Hace unos días en la tercera emisión de Imagen Informativa un radioescucha me preguntaba mi opinión sobre el libro La Guerra Fallida contra el narcotráfico de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Le decía que lo que me parece fallido es el libro, lo considero decepcionante viniendo de dos hombres talentosos que han estado en la pasada administración en el centro del poder. Y es decepcionante, sobre todo, porque parte de premisas subjetivas y falsas, que ahora, sobre todo Castañeda, está impulsando, tanto en México como en Estados Unidos, presentándolas como auténticas.
Hace unos días en la tercera emisión de Imagen Informativa un radioescucha me preguntaba mi opinión sobre el libro La Guerra Fallida contra el narcotráfico de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Le decía que lo que me parece fallido es el libro, lo considero decepcionante viniendo de dos hombres talentosos que han estado en la pasada administración en el centro del poder. Y es decepcionante, sobre todo, porque parte de premisas subjetivas y falsas, que ahora, sobre todo Castañeda, está impulsando, tanto en México como en Estados Unidos, presentándolas como auténticas.
La tesis del libro se basa en la afirmación de que el presidente Calderón lanzó su batalla contra el narcotráfico porque buscaba legitimarse luego de la elección presidencial del 2006. No muestran los autores una sola prueba de ello, se limitan a presentar como buena su interpretación. Pero para sustentar esa tesis dicen algo falso: que los índices de violencia y de control territorial del narcotráfico en México en ese año se habían reducido sustancialmente. Es falso: la ola de violencia que azotó los centros neurálgicos del narcotráfico desde mediados del 2005 y durante todo 2006 se puede registrar sencillamente en cualquier hemeroteca. Y cualquier especialista en el tema les podría explicar a Casteñada y Aguilar cómo ese proceso se acentuó en la misma medida en que por una decisión gubernamental, buena parte de los efectivos militares y policiales que estaban controlando las zonas de influencia del narcotráfico se retiraron a los grandes ciudades como medida de prevención ante la posibilidad de actos desestabilizadores en torno a las elecciones. Así crecieron lo mismo el control territorial del narcotráfico que conflictos como el de Oaxaca. Y comenzó también una guerra casi abierta entre los distintos cárteles: ¿no se recuerdan las cabezas clavadas en las oficinas gubernamentales en Acapulco?¿las arrojadas en una pista de baile de un burdel en Michoacán?¿la ola de asesinatos que asolaba Tamaulipas?¿la llegada de los Zetas a Monterrey y sus municipios conurbados?. Pero además el libro sostiene que no ha aumentado el consumo de drogas en México y eso es, nuevamente, falso: todos los estudios serios demuestran que hay un creciente consumo de drogas en nuestro país y la última encuesta nacional de adicciones lo confirma, con un crecimiento generalizado sobre todo entre los adolescentes: ¿un ex canciller y un ex vocero presidencial no pueden consultar las encuestas nacionales de adicciones antes de sustentar esa tesis?¿no pueden, por ejemplo, hablar con los Centros de Integración Juvenil sobre la situación que viven atendiendo a miles de jóvenes?
Jorge ha ido más allá y esta semana en Nueva York en una mesa de debate de la UNY respecto a quién era responsable de la violencia y la guerra contra el narcotráfico que se libra en México, sostuvo que Estados Unidos no tenía ninguna culpa, ni responsabilidad de esa guerra y esa violencia. Que la culpa era directa del presidente Calderón, que decidió embarcarse en una guerra “opcional” (o sea que podría haberla tomado o ignorarla, como dice en su libro) en busca de legitimidad. Y opinó además que la estrategia falló porque se buscó confrontar a todos los cárteles al mismo tiempo (¿por cuál habría comenzado el autor?) y que por eso se tuvo que recurrir al ejército para ese combate, lo que propició violaciones a los derechos humanos.
No deja de ser significativo que las tesis que el propio Casteñada quiere presentar como liberales hayan sido acompañadas y respaldadas en ese debate por un director de Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de la administración Bush, Asa Hutchinson, y por Chris Cox, director ejecutivo de la muy conservadora Asociación Nacional del Rifle. Hutchinson sostuvo que es la corrupción y la carencia de un estado de derecho en México el responsable de esa guerra y sostuvo que Estados Unidos no puede ser responsable porque ha logrado reducir su consumo. Cox rechazó que el ingreso de armas de los Estados Unidos a México tenga responsabilidad en la guerra y defendió el derecho de los estadounidenses a portar armas: hoy tienen 280 millones de armas registradas en ese país. Para Castañeda que advirtió que haría un ataque “crudo y personal” (y lo hizo en la persona de Felipe Calderón) la alternativa, según dijo, es no pelear contra todos los cárteles al mismo tiempo, la creación de una policía nacional para evitar que el ejército cometa abusos contra los derechos humanos y despenalizar el consumo de drogas. Los asistentes rechazaron la tesis de Castañeda por un 43 por ciento de los votos, considerando que la responsabilidad era de Estados Unidos contra un 23 que la apoyó. Los restantes se dijeron indecisos.