No puede decirse engañado: al gobernador Leonel Godoy le habían advertido antes de que asumiera el cargo, tanto su antecesor Lázaro Cárdenas como los más altos funcionarios del gobierno federal (y así lo escribimos en varias oportunidades en este espacio, la última de ellas a mediados de abril) que algunos de sus colaboradores más cercanos tenían antecedentes de relación con el narcotráfico.
No puede decirse engañado: al gobernador Leonel Godoy le habían advertido antes de que asumiera el cargo, tanto su antecesor Lázaro Cárdenas como los más altos funcionarios del gobierno federal (y así lo escribimos en varias oportunidades en este espacio, la última de ellas a mediados de abril) que algunos de sus colaboradores más cercanos tenían antecedentes de relación con el narcotráfico.
Los casos más evidentes eran los de algunos funcionarios de la procuraduría estatal, entre ellos Roberto Ponce y sobre todo la que sería secretaria de seguridad pública del estado, Citlali Fernández González, de quien se decía que su esposo era nada más y nada menos que el “jefe de relaciones públicas” del cártel de La Familia, quien actuaba públicamente en la capital del estado. Como ha hecho en las últimas horas, el gobernador argumentó que conocía a su colaboradora desde hacia años y la designó en el cargo. Incluso después, cuando Citlali, Ponce y otros funcionarios tuvieron que dejar posiciones ejecutivas por la acumulación de indicios en su contra, los designó en importantes responsabilidades de asesoría.
Esos antecedentes, y lo extendido de la red de protección del narcotráfico detenida el martes, explican la secrecía del operativo. No se trata de operaciones selectivas como dijo absurdamente un dirigente perredista: se trata de la mayor operación realizada en México para desmantelar una red de narcopolíticos enquistados en diez municipios de la entidad y en prácticamente todas las instancias de seguridad del estado, incluyendo funcionarios de la oficina del propio gobernador. Un operativo de esas características contra el crimen organizado, donde se tuvo que movilizar a cientos de elementos de distintas corporaciones federales, del ejército y de la policía para poder detener en forma simultánea a los sospechosos, no puede divulgarse alegremente sin poner en riesgo el operativo y la seguridad de los elementos que lo realizaban.
No era la primera vez que ello ocurría. En varias ocasiones distintos operativos se habían frustrado por filtración de información. En los últimos meses, cuando comenzó la etapa final de esta investigación, los golpes se dieron en forma quirúrgica, deteniendo a los presuntos narcotraficantes y trasladándolos inmediatamente a las instalaciones de la SIEDO en el DF. Así ocurrió con el mayor de los golpes que se había dado hasta ahora contra la Familia michoacana: la detención de Rafael Cedeño Hernández, El Cede, su ideólogo y responsable de buena parte de la operación política del grupo, detenido junto con varios otros integrantes de la organización en un bautizo en Morelia. Cedeño operaba públicamente, se presentaba como integrante de la comisión estatal de derechos humanos, había encabezado marchas en contra de la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico y dirigía los centros “control de adicciones” Albergues Gratitud, ligado a grupos religiosos y en donde, en realidad, se adoctrinaba jóvenes, sobre todo de Michoacán, el estado de México y Guanajuato, para convertirlos en miembros de la organización criminal. No era una operación discreta: según reconoció El Cede después de su detención pasaron por esos “cursos” unos 9 mil jóvenes. Incluso se les otorgaba un diploma de reconocimiento y se distribuía masivamente el libro en el que se sustentaba la doctrina de la organización titulado El más loco. Un ejemplar decomisado a principios de este año decía que en el 2008 se habían distribuido 70 mil ejemplares del mismo.
Es más grave aún: a esos Albergues Gratitud, que hasta la semana pasada seguían funcionando normalmente a pesar de que su director estaba detenido, la procuraduría estatal, enviaba a muchos jóvenes que sufrían de problemas de adicciones. No es extraño cuando el procurador del estado, el subprocurador, su coordinador de asesores y otros funcionarios, incluyendo un juez de primera instancia, trabajaban para el cártel donde, en lugar de alejar a los jóvenes de las drogas, se los involucraba de lleno en ese mundo. Hay detalles terribles de esa relación: en muchos casos, los jóvenes eran convencidos de que había que acabar realmente con la droga y matar a quiénes traficaban con ella. Pero con ese convencimiento se los utilizaba como sicarios para eliminar a narcotraficantes rivales. Y todo eso ocurría a plena luz del día.
Tampoco es extraño que entre los detenidos estén funcionarios de áreas de obras públicas y fomento industrial. Cada vez más La Familia, como hacen otros cárteles en otros lugares del país, exigen a su esquema de protección no sólo colaboración en materia de seguridad, sino también en las áreas de inversión pública. Si en el pasado, muchos grupos pedían colocar, luego del correspondiente apoyo electoral, a los secretarios o directores de policía locales, ahora, como hemos visto, colocan a los presidentes municipales, independientemente del partido en el que militen, y cada vez más a los encargados de adjudicar obras: ello aumenta su peso, les permite expandirse y sirve como un instrumento valioso para el lavado de dinero.
No se puede argumentar que alguien fue tomado por sorpresa. En todo caso, la sorpresa consistió en que se adoptó una acción tan radical y de fondo en forma simultánea. Antes se había detenido a miembros de cárteles, se había golpeado algunas estructuras de protección, incluso presidentes municipales que habían terminado prófugos o detenidos. Pero ésta es la primera vez que el golpe se da simultáneo y en todos los niveles, que se desmantela una red con casi todos sus componentes.
No sé si después de lo que vimos Leonel Godoy se debe ir o no, lo que sí queda claro es que por lo menos es imprescindible una explicación sobre porqué se dejó avanzar tanto una situación cuando incluso se tenía buena parte de la información en las manos del ejecutivo estatal.