La muerte del periodista Valentín Valdez Espinosa, del periódico Zócalo de Saltillo no ha sido ni remotamente la única que ha afectado a los medios de comunicación en el contexto de la lucha contra el narcotráfico: ha habido muchas relacionadas directamente con la actividad profesional que desarrollamos; algunas otras por el involucramiento, consciente o no con grupos criminales; algunos más en realidad no eran comunicadores o su muerte o desaparición no estuvo relacionada con el ejercicio periodístico. En el caso de Valentín su asesinato es más doloroso aún porque no era un reportero que estuviera cubriendo este tipo de información y todo indica que fue asesinado para dejarle un mensaje al gobierno estatal.
La muerte del periodista Valentín Valdez Espinosa, del periódico Zócalo de Saltillo (desde aquí un abrazo solidario para todos los compañeros de ese medio) no ha sido ni remotamente la única que ha afectado a los medios de comunicación en el contexto de la lucha contra el narcotráfico: ha habido muchas relacionadas directamente con la actividad profesional que desarrollamos; algunas otras por el involucramiento, consciente o no con grupos criminales; algunos más en realidad no eran comunicadores o su muerte o desaparición no estuvo relacionada con el ejercicio periodístico. En el caso de Valentín su asesinato es más doloroso aún porque no era un reportero que estuviera cubriendo este tipo de información y todo indica que fue asesinado para dejarle un mensaje al gobierno estatal.
Ante ello no cabe más que la denuncia, la exigencia de que el caso sea investigado (casi ninguno de los 48 casos de compañeros asesinados ha sido resuelto, doce de ellos ocurrieron el año pasado) y se detenga a los responsables, pero también reflexionar sobre quiénes son los responsables de estos hechos. Me resulta incomprensible la actitud del gobernador Humberto Moreira de reclamarle al gobierno federal de que haya lanzado una guerra contra el narcotráfico y que haga responsable de esos asesinatos no a los narcotraficantes sino a que se los combata. Tan insostenible como que diga que el presidente Calderón lanzó esa guerra y envió a su estado sólo 300 elementos federales cuando hay miles de agentes policiales locales. Se puede o no estar de acuerdo con la forma en que se ha emprendido esa lucha: lo que resulta inconcebible es que implícitamente se proponga que la misma no se dé, supuestamente para no sufrir consecuencias o se la vea como algo ajeno, externo.
En Coahuila el problema es otro. Es la penetración del narcotráfico en la entidad, sobre todo en la zona de La Laguna, y esa penetración es muy anterior al inicio de la administración Calderón: la comarca lagunera es de alguna manera la salida natural del llamado triángulo dorado, donde enormes operaciones de narcotráfico y a esa zona va a parar tanto recursos provenientes del lavado de dinero como delincuentes que han buscado en la zona su residencia. Desde allí la presencia del narcotráfico se ha extendido a otras zonas del estado y su presencia es indudable.
Pero lo que en otras épocas se aceptaba sin mayores cuestionamientos, estalló por la virulencia de lucha entre los cárteles. Uno de los méritos de la actual estrategia antinarcóticos (sin desconocer las deficiencias que sigue exhibiendo, sobre todo, en términos de coordinación) ha sido que ha llevado, con la presión, a enfrentamientos violentos entre cárteles. De los más de 15 mil muertos que se han registrado, cerca del 90 por ciento son producto de ajustes de cuentas entre los distintos grupos criminales. Eso es lo que ha ocurrido también en Coahuila, cuando comenzaron los combates entre el cártel de Sinaloa, hasta entonces hegemónico en el estado, con sus ex socios, los Beltrán Leyva y la posterior alianza de éstos con los Zetas, que les abrió las puertas del estado. Comenzaron a matarse entre sí, comenzaron a extorsionar, secuestrar, robar…y se exhibió el grado de corrupción de parte de las policías locales que fueron cooptadas por estos grupos.
En todo esto sin duda hay responsabilidad del gobierno federal pero ¿cómo soslayar la del gobierno local?. La peor estrategia posible en este tema es esconder la cabeza como los avestruces, y señalar al gobierno federal como si las autoridades locales no tuvieran ninguna responsabilidad: ¿de quién depende la seguridad pública en el estado?¿cuántos policías y cuerpos de seguridad operan en el estado?¿cómo se dio la penetración de los grupos criminales en el estado, quiénes lo permitieron, con quiénes se aliaron?. Ante un asesinato como el de Valentín ¿no cabría esperar una reacción gubernamental firme, comprometiéndose a resolver el caso y capturar a los culpables en lugar de decir que esa muerte es consecuencia de una guerra que declararon otros, como si el gobierno estatal no tuviera nada que ver en ella?. Sencillamente, ¿cuándo en cualquiera de las reuniones de la Conago, o en las reuniones del sistema nacional de seguridad pública el gobernador ha presentado públicamente una crítica de ese tipo, cuándo ha reclamado que esa batalla no se dé?
Me parece una falta de reflexión, de juicio, una búsqueda de encontrar un responsable a modo e incluso, espero que no sea así, una expresión de temor de las autoridades ante un adversario al que no pueden o no quieren enfrentarse. Espero estar equivocado.