Lo sucedido en Nuevo León es injustificable: que policías municipales y estatales se movilicen contra las fuerzas de seguridad federales y el ejército, que lo hagan armados y que bloqueen las principales calles de Monterrey, no puede tener ni justificación y tolerancia alguna.
Lo sucedido en Nuevo León es injustificable: que policías municipales y estatales se movilicen contra las fuerzas de seguridad federales y el ejército, que lo hagan armados y que bloqueen las principales calles de Monterrey, no puede tener ni justificación y tolerancia alguna.
Los operativos realizados en las ultimas semanas en el estado, donde han sido detenidos decenas de mandos y elementos policiales por su relación con el narcotráfico, no son un hecho aislado. Son parte de las operaciones que se han dado en distintos lugares del país y que se pueden prestar a muchas especulaciones políticas pero son consecuencia del abandono o la prescindencia en que se ha dejado en ese estado y en muchos más, a la lucha contra la delincuencia. Puede ser que los operativos, como se ha especulado en el PRI, tengan relación con las disputadísimas elecciones que se realizarán el 5 de julio en Nuevo León. Pero no se basan en hechos falsos, sino en una situación que el estado ha sufrido desde tiempo atrás. Entre los detenidos no hay sólo mandos y elementos policiales de municipios priistas, los hay también de municipios tan importantes como el del propio Monterrey, que encabeza el panista Adalberto Madero.
Pero incluso así, lo que no se puede aceptar es la prescindencia de la autoridad. Recordemos las manifestaciones de los llamados tapados, que organizados por los Zetas estuvieron semanas atrás bloqueando calles de Monterrey protestando por los operativos del ejército en el estado sin ser molestados por las autoridades: las del gobierno estatal dijeron que retirar a esos grupos era responsabilidad del municipio; éste no movió un dedo y dijo que era el Estado el que debía enfrentar a los manifestantes y los dos dejaron que las provocaciones y bloqueos continuaran hasta que intervino la Policía Federal. Ahora los hechos se repiten con el agravante de que son policías del Estado y de los municipios los que se manifiestan y bloquean, y son ellos mismos los que lo hacen armados y agrediendo a fuerzas federales. Esa sola manifestación, ese sólo hecho, justificaría la necesidad de los operativos que ha lanzado el gobierno federal en la entidad: simplemente no se puede poner la confianza ciudadana en ese tipo de elementos policiales. Y resulta incompresible, si el hecho no fue tolerado o impulsado desde esas mismas autoridades locales, que éstas no hayan intervenido para impedirlo.
La elección en Nuevo León no va por un buen camino. Es mucho lo que está en juego tanto para el PRI como para el PAN y la guerra sucia, que se inició desde hace varios meses ha recurrido a prácticamente todo, incluyendo algunos medios que se prestaron a ser voceros, por intereses particulares, de los mensajes de los narcotraficantes y que han convertido especulaciones en “investigaciones periodísticas” plagadas de errores y de datos sin confirmar. Es verdad que nadie está en libertad de arrojar la primera piedra, pero de la misma forma que no se puede afirmar, sin pruebas, que familiares cercanos del gobernador Natividad González Parás están ligados al narcotráfico o que acaban de huir del país para no ser detenidos, tampoco se puede sostener que el panista Fernando Elizondo ha realizado malos manejos financieros en la administración pública sin documentarlo. Tampoco pueden aceptarse y divulgarse mensajes del crimen organizado acusando a funcionarios (¿desde cuando el crimen organizado acusa a los que le sirven?) de la misma forma que no se puede dejar en libertad de acción, operando a placer entre esos mismos medios, a quienes han tenido en el pasado y ahora, acusaciones firmes en su contra, incluyendo condenas por algunos de los delitos que más condena la sociedad.
Es, o debería ser, inaceptable. Pero allí está el caldo de cultivo que permite que se actué con tanta indolencia o temor ante hechos tan graves como las movilizaciones de los tapados de hace unas semanas, o los bloqueos violentos de los policías locales de estos días. Quizás no se les puede pedir a los partidos en plena recta final de una elección tan importante y reñida, mayor responsabilidad y menos utilización de las armas de la guerra sucia, pero sí a las autoridades que mínimamente cumplan con su deber y hagan frente a desafíos tan evidentes a la seguridad pública y la confianza ciudadana.
Nuevo León no es ni será el único estado donde se realizan estos operativos. Se han dado en Morelos, en Michoacán, en Chihuahua. En otros se espera que tarde o temprano los mismos se repitan porque son inevitables ante el deterioro de muchas fuerzas policíacas e instituciones locales. Sin embargo, con todas las diferencias del caso, no es lo mismo la actitud de gobernadores, desde el panista Marco Adame hasta el priista Jesús Aguilar, que se han declarado dispuestos a colaborar con las fuerzas federales, a la de quienes argumentan desafíos a la soberanía estatal porque sus colaboradores son detenidos o cuando se ignoran hechos tan preocupantes como bloqueos y amenazas de las propias policías cuestionadas e investigadas. ¿Quién organizó la marcha de los habitantes de los municipios michoacanos de días atrás, quién la de estos “policías” regiomontanos?. Allí están las respuestas.
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Es información que no suele estar en nuestras primeras páginas pero no podemos pasar por alto la detención y condena a doce años de trabajos forzados en un verdadero campo de concentración, que han sufrido por parte de las autoridades de Corea del Norte, las reporteras Laura Ling y Euna Lee, de la cadena estadounidense Courrent TV (propiedad, por cierto de Al Gore). No estaban haciendo espionaje: estaban documentando la situación de los cientos de miles de refugiados que huyen de Corea del Norte hacia China. Cometieron el error de acercarse a la frontera y hoy, simplemente, son rehenes de una de las dictaduras más feroces del planeta.