La agresión que sufrió Salvador Cabañas en un bar del sur de la ciudad de México debe analizarse más allá de los terribles, lamentables costos humanos e incluso deportivos del caso.
La ciudad de México hace mucho que las calles nos han sido arrebatadas a los ciudadanos, sobre todo en las noches. Y esto ocurrió en un local cerrado y supuestamente de élite.
La procuraduría capitalina es la más poderosa, con mayores recursos y personal de todos los estados del país. La secretaría de seguridad pública del DF, la mayor del ámbito local, con más policías y posibilidades, aunado a una centralización de la que no gozan las demás policías estatales. Y no han podido solos sacar adelante un caso como el de Salvador Cabañas donde hay testigos, videos, hasta la certidumbre general de cómo se dieron los hechos. Vamos, no pudieron ni entrar al lugar donde fue agredido el jugador del América hasta varias horas después de los hechos, porque simplemente no se lo permitían los empleados, pese a que había elementos como para una indagación en flagrancia.
No dudo ni de Miguel Angel Mancera ni de Mondragón y Kalb. Los dos me parecen funcionarios que pueden cometer errores pero son rectos y están bien intencionados. Pero sus instituciones mostraron enorme debilidad operativa en estos días. El mayor ridículo, si fue un error involuntario, fue el de la falsa identificación del custodia de José Jorge Balderas, apodado el contador, de quien se dijo que se trataba de Eduardo García Alanís, cuando el verdadero García Alanís, está preso, consignado por la propia autoridad capitalina, desde hace apenas dos semanas. Con una mentira adicional: se dijo que había sido consignado ante la delegación de la PGR cuando no era así, nunca había sido entregado a la autoridad federal. Y quien informó a la propia procuraduría del DF que García Alanís estaba detenido fue la secretaría de seguridad pública federal, con datos del sistema de Plataforma México. Nadie en el DF lo había hecho antes de divulgar su nombre y hasta un retrato hablado. ¿Cómo habían llegado a esa persona?. Porque alguien lo habría reconocido y llamó para dar ese nombre. Y nadie verificó previamente.
Ahora incluso existen dudas sobre Balderas. Silvia Irabien, esta muchacha apodada la China, producto del Big Brother, ha dicho que tuvo una hija con este sujeto, con el que mantuvo una relación por unos dos meses, pero que ella lo conocía como Jorge Díaz, y que le había dicho que era empresario. Dice que nunca conoció su casa y que aparentemente tenía otra pareja. Si como aseguran las autoridades se trata realmente de Balderas, si se tienen todos sus datos, si era un personaje habitual en estos antros, si el señor se mueve con camionetas blindadas y sin placas, con un carro de custodias, y alejado de cualquier discreción, ¿cómo se puede tardar tanto en tener una historia completa del personaje, incluso como para tener plena certidumbre sobre su identidad?
Hay muchos otros errores en la investigación y el accionar de las autoridades. No comparto las opiniones de que las autoridades no son responsables y la culpa es de la víctima porque ¿qué hacia en la madrugada en un antro?. No estaba haciendo nada ilegal y si ese antro estaba abierto hasta esas horas fue por la negligencia o la corrupción de las autoridades delegacionales. No desviemos la atención, no se trata de un caso de moral y buenas costumbres. Y si los responsables, con video y todo, no han podido ser plenamente identificados y localizados, es porque no se ha realizado correctamente el trabajo en la procuraduría y porque los policías preventivos que llegaron junto con la ambulancia que recogería a Cabañas tampoco cumplieron con su deber de asegurar el lugar.
Después de lo sucedido con Cabañas, con el caso Martí, con el News Divine, con el caso Wallace, con el Lobohombo y muchos más ¿alguien tiene dudas de que el esquema institucional de las policías se debe modificar para una mayor centralización y control y que se deben estandarizar desde los códigos penales hasta los sistemas de operación de las procuradurías?
Licitaciones y concesiones
Las licitaciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico determinarán en muy buena medida el futuro del sector y de parte de la economía. Se está licitando nuevas frecuencias sin otorgarles a los concesionarios el refrendo de las concesiones existentes. Ello inevitablemente generará una enorme diferencia entre los nuevos jugadores y los viejos, que no tendrán seguridad jurídica para realizar sus inversiones y competir en el mercado con el nuevo jugador, el que, por cierto, tendrá una gracia fiscal de dos años. ¿Cuánto tardarán en SCT en renovar las concesiones a los actuales operadores o los quieren dejar en desventaja jurídica y operativa?