No me cabe duda de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont es uno de los funcionarios más talentosos del gabinete presidencial y que además ha sido siempre un político arrojado y confiable, pero no entiendo cuál es la lógica que está normando algunas de las principales acciones de la dependencia que encabeza en las últimas semanas. Es más, pareciera que estamos regresando a aquellas épocas en las cuales ante cualquier desafío se establecía una “mesa de diálogo”.
No me cabe duda de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont es uno de los funcionarios más talentosos del gabinete presidencial y que además ha sido siempre un político arrojado y confiable, pero no entiendo cuál es la lógica que está normando algunas de las principales acciones de la dependencia que encabeza en las últimas semanas. Es más, pareciera que estamos regresando a aquellas épocas en las cuales ante cualquier desafío se establecía una “mesa de diálogo”.
El caso paradigmático es el del SME. Los integrantes de ese sindicato que continúan con Martín Esparza son en realidad un grupo minoritario, lo podemos ver en sus movilizaciones donde no los acompaña más que un centenar de manifestantes, pero cuentan con el beneplácito y la complicidad del gobierno capitalino para hacer todo tipo de desmanes, para agredir, dañar la propiedad pública y privada, insultar, realizar bloqueos y cuanto cosa se les ocurra. En lugar de, por una parte, exigirle al gobierno capitalino que cumpla con su deber y por la otra denunciar penalmente la actividad de ese grupo, se le ofrece una mesa de diálogo. En lugar de iniciar una averiguación previa contra Fernando Amézcua, segundo de Esparza (plenamente identificado como participante en esos actos que Esparza dijo que habían sido realizados por “infiltrados”, mintiendo, una vez más) por los destrozos de 18 automóviles en el enfrentamiento contra otros ex trabajadores de Luz y Fuerza se lo invita a reunirse con los encargados de la política nacional.
Se le ocurre a Esparza convocar a un grupo que alguien llamó de “notables” (en realidad tres simples senadores, un rector y un ex director del Politécnico, muy respetables todos pero que así como notables, notables, no son) para discutir algo que no puede admitir discusión, como es la liquidación de una empresa que tiene pérdidas por 40 mil millones de pesos y de la que no se sabe con exactitud siquiera cuántos trabajadores reales tenía, y en Palacio de Covián están esperando a los “notables”. ¿Qué va a negociarse con o sin notables con el SME?. En el colmo del cinismo, Esparza y sus chicos malos declararon que si se realiza esa reunión podrían establecer una “tregua” en sus desmanes. Traducido al español quiere decir que están chantajeando al gobierno “sugiriéndole” que si no los recibe seguirán violando la ley. Y entonces se los recibe sin antes haber iniciado acción penal o política alguna para romper con la impunidad. Y volvemos a la pregunta ¿qué se va a negociar con el SME, con o sin notables?
El EPR es un grupo armado que decidió convocar a una comisión de intermediación que, en realidad, en su enorme mayoría, son personalidades con las que esa organización simpatiza (a los que no, no los convoca a ser intermediarios, los amenaza). ¿Qué se va a negociar con los intermediarios del EPR?. Lo único que se debería negociar es un acuerdo mediante el cual esa organización abandonara las armas y se integrara al sistema político. Lo demás no me parece que sea objeto de negociación. Es verdad que mientras existan contactos quizás se eviten acciones violentas de estos grupos, pero para eso no se necesitan ni intermediarios ni negociaciones. Pero menos lógico parece ser que sea la propia secretaría la que le recuerde el EPR que debe contactarse con sus intermediarios.
En estos días la secretaría de Gobernación ha debatido, incluso con dureza, con el líder priista del senado, Manlio Fabio Beltrones, con el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira y con otros actores de la vida política sobre temas, como por ejemplo, el aumento de las gasolinas o el perfil presidencial. Se puede o no estar de acuerdo con sus juicios y opiniones pero me parece sano que sea así: todos los actores políticos tienen derecho a exponer sus posiciones y el gobierno, como uno de ellos, a participar en ese debate. Pero si no se teme confrontarse con algunos de los actores más poderosos de la oposición, ¿por qué no se le puede exigir a grupos minoritarios que están violando la ley, agrediendo, rompiendo las más elementales reglas del juego democrático, respeto a las mismas, y a las leyes?¿por qué a alguien que está realizando destrozos no se le inicia, como a cualquier ciudadano, una averiguación previa?¿por qué se mide con distinta vara a los partidos y dirigentes de la oposición legítima y a grupos minoritarios con una legitimidad por lo menos cuestionable?