En 1974, Rosendo Radilla Pacheco, fue detenido en un retén militar en Guerrero. El maestro Radilla Pacheco había trabajado en Atoyac con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los líderes de los movimientos guerrilleros de aquellos años en la sierra de Guerrero. Según sus familiares, pese a esa cercanía Radilla no era parte del movimiento armado (según investigaciones oficiales sí lo era) pero lo más importante es que Radilla desapareció y desde entonces, 35 años después, no se volvió a saber de él. Sus hijos iniciaron un proceso por reparación del daño y el castigo a los culpables de esa desaparición forzada que finalmente terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó una sentencia en contra del Estado mexicano en diciembre pasado.
En 1974, Rosendo Radilla Pacheco, fue detenido en un retén militar en Guerrero. El maestro Radilla Pacheco había trabajado en Atoyac con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los líderes de los movimientos guerrilleros de aquellos años en la sierra de Guerrero. Según sus familiares, pese a esa cercanía Radilla no era parte del movimiento armado (según investigaciones oficiales sí lo era) pero lo más importante es que Radilla desapareció y desde entonces, 35 años después, no se volvió a saber de él. Sus hijos iniciaron un proceso por reparación del daño y el castigo a los culpables de esa desaparición forzada que finalmente terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó una sentencia en contra del Estado mexicano en diciembre pasado. El caso fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debía resolver, entre otros puntos, si las resoluciones de la Corte Interamericana debían ser acatadas por el Estado mexicano y establecer si el fuero militar era incompetente para investigar y decidir sobre este tema. La resolución entrará hoy al pleno de la Corte, impulsada por el ministro José Ramón Cossío, luego de que el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia demandara una consulta al pleno sobre el tema.
La decisión que probablemente tomará la Corte deberá ser objeto de estudio e interpretación y no estará exenta de lecturas posteriores. Todo indica que la Corte decidirá que el Estado mexicano sí está obligado en estos temas a acatar las resoluciones de la CIDH, que el caso no puede ser cubierto por el fuero militar y que se debe pagar, entre otras varias medidas de reparación, un poco más de 238 mil dólares a los familiares directos de Radilla Pacheco.
El punto más delicado es el del fuero militar. La resolución de la CIDH que la Corte decidirá aceptar es un golpe para la postura del Estado mexicano de que los presuntos delitos cometidos por militares en el cumplimiento de sus funciones deben ser atendidos por los tribunales militares. Si la resolución de la Corte es aprobada en los términos en los que viene el dictamen del ministro Cossío, este caso será juzgado en tribunales civiles y no en el fuero militar y ello tendrá implicaciones importantes de cara al futuro.
En estos momentos, hay varios casos en los cuales existen diferencias entre las fuerzas armadas y distintas instancias políticas y de derechos humanos sobre la pertinencia de juzgar en tribunales militares a los integrantes de las fuerzas armadas acusados de distintos delitos. En la ley de seguridad nacional aprobada en el senado y que está detenida en la cámara de diputados, pero que tendrá que ser discutida sin duda en este periodo ordinario, se condiciona la utilización del fuero militar. En las fuerzas armadas están convencidos de que una medida de esa naturaleza relajará la disciplina y será contraproducente incluso en términos de justicia porque argumentan que los tribunales militares son más duros y expeditos que los civiles en este tipo de casos. Lo cierto es que todo parece indicar que con esta decisión se le abrirá, para bien o para mal, la puerta a los tribunales civiles en casos que incluyan a elementos militares y ello ocurre en medio de las brutal confrontación que se vive en la lucha contra el narcotráfico. Ahí están pendientes, resoluciones sobre el caso de los dos niños muertos en Tamaulipas en un tiroteo y el de los dos estudiantes del TEC muertos en el fuego cruzado en medio de un enfrentamiento en marzo pasado. En los dos casos existen recomendaciones de la CNDH que han sido aceptadas por la Sedena pero estableciendo fuertes diferencias con las conclusiones de la Comisión. Y la opinión generalizada entre los militares es que se trata de recomendaciones injustas. No será diferente su opinión sobre el caso Radilla Pacheco.
Existe malestar en las fuerzas armadas por estos temas y debates, por lo que perciben como una falta de compromiso y respaldo de las fuerzas políticas y de distintos grupos sociales al esfuerzo que están realizando en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y eso trasciende, con mucho, el tema del fuero civil o militar.
Recuerdos del futuro
Oscar Lara presentó su informe como diputado en Sinaloa y esa fue la excusa para presentarse en su nuevo papel, en los hechos, de líder de la oposición priista ante el próximo gobierno de Mario López Valdez. Si él hubiera sido el candidato priista en julio no hubiera habido ruptura. Ahora le tocará recomponer ese tejido.