Se habla, una y otra vez, de cambiar la estrategia de la lucha contra la delincuencia organizada, pero cuando se buscan propuestas alternativas se termina en generalizaciones o en vías (como la legalización de las drogas) que atienden fenómenos que están relacionados pero que no determinan, por ejemplo, la inseguridad y la violencia que ahora vivimos.
quí hemos insistido en que el problema no es la estrategia sino la política: las formas en que esa estrategia se implementa, cómo se coordinan las fuerzas de seguridad, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.
Se habla, una y otra vez, de cambiar la estrategia de la lucha contra la delincuencia organizada, pero cuando se buscan propuestas alternativas se termina en generalizaciones o en vías (como la legalización de las drogas) que atienden fenómenos que están relacionados pero que no determinan, por ejemplo, la inseguridad y la violencia que ahora vivimos. Nadie puede estar en desacuerdo sobre la necesidad de avanzar mucho más en educación, valores o salud, pero siendo ello imprescindible, no frenará la actual crisis de violencia e inseguridad que se vive hoy en muchos puntos del país. Son vías para el futuro, más que para el presente.
Aquí hemos insistido en que el problema no es la estrategia sino la política: las formas en que esa estrategia se implementa, cómo se coordinan las fuerzas de seguridad, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión. Cualquier estrategia termina siendo tan buena o tan mala como la forma en que la misma se implementa y las expectativas que genera.
Un claro ejemplo de ello es el texto sobre estrategia de seguridad que acaba de publicar Enrique Peña Nieto en el periódico británico Financial Times. El gobernador mexiquense y principal aspirante priista para la candidatura presidencial plantea una estrategia “para reducir el número de asesinatos, secuestros y extorsiones de manera significativa en los próximos cinco años”. La estrategia, dice Peña, debe basarse en cuatro pilares. Y allí plantea cuatro cursos de acción que no son diferentes a los que ha planteado el gobierno de Calderón: la primera es “actuar para evitar que la delincuencia se produzca en lugar de reaccionar una vez que un crimen se ha cometido”, y dice que para eso es imprescindible avanzar en la seguridad social. Tiene toda la razón pero nadie puede estar en desacuerdo con ello, más allá de la estrategia de seguridad.
El segundo pilar, así le llama, es “crear una fuerza policial capacitada específicamente para combatir a la delincuencia organizada y hacer justicia en el país de manera más eficaz”. En ese rubro, plantea la necesidad de fortalecer la inteligencia policial para atacar las operaciones de lavado de dinero. Reconoce que la actual administración ha comenzado a hacer esto pero dice que se debe hacer mucho más. Y destaca que se debe “presionar más para la creación de una fuerza policial estatal para reemplazar la mezcla de fuerzas municipales que son pequeñas, débiles y fácilmente corruptibles”. En el gobierno federal podrían suscribir cada letra de ese párrafo.
En el tercer punto, dice que debemos centrarnos en la estrategia, concentrando los esfuerzos primeros en los municipios más violentos, luego en los más vulnerables a futuros brotes, alrededor de las rutas del tráfico de drogas, y en tercer lugar al resto del país. ¿No es así como está planteada la actual estrategia?. Y como cuarto pilar habla de la responsabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. Finalmente en el ámbito internacional habla de mayor cooperación e inteligencia entre México con Colombia, Perú y Estados Unidos.
¿Cuál es, entonces, la nueva estrategia?. Se trata de la misma estrategia que está planteada en la actualidad. Pero la diferencia, decíamos se intenta establecer en la política. ¿Dónde es que se intenta marcar la diferencia?. Por ejemplo, hablando en las tareas de prevención no sólo de la salud, la educación y el empleo, sino de escuelas de jornada completa y sobre todo en la necesidad de una reforma fiscal de gran envergadura donde, utilizando porcentajes diferentes, Peña propone lo mismo, en ese ámbito, que Manlio Fabio Beltrones en un texto publicado ayer en Reforma: que se duplique la recaudación fiscal en México.
Es interesante, por ejemplo, que se vincule tan directamente el tema de la seguridad (y en eso nadie inventa el hilo negro) con una disminución drástica de la economía informal, con una reforma laboral que incluya una reducción del financiamiento de la seguridad social, aumentando la utilización del sistema bancario y reduciendo el efectivo en la economía.
Hay muchos otros puntos que marcan matices y fórmulas políticas que van más allá de la estrategia. Pero creo que al final del artículo, hay un punto que muestra una voluntad de poder clave para la oferta política. Cuando habla de las responsabilidades compartidas, dice que la estrategia de reducción de la violencia “debería obligar a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil para apoyar la política pública a largo plazo”. Y dice que ese ingrediente, el de la obligación de participar en ese esfuerzo común, “ha estado claramente ausente en los últimos cuatro años”.
Por supuesto que así debería ser. La pregunta es si en estos cuatro años se hubiera podido “obligar” a todas las instancias de gobierno a apoyar esa lucha. Creo que no. Pero lo que quiere decir Peña en su artículo en el Financial Times es que él sí podría hacerlo. Y eso es política pura.