Dentro de la administración Calderón, desde los más altos niveles hasta los más bajos, está creciendo la idea de que los problemas que acosan al gobierno son responsabilidad de los medios, los cuales generan una mala percepción que no se corresponde con la realidad. Y ello se aplica sobre todo a la seguridad, pero también a muchos otros ámbitos. En realidad no es una novedad: esa es, casi siempre, la tensión existente entre los medios y el gobierno cuando los primeros cumplen con su labor.
Dentro de la administración Calderón, desde los más altos niveles hasta los más bajos, está creciendo la idea de que los problemas que acosan al gobierno son responsabilidad de los medios, los cuales generan una mala percepción que no se corresponde con la realidad. Y ello se aplica sobre todo a la seguridad, pero también a muchos otros ámbitos. En realidad no es una novedad: esa es, casi siempre, la tensión existente entre los medios y el gobierno cuando los primeros cumplen con su labor.
Como reacción a esa situación, el gobierno está buscando recuperar control sobre los medios. Lo hace vía una iniciativa de ley de radio y televisión que lanzan en forma conjunta el PAN y el PRD y que no es más que un nuevo intento de establecer mecanismos de censura en los contenidos (con una visión manifiestamente retrógrada) y una forma de recuperar para la secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de otorgar y renovar concesiones de radio y televisión, quitándole esa atribución a la Cofetel que sería, a su vez, reemplazada por un nuevo órgano denominado en la iniciativa Ifetel, cuyas funciones quedarían subordinadas a la propia SCT. En otras palabras, se buscaría acabar con los órganos autónomos en ese ámbito y recuperar para el gobierno el control de los medios. Además se establecen numerosos mecanismos de restricción a los medios, como el acortamiento de los tiempos de licitaciones, entre muchos otros.
Como si eso no fuera suficiente, se ha emitido un decreto que crea el llamado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales que concentrará el control de todos los contenidos del canal 11, el canal 22, el Imer y radio Educación, todos ellos hasta ahora dependientes de la SEP: el nuevo órgano queda bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación y se convierte de hecho en un poderoso bloque de medios públicos que buscará crecer aún más, porque si se aprueba la iniciativa de ley propuesta, se establece que deberá haber por lo menos una cadena de radio y televisión públicas de carácter nacional cuyos contenidos saldrán obviamente de esa nueva institución. Y por si quedaban dudas sobre cuál será la concepción que prevalecerá allí, el director del nuevo organismos será el hasta esta semana coordinador de administración y finanzas del Cisen, Alejandro Ordoño Pérez.
Resumiendo: lo que se busca es acotar de todas las formas posibles a los medios privados con mecanismos de censura y dependencia jurídica de las autoridades federales al mismo tiempo que se potencian los públicos con estructura y recursos: en la iniciativa de ley se establece que esos medios, que son financiados con recursos públicos, podrán realizar también una explotación comercial, o sea vender anuncios, lo que les otorga una capacidad de competencia desleal evidente respecto a los medios privados (si alguien dice que no es así, que tienen derecho a comercializar sus contenidos habría que preguntarse entonces porqué deberían recibir recursos públicos: que vivan de su comercialización, como todo medio privado).
La iniciativa no tiene sentido: buscar sacar adelante una restricción de estas características no sólo va en contra del desarrollo de los medios sino que, además, vulnera aspectos elementales de la libertad de expresión de los comunicadores y la seguridad jurídica de los concesionarios. Pero no tiene sentido además porque se presenta a semanas de una serie de elecciones trascendentes y evidentemente se leerá como una forma de condicionar a los medios en éste y en los siguientes procesos electorales, sobre todo el del 2012.
Pero además habría que preguntarse qué filosofía, más allá de la de un estricto mecanismo de poder, puede permear esta iniciativa. Porque en realidad no se está trabajando con normas enfocadas al futuro, sino rescatando el pasado. En los hechos, lo que se busca es regresar a la época anterior a la venta del paquete de medios que se realizó en 1993-94. El nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales es una suerte de fusión de lo que era Imevisión y el IMER; el control de los medios queda bajo las órdenes de Gobernación y las concesiones se deciden en la SCT. Sólo faltaría que se decidiera resucitar El Nacional, para contar también con un medio escrito. El único problema es que desde entonces han pasado casi 20 años, que el país ya no es el mismo y los medios tampoco. Y por si eso fuera poco que el PAN y el PRD no tienen la fuerza suficiente para sacar adelante esa iniciativa. El único que ganará en todo esto será el PRI que, con su propia iniciativa, podrá hegemonizar el debate y las simpatías en el sector.