Comparto, conozco, lo he vivido y sentido personalmente, el dolor de Javier Sicilia por la pérdida de su hijo en circunstancias tan terribles como las que le tocó vivir. Comparto plenamente su exigencia de justicia, que termina transformando el dolor en acción, la indignación en una búsqueda de respuestas y responsables. Estoy convencido de que la movilización de la gente es la que puede y debe aislar a quienes matan, secuestran, extorsionan, trafican, envenenan a nuestros niños y jóvenes. Creo, estoy convencido, de que no merecemos como sociedad ni tantas muertes ni tanto dolor.
Comparto, conozco, lo he vivido y sentido personalmente, el dolor de Javier Sicilia por la pérdida de su hijo en circunstancias tan terribles como las que le tocó vivir. Comparto plenamente su exigencia de justicia, que termina transformando el dolor en acción, la indignación en una búsqueda de respuestas y responsables. Estoy convencido de que la movilización de la gente es la que puede y debe aislar a quienes matan, secuestran, extorsionan, trafican, envenenan a nuestros niños y jóvenes. Creo, estoy convencido, de que no merecemos como sociedad ni tantas muertes ni tanto dolor.
Pero también debemos tener absoluta claridad sobre quiénes son los responsables del mismo, hacia dónde se deben enfocar la indignación, la movilización y la acción de la sociedad y de hombres que, como Javier Sicilia, en su dolor pueden afortunadamente canalizarlas. Por eso no puedo estar de acuerdo con algunas de sus declaraciones ni con la concepción que están impulsando sectores que participan en las recientes movilizaciones. Dijo Javier el miércoles en Cuernavaca, cuando la marcha hizo un alto frente a las instalaciones de la zona militar, que “nunca habríamos querido verlos (a los soldados) fuera de sus cuarteles… Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías les pertenece. No los queríamos allí, pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada de violencia”. Otros pedían que concluyera “la guerra de Calderón” para acabar con el derramamiento de sangre.
Con todo respeto y afecto: ¿de dónde saca Javier que la escalada de violencia se debe a que se ha encargado al ejército (como a la Marina o a la Policía Federal) combatir a los grupos de delincuentes?¿qué alternativa existía para combatir a los grupos criminales?¿con qué policías se lo podría haber hecho?. No es verdad, es falso que este proceso comenzó en diciembre del 2006. Hagamos un rápido recorrido por el propio estado de Morelos para comprenderlo.
En la segunda mitad de los años 90 era gobernador de Morelos el priista Jorge Carrillo Olea. Llegó a esa posición porque su formación militar y su experiencia en seguridad lo hacia parecer el hombre idóneo para gobernar un estado donde la inseguridad y la delincuencia ya comenzaban a hacer estragos. Ocurrió todo lo contrario: las cosas se salieron rápidamente de cauce. A metros de la casa de gobierno vivían nada menos que Amado Carrillo Fuentes El señor de los cielos, y Juan José El azul Esparragoza. Fueron los años cuando se asentaron en la entidad también los Beltrán Leyva, entonces operadores menores del propio Carrillo Fuentes, encargados entre otras cosas de esa plaza y de la seguridad de los narcotraficantes que allí vivían y operaban. Los narcotraficantes llegaron con sus sicarios y guardaespaldas, con equipo, carros y armas, y por supuesto con mucho dinero. Cooptaron a las fuerzas policiales locales, entre ellos a personajes con famas añejas, como Jesús Mizayawa, que terminaron siendo acusados de trabajar para los delincuentes. Comenzó una ola de secuestros que azotó el estado y sobre todo a la ciudad de Cuautla. La historia de Eduardo Gallo, que perdió en uno de esos secuestros a su hija, y que él mismo se encargó de investigar y llegar hasta los responsables, fue ejemplar en ese sentido.
Desde entonces, Carrillo Olea debió dejar el gobierno en 1998, no ha habido un solo gobierno estatal que no viera que sus jefes de policías eran detenidos por complicidad con el narcotráfico. Las fuerzas policiales de Morelos han sido penetradas y sometidas en innumerables ocasiones por grupos criminales. Han cambiado los gobernadores y los mandos de las áreas de seguridad, han caído y llegado otros capos a la plaza, pero la norma, hasta ahora, ha terminado siendo la misma. Estamos hablando de una historia que tiene ya más de 15 años en Morelos. Y en ese contexto, la presencia del ejército era imprescindible, como en otros lugares de la república para retomar el control de esas plazas.
¿Alguien puede decir entonces que la violencia comenzó en Morelos en diciembre del 2006?. Me parece justo que la indignación llegue a los gobernantes que no hicieron lo suficiente para romper esa cadena de violencia a lo largo de tantos años. Pero no nos engañemos: la escalada de violencia no se ha dado porque el ejército comenzó a tratar de cumplir las tareas que en ese estado, como en otros, no estaban realizando las fuerzas policiales coludidas con los delincuentes.
Si no comprendemos a quiénes hay que exigirle que ya no hagan correr más sangre, a quiénes hay que acusar de los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, del consumo de drogas de nuestros niños y jóvenes, simplemente seguiremos equivocándonos. A los gobiernos hay que exigirles que cumplan con su deber. A los criminales que no haya más sangre, ni drogas, ni extorsiones, ni secuestros.