Hoy será un día clave para el futuro de Ciudad Juárez. Estará en la ciudad más violenta de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont acompañado por los integrantes del gabinete de seguridad y de política social para lanzar un nuevo programa que permita integrar a la comunidad en la lucha contra la delincuencia. Según la información disponible se trabajará en distintos capítulos de política social pero también en sistemas de recompensas para activar la denuncia ciudadana. Ya funcionan algunos de esos sistemas en forma embrionaria e impulsados por la iniciativa privada: están conectados con oficinas en Estados Unidos, donde se hace la denuncia y desde allí se trasmite la información. En caso de existir recompensas también se pagan allí. Pero la propuesta del gobierno federal tendrá que ir mucho más lejos.
Hoy será un día clave para el futuro de Ciudad Juárez. Estará en la ciudad más violenta de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont acompañado por los integrantes del gabinete de seguridad y de política social para lanzar un nuevo programa que permita integrar a la comunidad en la lucha contra la delincuencia. Según la información disponible se trabajará en distintos capítulos de política social pero también en sistemas de recompensas para activar la denuncia ciudadana. Ya funcionan algunos de esos sistemas en forma embrionaria e impulsados por la iniciativa privada: están conectados con oficinas en Estados Unidos, donde se hace la denuncia y desde allí se trasmite la información. En caso de existir recompensas también se pagan allí. Pero la propuesta del gobierno federal tendrá que ir mucho más lejos.
Por lo pronto, el gobernador José Reyes Baeza, se adelantó a esos anuncios, y recibirá a Gómez Mont en Juárez, convertida, hasta que sea necesario dijo Reyes Baeza, en la sede de los tres poderes del estado. Faltarán algunos trámites muy concretos que se resolverán durante esta semana pero allí, en los hechos, desde hoy deben despachar el ejecutivo, el ejecutivo y la cabeza del poder judicial estatal.
Es una muy buena decisión: hemos dicho que la lucha por la seguridad además de sus componentes operativos tiene una faceta eminentemente política y esta decisión política colocará el centro de atención en otros niveles: si se cumple con la prometido, allí en Juárez estarán el gobernador y sus principales funcionarios; allí estarán los legisladores y los magistrados. Implica que compartirán, con todas las diferencias del caso, desde la toma de decisiones hasta los riesgos; desde la responsabilidad hasta la demanda ciudadana directa. Y allí también podrán ver directamente cómo está operando la federación pero también las fuerzas federales podrán tener contacto directo con el gobierno local en forma cotidiana y evaluarlo.
Hemos dicho que en muchas ocasiones los gobiernos locales, estatales o municipales, no se hacen responsables de muchos capítulos de la seguridad. En el papel cumplen con todas, o con varias de las demandas federales, pero no se involucran, no participan, no se hacen cargo de que ese, por sobre todas las cosas, es un problema suyo. No me imagino como, despachando en Juárez, podrá el gobierno de Chihuahua, si quisiera desembarazarse de responsabilidades en Ciudad Juárez, hacerlo sin resultar exhibido. Eso es el más importante capítulo en esta decisión: no es una cuestión formal, es eminentemente política y en este caso es una decisión acertada, que debería obligar a un involucramiento mucho mayor del gobierno estatal no sólo con la estrategia de seguridad sino también en el trabajo con la propia ciudadanía.
¿Qué otras medidas se deben adoptar? Muchas, pero una que debería analizarse con seriedad es establecer una suerte de estado de emergencia en la ciudad y su área conurbada, acordada por el municipio, el estado y la Federación, para poder recuperar muchos espacios y establecer límites que resultan imprescindibles en la actual coyuntura. Un ejemplo se da a unos metros de Juárez, en El Paso, donde los integrantes de pandillas (de allí surgieron los Aztecas y los Artistas Asesinos, responsables directos de buena parte de los asesinatos que se han registrado en la ciudad), tienen prohibido salir, salvo casos de necesidad evidente, a partir de las diez de la noche. Esas normas se establecen por ejemplo, en el barrio Azteca de El Paso, que es de dónde surgió la pandilla que lleva ese nombre y que opera con enorme liberalidad de este lado de la frontera.
Se dirá que no es necesario, que así se sacrifica a la ciudadanía, pero el hecho es que la propia ciudadanía lo que quiere es recuperar la tranquilidad y que con ciertas medidas, como ésta, se podría tener un mucho mayor control. Incluso el hecho de que los poderes del estado se hayan trasladado a Juárez refuerza esa posibilidad de control.
Habrá que ver cómo funcionan las propuestas operativas y sociales (cuyos resultados siempre, sobre todo éstas últimas, tardan mucho tiempo en percibirse con claridad), pero por lo menos, los principales actores comienzan a dar señales de que comprenden que se necesitan también respuestas políticas para la crisis de seguridad.