No terminaba aún de aprobarse el presupuesto pero ya había ganadores y perdedores en la distribución de los recursos públicos para el 2010. Los ganadores son sin duda los gobernadores, que se han quedado, directa e indirectamente, con aportaciones mucho mayores que en el pasado inmediato. El perdedor es el Ejecutivo federal que ha visto un recorte muy importante de recursos aunque preservó los programas sociales más importantes, como Oportunidades y el Seguro Popular.
No terminaba aún de aprobarse el presupuesto pero ya había ganadores y perdedores en la distribución de los recursos públicos para el 2010. Los ganadores son sin duda los gobernadores, que se han quedado, directa e indirectamente, con aportaciones mucho mayores que en el pasado inmediato. El perdedor es el Ejecutivo federal que ha visto un recorte muy importante de recursos aunque preservó los programas sociales más importantes, como Oportunidades y el Seguro Popular.
Pero, en realidad, por lo que se pudo apreciar ninguno de los sectores de poder ha perdido demasiado, pese a que resulta evidente ese peso cada vez mayor de los gobernadores. El ejecutivo federal perdió pero preservó lo importante, aunque existen una serie de limitantes para compras y estructuras de mandos medios y altos muy considerables que no se aplican a los gobiernos locales. También ha sufrido recortes en las áreas de comunicación social que, una vez más no son equivalentes para los gobiernos estatales. Pero en última instancia ello era parte de los condicionamientos que el propio Ejecutivo sabría que tendría y el poder controlar en forma centralizada los principales programas sociales de alguna manera lo compensa. Como el senado no ha hecho la reforma para desaparecer las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y la Contraloría, las tres han tenido recursos asignados y los mismos se canalizarán a las dependencias que las absorban si es que eso finalmente sucede.
Por su parte los estados han recibido apoyos que provendrán de distintos ámbitos, no sólo de las participaciones federales. Tendrán, por ejemplo, un control muy amplio sobre los recursos destinados a infraestructura (más de 52 mil millones) y también de los que se canalizaron al campo (72 mil millones, buena parte de ellos destinados al Procampo).
A pesar de que se habló de recortes importantes al congreso y a los partidos, los mismos no parecen ser equivalentes al que sufrió, por ejemplo, la presidencia de la república. La cámara de diputados seguirá conservando un presupuesto cercano al actual de 4 mil 700 millones de pesos y el senado de unos 3 mil 600 millones, aunque en su caso se le complicará la situación por los 600 millones de pesos que requiere para concluir su nuevo edificio sede. Se habla de un recorte en el gasto de los partidos, pero lo cierto es que el presupuesto del IFE, de dónde salen las prerrogativas para los partidos, será de 8 mil 600 millones de pesos (unas cinco veces mayor que el gasto de la presidencia de la república).
Pero, por detrás de esta danza de cifras, lo que debería ser considerado es el debilitamiento cada vez mayor de las instituciones centrales. Si el presupuesto, como se dice, es política concentrada, lo que tenemos es un ejecutivo federal cada vez más acotado, con mayores regulaciones y controles, contra estados que cuentan cada vez con mayores recursos y mucho mayor margen para decidir qué hacer con ellos. El esquema puede sonar más federalista, pero entonces se deberá asumir que cada vez más deben ser los estados (o el congreso) los que tendrán que dar respuesta a muchas de las principales exigencias ciudadanas. Y hoy no es así.
Estos cambios se reflejan en términos políticos, no sólo ahora, sino también en el 2012, si alguien quiere analizarlo en términos futuristas. Hemos pasado de una presidencia imperial, como la denominaba Enrique Krauze, a una presidencia cada vez más acotada en sus atribuciones y capacidad de operación. Lo que antes se podía resolver en Los Pinos hoy tiene que ser resuelto en los palacios de gobierno locales o en las muchas capillas que quedan abiertas y tienen poder de decisión o de veto.
Y no creo que eso sea positivo en sí mismo. El poder no se está descentralizando, se está feudalizando, porque no se conservan atribuciones fuertes en el ejecutivo federal que permitan mantener un curso común de las cosas. Y eso lo estamos sufriendo en la educación y en la seguridad, en las obras de infraestructura y en la salud. Gastamos mucho más con este sistema, pero gastamos mal, en forma redundante y los resultados son cada vez más mediocres, mientras que los grupos de poder que se benefician de esta distribución de espacios y atribuciones tienen cada más mayor poder de decisión y menor control ciudadano o político.
El sistema político, gane quien gane en el futuro, salvo que se regrese a los periodos del carro completo o las mayorías absolutas, no funcionará adecuadamente porque lo que se han roto son los equilibrios internos con reformas legales y decisiones electorales, fiscales y presupuestales que no permiten que exista un eficaz sistema de contrapesos. Y eso debe revisarse con urgencia, porque debería resultar evidente que el sistema, parchado y desquilibrado como está, no puede seguir garantizando una plena gobernabilidad en el sentido más estricto de la palabra.