La tenencia vehicular fue un impuesto establecido durante el gobierno de Díaz Ordaz para financiar las Olimpiadas de 1968. De ser un impuesto temporal se convirtió en permanente, y con el paso de los años ello se reforzó porque esos recursos pasan directamente a los estados y son en buena medida la parte principal del financiamiento de los mismos.
La tenencia vehicular fue un impuesto establecido durante el gobierno de Díaz Ordaz para financiar las Olimpiadas de 1968. De ser un impuesto temporal se convirtió en permanente, y con el paso de los años ello se reforzó porque esos recursos pasan directamente a los estados y son en buena medida la parte principal del financiamiento de los mismos.
Siempre se pidió, desde distintos sectores y momentos la eliminación de la tenencia, particularmente desde el PAN y el PRD. Pero con el tiempo las cosas cambiaron: el PRI en el proceso del 2006 se negó a ello para proteger los ingresos directos de sus gobernadores; el PRD, que esperaba ganar la elección y que sabe que en el DF es donde más se recauda por ese concepto, ya no presentó formalmente la propuesta. Y sí lo hizo en su momento Felipe Calderón, incluso en uno de los debates televisivos.
Ahora el PAN presenta la propuesta formalmente y la reacción de las oposiciones, sobre todo del PRD y el PRI ha sido virulenta. El influyente diputado Jorge Estefan, presidente de la comisión de Hacienda, anunció la presentación de una iniciativa que aceptaría la desaparición de la tenencia si el gobierno federal se comprometía a entregar 30 mil millones de pesos extras a los estados para compensar los recursos de la tenencia que, dijo, estaban ya etiquetados para la realización de obras de infraestructura en los estados, una verdad a medias porque los recursos de la tenencia sí son columna vertebral de las finanzas estatales pero no están etiquetados, comprometidos.
El problema es otro: la tenencia es un impuesto anacrónico que se mantiene porque es fácil de recaudar y garantiza recursos seguros a los estados. Es una carga fiscal que, afecta sobre todo a las clases medias bajas, que no estimula la compra de automóviles nuevos y que no está justificado. No se cobra este tipo de tenencia vehicular en ningún país del mundo.
Por supuesto que los estados y municipios debería tener ingresos propios mucho mayores. La ley ya lo permite, incluso en términos de IVA (podrían cobrar hasta un 2 por ciento adicional). Lo que sucede es que estados y municipios no quieren asumir el costo que implica cobrar impuestos y garantizar los servicios correspondientes por ello. Los 30 mil millones de los que habla Estefan se podrían compensar sin mayores problemas si el esquema fiscal estuviera construido sobre otras bases, si los estados y municipios tuvieran sus propios mecanismos de recaudación.
Lo que falla es el sistema. Y los sucesivos cambios que se han realizado a la reglamentación fiscal han creado un Frankenstein que se hace más deforma en cada miscelánea y en cada reforma. Así, se rechaza el abrogar el impuesto de la tenencia vehicular, pero no se acepta el mecanismo que casi todos los países han adoptado: el del IVA generalizado, el impuesto más sencillo de recaudar, que se carga directamente al consumo y del cual se podría establecer un porcentaje directo a estados y municipios que sería mucho mayor que lo que ahora se reclama. Existen tantos regímenes especiales y tantos huecos en la legislación que se termina aprobando impuestos para los causantes cautivos sin lógica alguna, y éstos van desde el controvertido IETU, hasta el impuesto absurdo del 2 por ciento sobre nómina o el ISAN en los automóviles nuevos, mientras se impulsa desgravar los “chocolate”. El tema es recaudar y como existen demasiados compromisos, como nadie quiere asumir el costo político de establecer un sistema realmente universal que haga de cada habitante que reciba ingresos, muchos o pocos, un contribuyente, se sigue castigando a los causantes cautivos, se llamen propietarios de automóviles, aspirantes a serlo, empresario, creador de empleos o simplemente un empleador eficiente. Pareciera, con el actual sistema que cuanto más se quiere cumplir con él, mayores son los castigos. Y los incentivos son todos perversos.
Es verdad que se vive una crisis financiera con costos altos para la gente. Y también es verdad que para hacerle frente se debe contar con recursos públicos. Ahora y durante varios meses más, las inversiones más importantes (para impulsar o paliar los efectos más negativos de la crisis) serán las públicas. Pero también se deben buscar mecanismos que permitan auxiliar a los contribuyentes y a los sectores productivos. Resulta absurdo que en su publicidad electoral, por ejemplo, el PRD pida reducir el IETU (una propuesta originalmente suya), bajar los impuestos y subir los salarios, sin explicarnos, primero, cómo podría hacer simultáneamente esas tres cosas y segundo oponiéndose al mismo tiempo a los impuestos generalizados y exigiendo mantener los anacrónicos como la tenencia.
No tenemos, un sistema fiscal eficiente y justo, y nadie parece querer tenerlo: la reciente reforma fiscal es una demostración de ello, la dependencia creciente de los recursos fiscales provenientes del petróleo es otra. Y todo lo que no se hace en una época de relativa bonanza se termina pagando en una de crisis cuando se descubre que ni el Estado ni los particulares cuentan con los instrumentos suficientes para afrontarla. Nos pasa en muchos ámbitos donde no se han realizado reformas estructurales y ahora descubrimos que son imprescindibles (la reforma laboral es una de ellas) y nos sucede con el régimen fiscal.
Quizás, aunque haya sido una promesa de campaña del actual presidente, no es la hora de acabar con la tenencia. Pero si ello sirve para que se vuelva a plantear con seriedad y rapidez la construcción de un sistema fiscal realmente universal, justo, sencillo y eficiente, sin regímenes especiales y que permita activar el mercado interno y las inversiones, simplemente ello lo ameritaría.