Ahora resulta que, según sus simpatizantes y algunos comunicadores, se persigue al Sindicato Mexicano de Electricistas por sus posiciones políticas. El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, afirma que la mejor demostración de ello es que se acosa a ese sindicato, según él, progresista, y no a los otros, como el petrolero o al de los maestros. Algunos grupos sindicales afirman que se está violando la autonomía sindical al negar la toma de nota y se preguntan por qué sólo a esa agrupación gremial.
Ahora resulta que, dicen sus simpatizantes y algunos comunicadores, se persigue al Sindicato Mexicano de Electricistas por sus posiciones políticas. El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega afirma que la mejor demostración de ello es que se acosa a ese sindicato, según él progresista y no a los otros, como los petroleros, o los maestros. Algunos grupos sindicales afirman que se está violando la autonomía sindical al negar la toma de nota y se preguntan porqué sólo a esa agrupación gremial.
En realidad, nada de eso es verdad. Cuando dicen que persiguen al SME por su posición política habría que preguntarse cuál es esa posición: ¿la del apoyo inicial al presidente López Mateos que salvó a la empresa privada canadiense The Mexican Light and Power Co. de la quiebra al “nacionalizar” , pagando 70 millones de dólares por una empresa que debía 78 millones, los cuales el propio gobierno absorbió?¿la del apoyo a López Portillo para que no se cumpliera con el decreto de 1974 que autorizó la disulición y liquidación de la empresa porque, desde entonces, sus números eran insostenibles?¿O la posición política que los llevó en 1988 a apoyar la candidatura de Carlos Salinas de Gortari a cambio del compromiso de que en su sexenio no se liquidaría a Luz y Fuerza?¿se referirán al abierto coqueteo que realizó el SME en el año 2000 con el candidato Vicente Fox o a la abierta participación en la candidatura en el 2006 de López Obrador o la que en las elecciones de julio pasado apoyó al PRI en diversos distritos de Puebla?. El SME lo que ha demostrado es que la posición política que ha marcado su accionar es aquella que le permite defender sus intereses de grupo y ha cambiado de partido y candidato cada vez que ha sido necesario.
Se podrá argumentar que es legítimo hacerlo y que otros sindicatos también actúan de la misma forma. Es verdad, pero precisamente por eso, la razón de fondo de que se desconozca la elección en el SME no son sus cambiantes posiciones políticas, sino algo mucho más simple: en esos comicios internos se hizo un fraude inocultable. Hubo 40 por ciento más de votos que electores registrados, y la diferencia entre Martín esparza y Alejandro Muñoz fue de apenas 325 votos. Las irregularidades registradas son más de 40 incluyendo la muy folclórica tradición de hacer votar a los muertos.
Habría que preguntarle a quienes hablan de la violación a la autonomía sindical si ella incluye la posibilidad de realizar fraudes o de utilizar, como lo hace la dirignecia del SME, los recursos que reciben en forma absolutamente discrecional. Por ejemplo, según el tesorero Alejandro Muñoz, el salario de Esparza es de unos 370 mil pesos, o sea que en realidad ganaría unas dos veces más que el propio director de la empresa. Pero con ese salario, sin duda bueno, no se explica que el dirigente sindical tenga caballos, caballerangos, gallos de pelea y entrenadores para los mismos. Lo cierto es que lo que las perididas de luz y fuerza del centro que el gobierno federal subsidia equivalen a prácticamente todo lo que se recudaria con el impuesto generalizado del 2 por ciento y esos recursos simplemente no se sabe a donde van.
La diferencia es que se intenta politizar el conflicto para no asumir esa realidad. Es tan absurdo plantear que se persigue al SME por sus posiciones polìticas como lo declarado por Esparza de que en realidad lo que se busca es la privatización de luz y fuerza. Olvidemos por un momento que esa supuesta privatización estaría prohibida por la constitución y que para hacer una reforma de ese tipo se requerirían dos terceras partes de los votos en el congreso, algo imposible de lograr en la actual coyunctura. Pero imaginemos que esto se pudiera dar ¿qué empresario sensato quiere una empresa que pierde 42 mil millones de pesos al años, con 40 mil empleados cuando, si tomamos como parámetro la CFE, se podría operar con nueve mil?
Lo que viene es un conflicto político y legal que se tendrá que evitar que discurra por los mismos caminos que transitó hace seis años los videoescándalos y el desafuero. En aquella oportunidad la insuficiente capacidad política del gobierno y las dudas del PRI permitieron que quienes habían violado la ley aparecieran como víctimas, y nos precipitamos en una crisis que aún no concluye. En última instancia se debe evitar que se oculte el capítulo central: el despilfarro de recursos en un sindicato cuestionado y una empresa quebrada.