Siempre el debate presupuestal resulta ser el mismo porque es muy poco lo que queda por redistribuir ya que la enorme mayoría de los recursos (que son de por sí escasos) están ya etiquetados, o sea asignados para partidas muy específicas. Como la recaudación no crece o lo hace muy marginalmente (se requeriría una reforma fiscal que nadie parece estar dispuesto a impulsar), lo que queda por repartir es siempre muy poco, y en realidad lo que se hacen son ejercicios matemáticos, como aumentar artificialmente el precio del petróleo, para lograr que las cifras cuadren.
Siempre el debate presupuestal resulta ser el mismo porque es muy poco lo que queda por redistribuir ya que la enorme mayoría de los recursos (que son de por sí escasos) están ya etiquetados, o sea asignados para partidas muy específicas. Como la recaudación no crece o lo hace muy marginalmente (se requeriría una reforma fiscal que nadie parece estar dispuesto a impulsar), lo que queda por repartir es siempre muy poco, y en realidad lo que se hacen son ejercicios matemáticos, como aumentar artificialmente el precio del petróleo, para lograr que las cifras cuadren.
También se ha convertido en una norma establecer presupuestos muy altos en algunos rubros que finalmente tienen subejercicios, como ha ocurrido en los últimos años con el tema de las carreteras. Las razones del mismo son complejas: en muchas ocasiones, los estados logran colocar en el presupuesto proyectos que no están plenamente sustentados pero que sirven políticamente, sobre todo en periodos preelectorales. Eso quiere decir que el gobernador o presidente municipal se compromete a realizar una determinado camino o carretera donde no existen condiciones para ello o no tienen la documentación completa. La SCT si no tiene toda esa documentación no impulsa la obra y la misma termina estancada o sin realizarse. Por otra parte en muchas ocasiones por deficiencias operativas o por diferencias políticas es la propia SCT la que no prioriza la obra. El resultado es que se discutió hasta el último día el presupuesto de carreteras cuando en el del año en curso el subejercicio superó el 40 por ciento. Y eso que iba a ser uno de los motores de las recuperación económica interna.
Al momento de escribir estas líneas aún estaban pendientes los acuerdos en torno al presupuesto para el campo. Es políticamente correcto insistir en que se requieren mayores apoyos al campo, pero la verdad es que ese discurso está agotado. Siempre se destinan enormes recursos al campo pero, salvo partidas muy específicas, no sirven para hacerlo más productivo porque hay intereses creados muy fuertes para que no sea así. Esos recursos son de los que sirven para la operación política en manos de gobernantes y sobre todo de dirigentes “campesinos”, y cuando terminan llegando a los verdaderos campesinos son programas de apoyo de escasa eficiencia. El hecho es que, consecuencias de esas políticas, en el campo cada vez vive menos gente, que se desplaza a los cinturones de miseria de las grandes ciudades (que no tienen un apoyo presupuestal equivalente), y el campo, incluso ahora en que los precios de las productos agrícolas alcanzan nivel históricamente altos, es cada día, por lo menos en buena parte del territorio nacional, menos productivo. ¿No sería hora de destinar esos recursos a verdaderos proyectos productivos?¿ de revisar una situación que siendo dramática para millones es un gran negocio para un puñado de líderes?. Sí, pero nadie querrá asumir ese costo. Es más cómodo dejar todo como está.
Finalmente habrá que ver cómo queda el tema de los 13 mil millones de pesos que generaron un nuevo debate entre el ejército y los legisladores. Los diputados del PT (siguiendo la línea lopezobradorista de descalificar la labor del ejército en la lucha contra el narcotráfico), “denunciaron” que la secretaría de la defensa había solicitado 13 mil millones de pesos adicionales. En realidad no fue así: lo que la Sedena hizo fue exponer sus necesidades, de acuerdo a las responsabilidades que le han sido otorgadas. Para cumplir con muchas de las mismas, sobre todo en los distintos estados del país donde están estacionados sus hombres y mujeres, se requiere crear 18 batallones que tengan una presencia mucho más permanente en esos lugares. Porque se suele olvidar que el soldado que está en un retén o en operaciones contra el crimen organizado en un estado del país, semanas después debe participar en tareas de rescate en otro, o brindar apoyo en tareas de erradicación, o en labores sociales (como la reforestación) encomendadas a las fuerzas armadas desde hace años. En la comisión de presupuesto se decidió que la ampliación de la fuerza costaría unos 13 mil millones de pesos. El problema es que esa cantidad se utilizó como fórmula de negociación para otros sectores y, como decíamos, como un instrumento político en la lucha presupuestal. La Sedena tampoco rechazó esos recursos. Simplemente recordó a los legisladores que no era su tarea distribuir el presupuesto: que era de los legisladores y que debían asumirla como tal. La tesis que ante ello esgrimieron voceros del lopezobradorismo de que el presidente Calderón le había exigido a la Sedena que rechazara ese presupuesto porque no había sido negociado por el propio ejecutivo es, por lo menos, maliciosa y absurda e implica desconocer cómo funciona la relación entre el instituto armado y la presidencia de la república.