La administración de Calderón tomó la noche del sábado la decisión política más importante del sexenio al decidir liquidar Luz y Fuerza del Centro y ejecutar así lo que se había aprobado desde diciembre de 1974, en el gobierno de Luis Echeverría, y que durante 35 años, una y otra vez, se había postergado por consideraciones políticas y electorales. Rompió, también, con el tabú de que este tipo de empresas y sindicatos no podían ser tocados. Vendrán, sin duda, días complejos en esta historia, pero por lo menos el sábado se demostró que no había problema alguno en tomar las instalaciones, hacer que las mismas siguieran funcionando y establecer con claridad un plan de liquidación para los trabajadores.
La administración Calderón tomó la noche del sábado la decisión política más importante del sexenio al decidir liquidar la compañía de Luz y Fuerza del Centro, ejecutando así lo que se había aprobado desde diciembre de 1974, durante el gobierno de Luis Echeverría, y que durante 35 años, una y otra vez, se había postergado por consideraciones políticas y electorales. Rompió, también, con el tabú de que este tipo de empresas y sindicatos no podían ser tocados. Vendrán, sin duda, días complejos en esta historia, pero por lo menos el sábado se demostró que no había problema alguno en tomar las instalaciones, hacer que las mismas siguieran funcionando y establecer con claridad un plan de liquidación para los trabajadores.
La mejor demostración de la crisis que vivía LyFC es que la liquidación de la empresa y de todos sus trabajadores equivale a un tercio de lo que se entregó este año de subsidio para el gasto corriente de la misma: 42 mil millones recibió Luz y Fuerza de subsidio y la liquidación de su contrato colectivo costará 16 mil millones, más otros 4 mil millones que destinarán al pago de compensaciones adicionales para sus trabajadores. Sus pensionados y jubilados no tendrán, como se anunció, ninguna modificación en sus percepciones y en su régimen de retiro pese a la liquidación de la empresa.
Es un tema político clave porque el ejecutivo logró ejercer sus atribuciones y liquidar una empresa que resultaba inviable y onerosa para el conjunto del país, incluyendo las dos terceras partes de los mexicanos que no recibían servicio de ella pero si tenían que pagar fiscalmente sus rezagos. Una empresa que prestaba un pésimo servicio, cada día más desfasado de las necesidades del país y de la ciudad de México. Un servicio caro, mucho más caro que el de la CFE y menos eficiente en todos los sentidos. Se acaba con un sindicato que aprovechó todas las coyunturas políticas y la complacencia de las distintas administraciones desde la nacionalización de LyFC en 1960 hasta el día de ayer, para construir un contrato colectivo leonino que fue el que en última instancia terminó catalizando la quiebra de la empresa. Con una dirigencia sindical, además, que tras un discurso supuestamente de izquierda cayó en los mismos abusos y excesos de las corrientes más criticadas del movimiento obrero oficial.
La decisión del sábado en la noche impone también al gobierno una norma de acción para el futuro: tendrán que revisarse los números y la actuación de otras instancias públicas y tomar medidas en ese sentido. No todo lo que administra o impulsa el Estado tiene que tener números negros, pero no puede existir un despilfarro tan notable como el que se vivía en LyFC. Y eso incluye unos sindicatos cuyos recursos y prácticas casi nunca son transparentados. Y allí existe una demanda ciudadana inocultable para que se avance en ese sentido.
Como existe esa misma demanda para que, también, los partidos políticos transparenten sus recursos, sobre todo los que reciben del erario. De la misma forma que los dirigentes del SME reclaman ahora que les regresen “su” empresa, aunque dilapiden recursos y se la hayan literalmente acabado con sus excesos, ahora los dirigentes de los partidos, en particular del PRD, pero también del PRI, están indignados porque el líder del PAN, César Nava, tuvo la osadía de presentar una iniciativa de ley que recorta en 50 por ciento sus ingresos federales y en 100 por ciento los locales. En 2010, que no es año electoral federal, los partidos recibirán la friolera de 6 mil millones de pesos entre recursos de la federación y de los estados. Con el recorte propuesto su presupuesto estaría en unos 2 mil millones de pesos, una cantidad nada despreciable, pero que para el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, es “demagógica y electorera”, exige que no se recorte el presupuesto partidario, mientras que olvidando que tiene en sus filas al diputado prófugo Julio César Godoy, dice que con esa reducción de recursos entrará en los partidos dinero del narcotráfico.
¿Para qué quieren los partidos seis mil millones de pesos al año y el doble en año electoral?¿cómo pueden exigir que se recorten gastos en todos los ámbitos y ellos no están dispuestos a sacrificar ni un centavo?¿con qué cara pueden explicárselo a la sociedad?. No será fácil pero esperemos que la liquidación de LyFC sea el primer paso para dejar de derrochar el dinero que no tenemos.