La historia de la muerte anunciada de Héctor El Negro Saldaña, quien era calificado como el responsable de la ola de secuestros y extorsiones que sufrían Monterrey y sobre todo el municipio de San Pedro Garza García, con las declaraciones del presidente municipal Mauricio Fernández Garza y todas las especulaciones que se han dado posteriormente respecto a la existencia de grupos paralegales, ha desatado, además, una ola de violencia en distintos municipios de Nuevo León. El asesinato del general retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de seguridad pública del municipio de García, conurbado a Monterrey y de su equipo más cercano, es una demostración de lo delicado de la situación que deviene, en muy buena medida, del recambio gubernamental en los municipios del estado.
La historia de la muerte anunciada de Héctor El Negro Saldaña, quien era calificado como el responsable de la ola de secuestros y extorsiones que sufrían Monterrey y sobre todo el municipio de San Pedro Garza García, con las declaraciones del presidente municipal Mauricio Fernández Garza y todas las especulaciones que se han dado posteriormente respecto a la existencia de grupos paralegales, ha desatado, además, una ola de violencia en distintos municipios de Nuevo León. El asesinato del general retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de seguridad pública del municipio de García, conurbado a Monterrey y de su equipo más cercano, es una demostración de lo delicado de la situación que deviene, en muy buena medida, del recambio gubernamental en los municipios del estado.
Porque independientemente de las declaraciones o de lo controvertido que sea Mauricio Fernández, en un punto tiene toda la razón: la tónica de la mayoría de los gobiernos municipales es, lisa y llanamente “hacerse güeyes” ante los desafíos de la seguridad. Pero no se trata sólo de voluntad. Un municipio como San Pedro puede y debe tener una policía local operativa, puede construir como dijo Fernández Garza, cuerpos de inteligencia, puede tener una visión que vaya más allá de solucionar los problemas de tránsito. El problema es estructural y en muchas ocasiones, trasciende la voluntad de los actores.
La base de la seguridad no puede seguir dependiendo de los gobiernos municipales. Simplemente no están en condiciones de garantizarla: si el 95 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común y cerca de la mitad de ellos están relacionados con el robo, resulta evidente que las policías municipales se encuentran rebasadas. Ni siquiera imaginemos, salvo algunos municipios importantes como San Pedro, la impotencia o el desinterés de esas policías locales para atender fenómenos como el secuestro o el narcomenudeo, delitos que también tendrían que entrar dentro de sus atribuciones legales.
Hay que insistir en un punto que señaló Genaro García Luna en su accidentada comparecencia en la cámara de diputados: se deben crear 32 policías estatales que concentren las actividades y atribuciones de las municipales y que a su vez se puedan coordinar eficazmente con la federación. Los datos para sustentar esa necesidad son rotundos. La mitad de las policías municipales tienen menos de 20 elementos (con la rotación de los mismos por sus turnos quedan unos cinco o seis en cada uno de ellos). En los hechos, el 88.5 por ciento de los municipios no pueden contar con más de 33 elementos activos. Otras 25 corporaciones locales, la de los municipios principales, concentran el 26 por ciento de los elementos. Pero su situación es lamentable: el 70 por ciento de los policías municipales tienen menos de 10 años de instrucción; la mayoría tienen más de 35 años de edad y el 61 por ciento de todos los policías municipales no ganan más de 4 mil pesos mensuales. Esa es la realidad. ¿A esos cuerpos de policías se le debe encomendar hacerse responsables de la base de la seguridad en nuestro país?
Se ha dicho que no habría presupuesto que alcance para cubrir esos cuerpos policiales, homologando salarios, equipos, estructuras. Con el esquema actual quizás no, pero cuando se habla de crear 32 policías estatales no se habla de simplemente sumar a los que ya están y hacer una suerte de conglomerado de todo lo existente sino de rediseñar el sistema. No nos faltan policías en el país, lo que no tiene sentido es su distribución y su organización. En lugar de concentrar elementos y esfuerzos éstos se dispersan y malogran: y en lugar de contar en los municipios con la base de la pirámide de seguridad en el país lo que tenemos es la base de la penetración de la delincuencia en las estructuras policiales.
En Nuevo León se está dando una coyuntura especial que podría ser la piedra de toque para cambiar las cosas. Existe un nuevo gobierno estatal con el compromiso de avanzar seriamente en el ámbito de la seguridad. Controvertidos o no, hay nuevos presidentes municipales decididos a acompañar ese avance. Y existe una sociedad que está harta de una inseguridad que hasta hace unos pocos años les era ajena. Nuevo León podría y debería ser la punta de lanza, el laboratorio social (como lo ha hecho en muchos otros ámbitos) para demostrar que se pueden cambiar las cosas y que se puede tener una policía estatal poderosa que absorba a sus vulnerables policías municipales. Y que le devuelva la seguridad a su gente.