Resulta imposible no sumarse a las palabras de Alejandro Martí durante la inauguración del foro sobre seguridad y justicia. No alcanza con decir ¡Ya Basta!: hay que tener claridad sobre qué es con lo que queremos acabar. La marcha que inició ayer tiene, en ese sentido, enormes méritos y es el producto de una justa indignación social, hay que sumarse a ella, pero también acarrea peligros: a diferencia de las marchas que se realizaron en el pasado, en ésta hay un interés manifiesto de algunos grupos por ideologizarla y convertirla en un instrumento político y electoral.
Resulta imposible no sumarse a las palabras de Alejandro Martí durante la inauguración del foro sobre seguridad y justicia. No alcanza con decir ¡Ya Basta!: hay que tener claridad sobre qué es con lo que queremos acabar. La marcha que inició ayer tiene, en ese sentido, enormes méritos y es el producto de una justa indignación social, hay que sumarse a ella, pero también acarrea peligros: a diferencia de las marchas que se realizaron en el pasado, en ésta hay un interés manifiesto de algunos grupos por ideologizarla y convertirla en un instrumento político y electoral.
Quienes pregonan que lo que debe acabar es “la guerra de Calderón” en realidad, conciente o inconcientemente, se convierten en instrumentos de los propios grupos criminales. Calderón puede haber instrumento bien o mal su estrategia de lucha contra las organizaciones del crimen organizado, se podrían o no haber adoptado medidas distintas, pero de lo que no cabe duda es de que los que matan, secuestran, torturan, extorsionan y roban son los grupos criminales, que están coludidos en forma cada día más evidente con las fuerzas policiales y de seguridad de muchos estados y municipios. Al hijo de Javier Sicilia lo mataron narcotraficantes que simplemente se vengaron de un incidente que aún no queda claro cómo se dio, y que involucró unos días antes a dos de sus acompañantes con esos grupos criminales, los cuales tienen protección de policías locales. Al hijo de Alejandro Martí, Fernando, lo secuestraron y mataron bandas criminales que tenían protección de policías locales. A los migrantes que terminaron en una fosa común en Tamaulipas los mataron criminales que contaban con la colaboración de policías municipales. De los más de 36 mil muertos que se contabilizan desde el inicio del sexenio más del 95 por ciento de ellos fueron víctimas de los propios grupos criminales.
Quienes exigen una tregua en este sentido o el establecimiento de reglas (sic) no nos dicen quién realizará una tregua con quién o entre quiénes se establecerán reglas. Nadie puede estar en contra de un reclamo de paz o de la exigencia de que no haya más muertos. Pero ¿a quién se le reclama y a quién se le exige?. Resulta por lo menos paradójico que, por ejemplo, un grupo como el EPR anuncie que se suma a la marcha por la paz cuando es una organización armada, clandestina, que en el pasado han realizado secuestros de enorme resonancia para hacerse de recursos (dicen que ahora han dejado de hacerlo, pero sus epígonos no, como lo demuestra el caso de Diego Fernández de Cevallos). La paz exige respeto a la legalidad de todas las partes, incluyendo por supuesto a los gobiernos federal, estatales y municipales, pero demanda, también tener en claro quiénes están violentando esa paz, quienes son los que agreden a la ciudadanía y a las instituciones.
Y exige una clara rendición de cuentas. Y como decía Alejandro Martí las autoridades todas, pero sobre todo las estatales y municipales, han quedado en deuda con los acuerdos que ellos mismos establecieron. No se puede avanzar en la reforma judicial si no se avanza en los estados, y hoy a tres años de la aprobación de la reforma prácticamente ninguno ha concluido ese proceso; no se puede avanzar en la reforma sin los mandos únicos y unas nuevas instituciones policiales estatales y a pesar de que ese acuerdo lo estableció la Conago hace un año y de que se presentó la iniciativa correspondiente no se ha hecho absolutamente nada, ni a nivel estatal ni legislativo. No hay un código penal único, que incluya a la federación y los municipios y muchos menos un código de procedimientos penales común. En el reciente periodo ordinario se volvió a congelar la ley de seguridad nacional que lleva ya tres años de discusiones estériles.
Ya basta de indolencia y de dejar pasar las cosas. Ya basta de autoridades, de todo tipo, que se limitan a señalar qué eventos son del ámbito de su incumbencia y cuáles no. Ya basta de que se intente manipular la inseguridad como un tema de campaña. Ya basta de que se llegue a la mezquindad de catalogar los muertos buenos y los malos, los que son de la causa y por lo tanto elogiables y los que consideran domesticados (cuando esos mismos grupos nunca han hecho nada para trabajar por la seguridad). Hay naciones y sociedades que se han enfrentado a desafíos en el ámbito de la seguridad mucho mayores a los nuestros y los han superado. Lo han hecho teniendo muy claro quienes son sus adversarios, por encima de sus propias diferencias y con pluralidades, y porque han tenido objetivos comunes. Se trate de Pablo Escobar, de la ETA o de Bin Laden, a los grupos criminales o a las organizaciones terroristas que amenazan a una sociedad se las derrota teniendo claridad sobre quiénes son los verdaderos enemigos. Pongámonos, como sociedad, también un ya basta a las confusiones y manipulaciones.