Hubo una época, aparentemente muy lejana, en la cual nuestros políticos se preocupaban por las formas. La forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles y tenía toda la razón: cuando los políticos olvidan las formas envían un mensaje de fondo. En estos días, eso es cada vez más notable y se olvidan hasta las formas más elementales.
Hubo una época, aparentemente muy lejana, en la cual nuestros políticos se preocupaban por las formas. La forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles y tenía toda la razón: cuando los políticos olvidan las formas envían un mensaje de fondo. En estos días, eso es cada vez más notable y se olvidan hasta las formas más elementales.
Dos casos, dos historias, pero entrelazadas entre sí. La primera es un tema que no ha permeado en la opinión pública pero que deteriora, cada vez más, a una de las instituciones que, pese a todas las vicisitudes que ha sufrido en los últimos años, tiene un nivel de credibilidad alto en la ciudadanía: el Instituto Federal Electoral. Una de las decisiones políticas más perversas de la reforma electoral de 2007 fue el descabezamiento del IFE y, con ello, la pérdida en los hechos de lo esencial de su autonomía. Al mismo tiempo que se debilitaba al Instituto, que se removía a sus funcionarios, comenzando por el consejero presidente, y que la designación de sus consejeros se tornaba un ejercicio partidario (donde no necesariamente estarían los mejores o los más preparados sino los que proporcionaran equilibrios y apoyos internos a los distintos partidos), se le daban al IFE atribuciones enormes que trascienden, en mucho, los objetivos para los que fue creado. Hoy el IFE es desde árbitro electoral hasta censor de medios de comunicación, debe monitorear desde el último espacio de información y decidir sobre conceptos tan abstractos como si una publicidad o un contenido es inductor del voto o no, hasta expedir credenciales electorales, una atribución que se niega a abandonar para avanzar en la creación de un documento único de identificación personal.
Todo eso, obviamente, cuesta mucho dinero. Si le sumamos los recursos públicos que reciben los partidos y el costo adicional de la organización en sí de los comicios federales, podemos comprender por qué las nuestras son de las elecciones más caras del mundo.
Por eso mismo, resulta inaudito que el IFE tenga un subejercicio presupuestal de 350 millones de pesos y opte por no reintegrarlo al erario y busque, literalmente, en qué gastarlo. No se trató, como bien dijo el contralor del Instituto, Gregorio Guerrero Pozas, de un ahorro presupuestal, sino de un subejercicio derivado de un presupuesto inflado por el Instituto, para que quede, ha ocurrido así en los últimos años, una bolsa que sirva para invertir discrecionalmente. El hecho es más notable porque el IFE había tenido en el 2010 un recorte presupuestal de 600 millones de pesos. O sea que sumado el recorte con el subejercicio, el IFE había solicitado para el año pasado casi mil millones de pesos de presupuesto por encima de lo que podía o necesitaba gastar. Ahora, lo que sobró, lo quiere utilizar para comprar inmuebles, como se si tratara del ahorro de un particular y no de una institución del Estado.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, ante la presión legislativa para que se regrese ese dinero al erario, sostuvo que la preocupación de los legisladores debería ser cumplir con su responsabilidad y designar a los tres consejeros que faltan en el Consejo General y cuya ausencia ha impedido el normal funcionamiento del Instituto. Lamentablemente, en este caso, ambos, legisladores e IFE, tienen razón. Unos construyen irresponsablemente un presupuesto inflado, que además no utilizan eficientemente, y los otros demandan con razón por el mal uso presupuestal pero fueron los que le dieron al IFE atribuciones que nunca debió detentar pero, además, tampoco cumplen con la responsabilidad básica de designar en tiempo y forma a la totalidad de sus integrantes.
La otra historia ha sido más conocida, pero también indigna. La actitud de un grupo de diputados del PT (Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas, que fue nada menos que consejero del IFE y aspiraba a ser ministro de la Suprema Corte, y Mario di Costanzo, que se suponía un economista serio) reventaron una vez más una sesión de la Cámara de Diputados, violaron el nuevo reglamento interno del Congreso, insultaron y agraviaron sin sustento alguno, en sus mantas y en sus dichos…y no pasa nada. La gente está harta de estos números absurdos de vodevil parlamentario protagonizados casi siempre por los mismos personajes, en primerísimo lugar ese hooligan con fuero que es Fernández Noroña, que olvidan que sus generosas dietas las pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Y les pagamos para que trabajen y legislen, no para actuar como porros fascistoides dedicados a la provocación constante. No sólo porque la forma es fondo, sino porque, como también decía don Jesús Reyes Heroles, en política, lo que parece, es.