Quizás somos una sociedad mucho más conservadora de lo que presumimos; quizás se trata de que cada vez más los poderes fácticos tienen mayor poder real; quizás es una confirmación de que los partidos y sus dirigentes no se sustentan en plataformas sino en intereses coyunturales, pero lo cierto es que en pocas ocasiones se ha podido comprobar con mayor transparencia cómo esos tres factores se combinan para proporcionarnos leyes que responden a intereses estrictamente políticos y subordinadas a un poder que aparentemente partidos y congresos perciben como superior: el de la iglesia.
Quizás somos una sociedad mucho más conservadora de lo que presumimos; quizás se trata de que cada vez más los poderes fácticos tienen mayor poder real; quizás es una confirmación de que los partidos y sus dirigentes no se sustentan en plataformas sino en intereses coyunturales, pero lo cierto es que en pocas ocasiones se ha podido comprobar con mayor transparencia cómo esos tres factores se combinan para proporcionarnos leyes que responden a intereses estrictamente políticos y subordinadas a un poder que aparentemente partidos y congresos perciben como superior: el de la iglesia.
En el tema del aborto, como en cualquier otro, puede haber todas las posiciones posibles, pero ¿cómo explicar que, repentina y unánimemente, el PRI y el PAN hayan coincidido con la iglesia y en pocos meses pudieran haber votado en 17 estados leyes similares que en los hechos impiden la interrupción del embarazo y establecen, con la certeza científica que suele caracterizar a nuestros legisladores, sobre todo los locales, que la vida comienza en el momento de la concepción?. El último fue Veracruz y allí tuvieron el apoyo de una de las fuerzas que se califican de izquierda, Convergencia.
Pero en Veracruz fueron más allá. No sólo decidieron que la vida comienza en el momento de la concepción (una creencia legítima pero no sustentada científicamente) sino que fueron más allá y al mejor estilo talibán decidieron que la mujer que cometa un aborto no irá a la cárcel sino a rehabilitación, física o psicológica, como si fuera un adicto que comete un delito. Sólo falto que, para emular lo que hacía la antigua Unión Soviética con sus disidentes, las internen en un psiquiátrico, asumiendo que quien no acepta esa legislación, que quita todo derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sencillamente está alterada de sus facultades mentales. Como los legisladores veracruzanos se sienten muy progresistas con su medida, se debe aclarar que no obligarán a las siempre orgullosas mujeres veracruzanas a utilizar una burka.
¿Desde cuándo el PAN y el PRI (y hasta Convergencia) coinciden tanto en estos temas?. Desde hace unos meses y lo hacen con el discurso más reaccionario posible: la insistencia, que no está basada en dato alguno, de que desde que se aprobaron las nuevas leyes de interrupciónn del embarazo, el DF “se ha convertido en la capital del aborto”. Es sencillamente una tontería. No se realizan ni más ni menos abortos, la enorme diferencia es que no se realizan tantos en la clandestinidad, como ocurre en todo el país y en forma muy destacada en estados como Veracruz. Pero parecería que esa situación es la que se busca preservar: que en el camino mueran las mujeres que deben recurrir a esas intervenciones clandestinas parece importarle poco a estos legisladores y a los dirigentes partidarios que ordenaron esa estrategia en todo el país.
El punto es que esos acuerdos han ido más allá y han estado concertados con la iglesia como factor determinante: transita por las leyes de interrupción del embarazo, pero se volvieron a manifestar en la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que la única razón que unificó a panistas y priistas para rechazar la candidatura de Emilio Alvarez Icaza fue que éste apoyó la ley sobre el tema en el DF (mientras que desde la CNDH, José Luis Soberanes, que fue un destacado abogado de la diócesis capitalina, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por la legislatura del DF). Y ahora se está perfilando otra alianza similar para ajustar las cosas en otra instancia que no frenó esa ley capitalina: la Suprema Corte de Justicia, donde se deberán reemplazar dos integrantes. Y existe la intención, como ocurrió en la CNDH, de que se autocalifiquen los aspirantes como de centro, izquierda o derecha, ambos tengan posiciones similares en estos temas.
Volvemos a la pregunta ¿cómo explicar esa súbita confluencia de intereses entre dos partidos que se supone que han tenido diferencias históricas en esos temas durante años?. Sólo hay dos respuestas que quizás pueden complementarse: o las diferencias en realidad no eran tantas, o ha ganado el compromiso preelectoral y la decisión de que ninguno de los dos desea hacer enojar a la iglesia, que les ha hecho favores importantes a ambos de cara a ese proceso, antes del 2012. El PAN gana, es su posición histórica sobre el tema. Pero ¿cómo podrá explicarlo Beatriz Paredes?