo, pero allí los hermanos Arellano Félix, dieron una suerte de golpe, asesinaron a los mandos “designados” y se quedaron con la plaza. Desde entonces, 1989-90, la guerra de Tijuana con los grupos de Sinaloa y Sonora. Durante esos años lo que tuvimos en términos de seguridad fue lo mismo que hemos visto una y otra vez: un Estado dividido, con funcionarios y fuerzas en algunos pocos casos bien intencionadas, pero que no lograron establecer una estrategia común, al contrario los enfrentamientos internos se sucedieron una y otra vez y como ahora ocurre se politizó a un grado extremo esa situación. La administración Salinas concluyó, en este ámbito muy mal, la guerra de los cárteles fue de la mano con la guerra entre grupos de poder y en el camino quedaron las muertes del cardenal Posadas Ocampo, la de Luis Donaldo Colosio y la de José Francisco Ruiz Massieu.
E inmediatamente después la crisis económica que sella el inicio de la administración Zedillo que en el terreno de la seguridad tiene un pecado original que ha marcado el futuro de la credibilidad en las instituciones de seguridad y justicia: todo el capítulo Chapa Bezanilla, quizás la etapa más vergonzosa en la procuración de justicia en nuestra historia reciente, pletórica de filtraciones, mentiras y de la utilización del narcotráfico como coartada para investigaciones sesgadas de todo tipo. Después de Chapa y de la impunidad de la que gozó, era difícil creer en lo que fuera. Para colmo vino después la detención del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo y esa credibilidad sufrió más aún. Sin embargo se hicieron varios avances posteriores importantes, derivados del trabajo del general Enrique Cervantes o de funcionarios como Jorge Tello Peón: se creó un área especializada que tuvo algunos logros que llevaron a la destrucción de importantes redes y la caída de capos como García Abrego, la muerte de Amado Carrillo, la de Ramón Arellano, la investigación de Mario Villanueva y muchos otros. Al mismo tiempo se hecho a andar algo que, si se hubiera seguido adelante, hoy nos tendría en otra situación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La administración Fox comenzó con uno de sus mayores errores: destruyó el sistema nacional, separó las áreas de seguridad de las de Gobernación, propició un enfrentamiento interno entre seguridad pública, la PGR y el Ejército cuyas consecuencias aún vivimos y dejó la lucha contra el narcotráfico en manos de un puñado de funcionarios. Algunos cumplieron con su labor, otros no, se dieron algunos golpes importantes, sobre todo por Rafael Macedo de la Concha y José Luis Santiago Vasconcelos. Pero la fuga a 45 días de iniciado el gobierno foxista, de El Chapo Guzmán fue algo más que una señal de que las cosas estaban mal y continuaron cada vez peor a todo lo largo del sexenio. Fue en el periodo final cuando se comenzó a tratar de rescatar lo que se había destruido en los cuatro años anteriores. Y tampoco se hizo como se debía.
Felipe Calderón comenzó asumiendo esas “omisiones” histórica. En muy buena medida era imprescindible, pero siguen faltando las medidas que permitan completar un verdadero entramado institucional para enfrentar a la delincuencia: no lo tiene la federación, no lo tienen los estados y municipios y no parecen tener conciencia de ello la mayoría de los políticos. Las omisiones no son tales: son enormes carencias del Estado que no ha podido construir, por las razones que fueran, las instituciones necesarias para combatir el crimen.