Cuando la Suprema Corte de Justicia politiza sus decisiones normalmente no deja conforme a nadie, pero más grave aún: pone en riesgo su legitimidad. Y eso sucede cada vez que decide asumir casos que por su propias características son netamente políticos, como el que acaba de resolver de Oaxaca.
Cuando la Suprema Corte de Justicia politiza sus decisiones normalmente no deja conforme a nadie, pero más grave aún: pone en riesgo su legitimidad. Y eso sucede cada vez que decide asumir casos que por su propias características son netamente políticos, como el que acaba de resolver de Oaxaca.
La resolución es un galimatías. Con la misma lógica que ha utilizado la Corte para llegar a la conclusión de que el gobernador Ulises Ruiz fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto con la APPO en 2006, se podría argumentar que, por ejemplo, si el SME toma partes de la ciudad de México en estos días será responsabilidad del gobierno local no haberlo previsto y evitado. Y cuando intente desalojarlos será responsable de haber violado sus derechos. No es una exageración: la Corte concluyó que “se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información” de la población de la capital oaxaqueña y de los municipios conurbados. Además de “las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación y de propiedad”. Violaciones, concluyó el pleno, que se cometieron tanto por las decisiones erróneas que tomó el gobernador para resolver el conflicto y que, por el contrario, lo incentivaron, como por las acciones que omitió adoptar para proteger a la población.
Sin duda el gobierno del estado en aquellos días cometió muchos errores políticos y de seguridad, pero pensar que si se hubieran tomado las decisiones “correctas” no hubiera pasado el conflicto a mayores es caer en el más absoluto subjetivismo. Habría que preguntarle a los ministros de la Corte, por ejemplo, ¿cuáles consideran que serían las medidas correctas que habrían evitado el conflicto?¿cuáles fueron las medidas erróneas que provocaron que la APPO tomara buena parte de la capital del estado, sus calles, comercios, instituciones educativas y medios de comunicación?¿tendrían que haberle dicho que sí a todo lo que planteaban originalmente los manifestantes o habría que haber sido más duro e impedir sus movilizaciones desde el inicio?¿se condena al gobierno del estado porque fracasó el muy mal planeado operativo de desalojo del centro que realizaron en junio del 2006 y se exonera al gobierno federal porque funcionó el de noviembre de ese mismo año?. Si percibe la Corte atenuantes en la acción del gobierno federal como para exonerar al entonces presidente Fox ¿no los percibe en la acción del gobierno estatal ante un movimiento violento y desestabilizador?.
Insisto en un punto: se cometieron muchos errores en el accionar del gobierno estatal, pero en todo caso se trata de errores políticos que deben ser juzgados por la propia ciudadanía a la hora del voto, pero si se utiliza el criterio de la Corte ante cualquier otro conflicto se perdería cualquier sentido de autoridad, pero, además, las mismas serían responsables de lo que hiciera cualquier grupo o persona en su jurisdicción: con la tesis de la Corte, por ejemplo, y asumiendo que se trata de una exageración, Rudolph Giuliani, el entonces alcalde de New York habría violado los derechos humanos de los neoyorkinos al no haber tomado las medidas adecuadas para garantizar “sus derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información, además de las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación y de propiedad” ante los atentados terroristas del 11-S. O regresando a territorios más conocidos, el entonces jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, fue responsable de la violación de los derechos humanos de los capitalinos por permitir el plantón en Reforma y el Centro Histórico de López Obrador, con el agravante de que el propio gobierno capitalino lo apoyó explícitamente.
¿Cómo se puede medir legalmente una situación como la vivida en Oaxaca?. En mi opinión la crisis oaxaqueña del 2006 representó el más claro ejemplo de la parálisis y las insuficiencias que se vivieron entonces: un gobierno local debilitado por una elección cuestionada y por la acción desestabilizadora y simultánea de grupos opositores y de su propio antecesor; un gobierno federal ocupado en una elección federal compleja; una oposición radical volcada a las calles y capaz, sobre todo en el caso del estado, de llegar a cualquier tipo de violencia; la indecisión de los gobiernos, federal y local, a la hora de hacer cumplir la ley. La decisión de la Corte peca de “políticamente correcta”, y por lo tanto de superficial y subjetiva. Y eso es lo peor que le puede pasar al máximo tribunal en el país.