Gabino Cué ganó la gubernatura del estado de Oaxaca después de haber competido en elecciones para gobernador seis años atrás, antes para presidente municipal de la capital, y después para senador. Aunque en la búsqueda de la senaduría compitió en 2006 por la alianza lopezobradorista, en todos los demás comicios (y en buena medida incluso en ese) Gabino apareció como el representante de una alianza amplia que incluía desde los sectores más duros y radicales del espectro político de izquierda hasta sectores conservadores del PAN. Y con esa alianza ganó las elecciones de julio pasado.
Gabino Cué ganó la gubernatura del estado de Oaxaca después de haber competido en elecciones para gobernador seis años atrás, antes para presidente municipal de la capital, y después para senador. Aunque en la búsqueda de la senaduría compitió en 2006 por la alianza lopezobradorista, en todos los demás comicios (y en buena medida incluso en ese) Gabino apareció como el representante de una alianza amplia que incluía desde los sectores más duros y radicales del espectro político de izquierda hasta sectores conservadores del PAN. Y con esa alianza ganó las elecciones de julio pasado.
Los enfrentamientos que se produjeron hace unos días en el centro histórico de Oaxaca fueron una provocación evidente orquestada por los líderes de la sección 22 del sindicato y otros grupos políticos para obligar a Gabino a definirse en el contexto de esa alianza de amplio espectro. La visita presidencial fue una coartada: los líderes de los manifestantes tuvieron ofertas para realizar su manifestación en el zócalo estatal al irse el presidente; hubo intentos de negociar con ellos otros mecanismos de manifestación y todo fue rechazado: querían un enfrentamiento, lo provocaron y lo hicieron estallar. Yo no sé si en ese movimiento hubo infiltrados, pero sí se sabe que, por ejemplo, uno de los manifestantes que agredió a golpes, puñetazos y patadas en el suelo al secretario de seguridad pública del estado, Marco Tulio Escamilla, que había ido a dialogar con los mismos manifestantes que lo agredieron, es Sigfrido Olmedo, maestro de una secundaria, identificado y denunciado por sus propios alumnos. Este maestro participó también en una agresión tan cobarde o más que la anterior, cuando golpeó y amarró a unas mujeres policías que lo único que estaban haciendo era cuidar, desarmadas, unas vallas metálicas.
También estarían identificados quienes realizaron los mayores desmanes y agresiones en el centro histórico. Y debe haber castigo. Gabino se encuentra en una situación similar a la que vivieron o todavía viven, por ejemplo, el ex rector Juan Ramón de la Fuente y su sucesor, José Narro Robles en la UNAM, con los grupos ultras o el propio Marcelo Ebrard, en el Distrito Federal, con distintos grupos, sobre todo sindicales y vecinales, que utilizan banderas de izquierda pero que, como ocurre con los de la UNAM o con ciertos círculos del magisterio oaxaqueño, en realidad son instrumentos de distintas instancias de poder. Todos ellos debieron o deben buscar un equilibrio entre esos grupos que los ayudaron para que llegaran al poder, pero con los que políticamente poco y nada tienen que ver, organizaciones que, al mismo tiempo tampoco confían en esos funcionarios.
En esto ha habido aciertos y errores. En la UNAM se han tenido que sacrificar espacios físicos, como el auditorio Justo Sierra, rebautizado por quienes lo tienen tomado desde hace años como Ché Guevara, o incluso académicos, para poder avanzar en otros ámbitos y en los hechos aislar a esos grupos radicales, lo que se ha logrado. En el DF ha habido luces y sombras, pero lo lamentable sigue siendo la impunidad en la que viven y se mueven muchos de esas organizaciones simplemente por ser aliados del gobierno capitalino. El viernes, por enésima vez, un grupo de 40 integrantes del SME agredieron y golpearon a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad por el solo hecho de serlo. Hay más de mil denuncias por el estilo. Ni una sola se ha cumplimentado. Nadie está detenido por esas agresiones y desmanes. Y esa es tanto responsabilidad del gobierno capitalino como del federal.
En Oaxaca, los hechos de la APPO en el 2006 pudieron tener muchas justificaciones políticas legítimas. Pero la violencia no puede admitirse y tampoco quedar impune. Puede haber, como las hubo en ese estado en el pasado, amnistías de facto por hechos de violencia anteriores, pero tampoco pueden ser a cambio de nada o para compensar posteriores apoyos personales. Un gobierno, sobre todo uno que descansa sobre una base tan amplia como el de Gabino Cué, no puede ser rehén de un grupo, ni de izquierda ni de derecha, aunque sea tan poderoso en términos estatales, como lo es la sección 22 en Oaxaca. Debe utilizar su base social para aislar a quienes lo intentan polarizar, chantajear u obligarlo a romper sus alianzas. Y para eso se requiere que haya acuerdos, pactos, pero también castigo de los delitos. Sobre la impunidad no pueden crecer ni las reformas ni la transformación de una sociedad. Insisto: no sé si quienes propiciaron los hechos violentos de la semana pasada en Oaxaca son o no maestros (hemos visto que algunos de ellos si lo son) o si eran provocadores o infiltrados en ese movimiento, lo cierto es que quienes cometieron delitos y agravios deben ser castigados. Sólo eso garantizará en el largo plazo el apoyo y el respaldo de la gente que no quiere ser rehén de nadie.