Tiene razón la secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, cuando dice que el crimen organizado está evolucionando en México hacia formas de narcoterrorismo. En distintas zonas del país, pero sobre todo en Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad Juárez, estos grupos están recurriendo a acciones de terror contra las autoridades y la población civil, desde asesinatos de candidatos y funcionarios hasta ataque con granadas o agresiones contra la gente en fiestas, plazas públicas, calles, acciones que buscan, en forma explícita, desestabilizar y desafiar al gobierno y a la sociedad.
Tiene razón la secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, cuando dice que el crimen organizado está evolucionando en México hacia formas de narcoterrorismo. En distintas zonas del país, pero sobre todo en Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad Juárez, estos grupos están recurriendo a acciones de terror contra las autoridades y la población civil, desde asesinatos de candidatos y funcionarios hasta ataque con granadas o agresiones contra la gente en fiestas, plazas públicas, calles, acciones que buscan, en forma explícita, desestabilizar y desafiar al gobierno y a la sociedad. Esa percepción de la secretaria Clinton, la comparte el resto del gobierno estadounidense y también las naciones que han vivido situaciones similares, como Colombia. No la dice públicamente el gobierno federal, pero incluso lo ha aceptado el propio secretario de seguridad pública, Genaro García Luna. Y tratar de negarlo sólo sirve para una cosa: para dificultar aún más el combate a estos fenómenos.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, sufrió esta semana, mientras ofrecía su primer informe de gobierno, más de diez bloqueos en toda el área metropolitana de Monterrey. Hay quienes dicen que los bloqueos no estuvieron directamente relacionados con el informe del gobernador sino con el enfrentamiento en la carretera Monterrey-Santillo donde habrían muertos líderes de los Zetas en un enfrentamiento con elementos de la Marina, pero lo importante no es eso sino el desafío de estos grupos que días antes habían asesinado a una joven en un tiroteo en pleno centro de la ciudad y arrojado una granada contra la gente en una plaza pública en Guadalupe. En medio, aunque no trascendió públicamente, hubo amenazas de atentados en el estadio del Monterrey cuando éste se enfrentaba con el América.
Dice el gobernador Medina que todo eso se debe a una suerte de complot en contra del PRI porque las entidades que están siendo azotadas por estos ataque son gobernadas por priistas. Se equivoca: nada indica que esas acciones desestabilizadoras tengan algún tipo de relación con los colores partidarios de los mandatarios sino con las condiciones objetivas del enfrentamiento entre los propios grupos del narcotráfico, algo especialmente notable en Tamaulipas, donde se puede percibir cómo los enfrentamientos entre los ex aliados del cártel del Golfo y los Zetas van tocando los distintos puntos de la entidad y dirigiéndose hacia el sur, teniendo en estos tiempos su epicentro en Tampico; y en el tipo de combate que le dan a esas organizaciones las fuerzas de seguridad en las distintas entidades. No creo, porque no se ha demostrado que sea así, que exista una complicidad o negligencia directa de los mandatarios de esos estados con el crimen organizado, pero sí fue evidente que en muchos casos se subestimó el fenómeno o no se hicieron todos los esfuerzos necesarios en combatirlo en forma coordinada con el gobierno federal. Se debe reconocer que, a pesar de las críticas que ha sufrido su gobernador, sí lo está haciendo Nuevo León, comienza a hacerlo con mayor convicción Tamaulipas y esa colaboración tiene que rendir muchos más frutos en Ciudad Juárez con la llegada de las nuevas autoridades en el estado y el municipio. En otros casos la situación parece ser más compleja porque si bien no hay un complot como dice Medina, sí los narcos juegan sus cartas políticas: si alguien tiene dudas al respecto no tiene más que escuchar las grabaciones del diputado Julio Cesar Godoy con Servando Gómez, la Tuta; recordar todo los que ha ocurrido en torno al michoacanazo. O ver lo que está ocurriendo desde hace ya varios meses en Guerrero; recordar el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre en Tamaulipas. Y todo esto lo veremos aún más en la campaña electoral del 2012 si no hay avances serios en este combate.
Lo que sucede es que ha faltado la decisión y la voluntad política para dar respuestas mucho más firmes y comunes en este aspecto. Existe, lo decíamos hace ya varias semanas, un dato que puede ser importante: prácticamente todos los gobernadores del país están comenzando o comenzarán en los próximos meses sus gestiones. Y no pueden darse el lujo de gobernar seis años arrastrando una situación de desestabilización provocada por el crimen como muchos lo están viviendo. Si a eso se suma la posibilidad de contar con mandos únicos y un nuevo modelo policial (y con presupuestos para sustentar esas transformaciones) allí existe un estímulo que sus antecesores no tenían. Unas y otros deberán podrán buscar por ese camino, mayor legitimación política.