El cártel de la Familia Michoacana es la organización criminal en muchos sentidos más política del escenario del narcotráfico nacional. Lo es por la forma en que se presenta ante la sociedad, por su evidente involucramiento en el mundo político y partidario (y que el llamado michoacanazo haya terminado en un fiasco judicial no implica que sus revelaciones fueran falsas, como no lo es la acusación contra el diputado Julio César Godoy) y porque ha penetrado profundamente estructuras estatales, sobre todo en Michoacán.
El cártel de la Familia Michoacana es la organización criminal en muchos sentidos más política del escenario del narcotráfico nacional. Lo es por la forma en que se presenta ante la sociedad, por su evidente involucramiento en el mundo político y partidario (y que el llamado michoacanazo haya terminado en un fiasco judicial no implica que sus revelaciones fueran falsas, como no lo es la acusación contra el diputado Julio César Godoy) y porque ha penetrado profundamente estructuras estatales, sobre todo en Michoacán.
Pero todo eso tiene una razón de ser: el origen de algunos de sus líderes, como Servando Gómez, apodado la Tuta. En estos días se divulgó que La Tuta seguía cobrando como maestro en el estado de Michoacán, y las propias autoridades locales, a pesar de que este señor tiene una orden de aprehensión desde hace años y que evidentemente no trabajaban en el magisterio, reconocieron que le siguieron pagando sus salarios rigurosamente hasta el año pasado, e incluso defendieron su derecho a cobrar como tal. La sección 18 de Michoacán, es una de las más radicales, es parte de la llamada disidencia magisterial, controlan buena parte del PRD michoacano y toda la secretaría de educación local y sus dirigentes se han caracterizado por asumir muchas acciones violentas, sobre todo contra sus adversarios del SNTE. Pero nunca pudieron ver que uno de los narcotraficantes más buscados del país estaba en sus nóminas y evidentemente entre sus afiliados. E incluso defienden sus “derechos laborales”.
Eso se llama protección política. Pero lo que sucede es que las relaciones vienen de muy lejos. La Tuta en efecto fue maestro rural en la Tierra Caliente, lo mismo que otros fundadores de La Familia. No sólo eso: varios de ellos tuvieron relación con los grupos armados que operaban en la sierra guerrerense y michoacana, sobre todo con los remanentes de Lucio Cabañas. Como ocurrió con otros grupos que estuvieron en aquellas luchas, ante la derrota, La Tuta y sus compañeros se fueron dedicando cada vez más al cultivo y comercialización de marihuana, se asociaron a otros cárteles, originalmente a los Valencia (que también venían de historias similares) hasta que se independizaron y adquirieron un amplio grado de autonomía (aunque mantienen coordinación con el cártel del Chapo Guzmán).
Por eso el lenguaje de la Familia nos recuerda en ocasiones a aquellos comunicados que escribía (o firmaba) Marcos, por eso mezclan un lenguaje de grupo armado con elementos religiosos, independientemente de que terminen actuando, a la hora de la verdad, como cualquier otro cártel del crimen organizado. Por eso, han tenido mucha mayor facilidad para penetrar en las estructuras políticas: porque de una u otra forma, de allí surgieron y tienen lenguajes y bases comunes, por lo menos sus principales líderes.
Pero eso también termina explicando porqué, cuanto más radicales son algunos de los grupos políticos que pululan en el escenario nacional, más cercanos se encuentran de estas organizaciones o, por lo menos, porqué son los que más terminan justificando su existencia. El caso de La Tuta lo escenifica perfectamente: un maestro rural que es afín de viejos grupos armados, que se convierte en narcotraficante, que mantiene durante años su plaza magisterial y cobra su sueldo, que es protegido por el sindicato local, profundamente radical y apoyado por las instituciones educativas del estado que a su vez son controladas por el propio sindicato, que tiene amplio control sobre el partido en el poder. El ex maestro rural, a su vez, patrocina y apoya campañas políticas afines y controla sus propios funcionarios. El objetivo es otorgarse recíprocamente recursos y legitimidad. Eso se llama narcopolítica.
Los otros michoacanos
Hablando de otros michoacanos, estos sí respetables y respetados, dicen en el PRD que le han dado un mes a Lázaro Cárdenas Batel para que decida si acepta la presidencia nacional del partido o no. Es verdad: los plazos se acortan y en el perredismo las cosas se complican cada día más. Lázaro sería un excelente líder partidario. Me imagino que, sin embargo, la pregunta es si, además del cargo, le otorgarán al ex gobernador los espacios para ejercer su autoridad en el partido, si no querrán una figura nacional al frente del partido para convertirlo en un rehén de las diferentes tribus. Y me queda la duda de si las actuales autoridades partidarias decidirán, antes de endosarle el paquete a una nueva dirigencia, al fin dejar en claro las cosas, poner la distancia definitiva con ese férreo opositor al PRD que se llama Andrés Manuel López Obrador. Sin eso no veo cómo Lázaro podrá aceptar la responsabilidad.