Es difícil comprender la operación política que se realiza desde la secretaría de Comunicaciones y Transportes. En pocas ocasiones ha habido tantas decisiones controvertidas y tan evidentemente sesgadas en ese ámbito. Pareciera que se ha decidido quemar todo el capital político posible de su titular, Juan Molinar Horcasitas, sacando adelante políticas que parecieran estar mucho más encaminadas al 2012 y a los años posteriores que a las necesidades actuales del país.
Es difícil comprender la operación política que se realiza desde la secretaría de Comunicaciones y Transportes. En pocas ocasiones ha habido tantas decisiones controvertidas y tan evidentemente sesgadas en ese ámbito. Pareciera que se ha decidido quemar todo el capital político posible de su titular, Juan Molinar Horcasitas, sacando adelante políticas que parecieran estar mucho más encaminadas al 2012 y a los años posteriores que a las necesidades actuales del país.
El caso de la Cofetel es de pena ajena: Mony de Swan podrá ser o no un buen funcionario público, pero pasar de coordinador de asesores del secretario a comisionado y de allí a presidente de una comisión que se supone tiene que gozar de autonomía, parece una mala broma. El nombramiento ha sido criticado en la industria y en el congreso, pero nadie parece darse por enterado. Al mismo tiempo, pese a decisiones judiciales de todo tipo; pese a un exhorto de la comision permanente apoyado por todos los partidos, incluyendo el PAN; pese al sentido común que indica que algo está mal si se concede un espectro radioeléctrico por 188 millones de pesos cuando por otros similares se pagaron varios miles de millones, la Cofetel (con el respaldo pleno de la SCT) y pese a la oposición de dos de los cinco comisionados, decidió entregar esa concesión a las empresas Televisa-Nextel. Ambas están en todo su derecho a buscar esos espacios claves para su expansión futura: están haciendo su labor y es justo y legítimo. Lo que no puede ser es que las autoridades malbaraten el patrimonio de la nación. El tema es grave porque en el congreso se iniciará, inevitablemente, un proceso por desacato a los miembros de la Cofetel. Un proceso que tendrá el mismo origen que el se siguió hace seis años a Andrés Manuel López Obrador: ningún funcionario público puede desacatar una orden judicial explícita, y en este caso hubo por lo menos tres que le impedían a la Cofetel seguir adelante con la licitación.
Mientras todo esto ocurría se entregaron más de un centenar de repetidoras a emisoras estatales, sobre todo a Radio Educación, para tratar de replicar el modelo que se está construyendo en torno al canal Once, de crear una red pública con cobertura nacional. Aparentemente eso es lo que se quiere hacer a través de radio Educación, a pesar de que el Estado cuenta ya con las poderosas (si son bien utilizadas) redes de estaciones del IMER. ¿Está mal contar con un sistema de radio y televisión públicos con cobertura nacional?. No, si son medios públicos, del Estado y no del gobierno. Si sus contenidos van a ser los de una televisión o radio pública y no los de sus similares comerciales. Porque para producir telenovelas, buenas o malas, o para comprar series comerciales extranjeras, no está la televisión pública: sus objetivos por definición deben ser otros. Hoy no parece estar concebido así ese proyecto.
Y al mismo tiempo está el caso Mexicana de Aviación, en donde a más de un funcionario del sector pareciera que le urge salvar a la aerolínea o mejor dicho, a sus principales accionistas. Desde hace meses se insistía en el ámbito de la SCT sobre la necesidad de que se fusionaran Mexicana y Aeroméxico, sobre todo cuando los accionistas de Mexicana decían que sus números estaban muy bien, pero todos los especialistas sabían que no era así. Con sensatez, los propietarios de Aeroméxico le huyeron a esa posibilidad en las condiciones en que se planteaba. Y estalló la crisis.
No es verdad que Mexicana está quebrando por los contratos colectivos de sus trabajadores. No en esta ocasión: una empresa con activos de 9 mil millones de pesos no puede tener pasivos superiores a los 20 mil millones, sobre todo cuando le fue vendida por el Estado por una cifra ridícula de apenas 180 millones de dólares. Los trabajadores ya habían recortado el año pasado su contrato colectivo y estaban dispuestos a hacerlo nuevamente. La empresa simplemente cometió errores de administración garrafales. A diferencia de los accionistas de Aeroméxico, no invirtieron capital en la aerolínea y, por el contrario, operaron para llevar a la quiebra a Mexicana y alimentar a Click y Link. La jugada salió mal y ahora están al borde de la quiebra. ¿Por qué quieren algunos funcionarios salvar a sus propietarios?. Son demasiados temas, demasiados errores, demasiadas decisiones que huelen muy mal para un área tan estratégica para el futuro del país. Y que nadie diga que se trata de una campaña con fines aviesos: los datos de la realidad en ocasiones son más duros que cualquier campaña mediática.