El secuestro y asesinato del alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos, como se suponía desde el inicio de las investigaciones, fue realizado por la propia policía municipal que estaba bajo el mando del edil, incluyendo al personal de resguardo de su casa. Todos ellos en relación con una célula de los Zetas que les pagaba la friolera de 700 pesos a cada uno de ellos. Dijeron que lo mataron porque los había intentado disciplinar y no los dejaba operar con sus corrupciones cotidianas. Entonces, dicen, buscaron a los Zetas, sabiendo perfectamente bien dónde estaban.
El secuestro y asesinato del alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos, como se suponía desde el inicio de las investigaciones, fue realizado por la propia policía municipal que estaba bajo el mando del edil, incluyendo al personal de resguardo de su casa. Todos ellos en relación con una célula de los Zetas que les pagaba la friolera de 700 pesos a cada uno de ellos. Dijeron que lo mataron porque los había intentado disciplinar y no los dejaba operar con sus corrupciones cotidianas. Entonces, dicen, buscaron a los Zetas, sabiendo perfectamente bien dónde estaban.
Hace unos días, cuando se produjo el ataque a los integrantes del cuerpo de seguridad de FEMSA, en Monterrey, ha quedado constancia de que policías municipales de Santa Catarina, les dieron apoyo a los integrantes de los Zetas que mataron a dos agentes. Y la lista podría continuar: dos de los mayores problemas que tenemos en el ámbito de la seguridad es la combinación de pandilleros que por unos pesos pueden convertirse en sicarios sanguinarios, y de policías, sobre todo municipales que por esas mismas cantidades terminan trabajando con aquellos. Los verdaderos narcotraficantes, mientras tanto, sólo se dedican a operar y dejan que la gran mayoría de las batallas las libre esa infantería desechable.
No sé qué otras pruebas se pueden requerir para asumir que las policías municipales no pueden seguir funcionando como hasta ahora. Que se requiere, por lo menos, mandos únicos estatales (que tendrían que estar bajo un mando único nacional, para hacer el modelo realmente eficiente). Particularmente en Nuevo León cuesta comprender porqué se ha demorado tanto una salida de este tipo, porque Rodrigo Medina tenía clara esa necesidad desde tiempo atrás. Es verdad que hay resistencia de muchos alcaldes, pero en ese caso en particular, después de lo sucedido con Edelmiro Cavazos, no deberían quedar dudas de que cualquier presidente municipal que realmente quiera cumplir con sus responsabilidades no puede dejar su seguridad y la de su municipio en las manos de esos cuerpos policiales.
El tema está, nuevamente en el congreso y el PRI ha anunciado que presentará al respecto una iniciativa para crear las 32 policías estatales, pero que dejará, como ya ocurrió con la reforma a la justicia penal y otros casos, la decisión de hacerlo y de qué manera, a los propios gobiernos locales. Se argumenta, con razón, que éste es un país federalista, y que por lo tanto no se puede actuar de otra manera, lo que es falso. El federalismo no impide que tengamos un Seguro Social que opere con uniformidad en todo el territorio, o que tengamos fuerzas armadas que también lo hagan, así como muchas otras instituciones. Con esa lógica se han cometido demasiados errores en los últimos años, desde una descentralización poco razonada de la educación o la salud con resultados en muchas ocasiones disparejos, o la ya citada reforma penal (que sólo opera en siete estados, en etapas embrionarias en casi todos los casos, luego de dos años de aprobada) o la ley de seguridad nacional aprobada en el senado y congelada en la cámara de diputados (por el evidente disgusto castrense), que terminaba colocando a los mandos militares prácticamente bajo las órdenes de los gobiernos locales. Y lo mismo sucederá si esta ley de policía se aprueba de esa manera.
No puede cada estado determinar una estructura institucional propia cuando se tienen que enfrentar fenómenos que trascienden, con mucho, las fronteras locales. Tampoco se debería dejar esa decisión en las propias manos de quienes se supone son los que tienen que ser reformados. ¿Usted cree que un mando policial local que esté coludido con grupos criminales pedirá ayuda y centralizarse con los mandos estatales?. Por supuesto que no. Debe haber normas que sean de carácter general y que luego pueden tener aplicaciones singulares, de acuerdo con cada caso, pero la norma debe ser federal y obligatoria para todas las entidades federativas.
Si no se hace así, es por la resistencia política de los alcaldes de los grandes municipios que sienten que de esa forma estarán perdiendo poder, aunque por otra parte no puedan controlar la delincuencia, y mucho menos la organizada, en sus respectivas demarcaciones. Con todas sus deficiencias, uno de los pocos lugares del país donde se puede movilizar en forma diferente a las policías locales es en el Distrito Federal, donde el mando es único y está centralizado. Si fuera de otra forma, si cada delegación tuviera su cuerpo policial autónomo ¿se imagina usted la magnitud del caos?. Ese caos es el que está azotando a Monterrey y su área conurbada y a varias otras ciudades del país.