Acusado formalmente de relaciones con el narcotráfico, en particular de ser uno de los principales operadores políticos del cártel de la familia michoacana, relacionado con Servando Gómez, el líder de esa organización criminal apodado La Tuta y medio hermano del gobernador de su estado, Michoacán, Julio César Godoy Toscano acaba de rendir protesta como diputado, y desde ayer está protegido por el fuero. No puede ser detenido.
Acusado formalmente de relaciones con el narcotráfico, en particular de ser uno de los principales operadores políticos del cártel de la familia michoacana, relacionado con Servando Gómez, el líder de esa organización criminal apodado La Tuta y medio hermano del gobernador de su estado, Michoacán, Julio César Godoy Toscano acaba de rendir protesta como diputado, y desde ayer está protegido por el fuero. No puede ser detenido.
Godoy Toscano ya es diputado a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico y será uno de los 500 legisladores que votarán las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Si algo le faltaba al poder legislativo y particularmente a la cámara de diputados para hacer crecer su desprestigio era esto.
La toma de protesta terminó con una situación que rayaba en el absurdo en San Lázaro. Los miembros del PRI y del PRD en San Lázaro estaban esperando a Godoy Toscano, para que, después de un año de estar prófugo rindiera su protesta como diputado federal, obteniendo así el fuero que lo proteja de la justicia. Y en torno del palacio legislativo estaba la Policía Federal, que esperaba también al hermano del gobernador, pero para detenerlo por sus presuntos lazos con el narcotráfico.
Toda esta historia parece una comedia salida de una película de los Hermanos Marx, pero es parte de una historia mucho mayor: la del llamado michoacanazo, con todas sus secuelas. El 26 de mayo de 2009 en Michoacán se llevó a cabo la mayor operación realizada en México para desmantelar una red de narcopolíticos enquistados en 11 municipios de ese estado y en prácticamente todas las instancias de seguridad del estado, incluidos funcionarios de la oficina del gobernador, presidentes y empleados municipales y hasta un juez. Se presentó al michoacanazo como la mayor oepración contra la narcopolítica en la historia del país. Y todo indicaba que lo era.
Pero a finales de enero de este año quedaron en libertad 12 de los 30 detenidos. Era previsible que algo así sucediera desde que los detenidos fueron pasados del penal de alta seguridad en Nayarit a un centro de readaptación en Morelia donde comenzaron a gozar de todas las comodidades y el gobierno federal no impugnó ese traslado. Más tarde cuando fueron liberados los doce detenidos la PGR tampoco impugnó esa decisiones de un tribunal unitario de Acapulco.
Entre los ex funcionarios michoacanos liberados se encuentraban Citlalli Fernández González, ex asesora del gobernador Leonel Godoy Rangel y ex directora de Seguridad Pública Estatal; un ex juez, Jaime Liera Álvarez; Ignacio Mendoza Jiménez, ex subprocurador de Justicia y el director de Obras Públicas del ayuntamiento de Arteaga. También fueron liberados los ex presidentes municipales: Antonio González Rodríguez, de Uruapan, quien fue acusado de relaciones con operadores y sicarios del cártel de La Familia, entre ellos Damile Coria Mendoza, acusado a su vez de “lavar” dinero del narcotráfico. Adán Tafoya, alcalde de Tubiscatío, acusado de aceptar dinero enviado por Jesús El Chango Méndez, uno de los jefes de La Familia Michoacana. Uriel Farías, de Tepalcatepec, hermano de Juan José Farías, considerado uno de los principales operadores del narcotráfico en Tierra Caliente, y José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo, acusado de recibir dos millones de pesos para financiar su campaña política.
En los días siguiente continuarán las liberaciones con la salida de los alcaldes de Zitácuaro y Apatzingán, entre otros funcionarios. Y luego obtuvieron su libertad el alcalde de Arteaga y el director de Seguridad Pública de ese municipio. De los más de 30 detenidos en mayo del año pasado hoy quedan menos de diez en prisión y casi todos podrían quedar en libertad en los próximos días o semanas. Entre ellos están el ex procurador de Justicia, Miguel Hurtado y el ex director de seguridad pública Mario Bautista.
Pero todo esto, tuvo un trasfondo político: las alianzas PAN-PRD. Casualmente la liberación repentina de los detenidos coincidió con la decisión de formar esas alianzas y con la no apelación del gobierno federal que hubiera implicado, por lo menos, prologar durante un año más todo este proceso, con los acusados en la cárcel.
Junto con el de Citlali Fernández, el caso más notable fue el del hermano del gobernador Leonel Godoy, el ahora diputado Julio César. Y ayer quedó protegido por el fuero legislativo, porque un juez otorgó a Godoy Toscano una suspensión definitiva para que se le respeten sus derechos políticos o sea para que pudiera asumir su cargo de diputado federal, aunque se mantiene la acusación en su contra, y con ello tendrá fuero hasta el término de la legislatura. El descrédito del congreso persistirá por más tiempo.