La semana pasada Freedon House calificó, por primera vez en muchos años, a México como un país donde no se respeta la libertad de prensa y lo hizo, sobre todo, por las agresiones que sufren medios y comunicadores particularmente a manos de grupos del crimen organizado, pero también por las agresiones de autoridades locales, que en muchos casos siguen viendo a los medios como un enemigo o un instrumento de control del propio poder.
La semana pasada Freedon House calificó, por primera vez en muchos años, a México como un país donde no se respeta la libertad de prensa y lo hizo, sobre todo, por las agresiones que sufren medios y comunicadores particularmente a manos de grupos del crimen organizado, pero también por las agresiones de autoridades locales, que en muchos casos siguen viendo a los medios como un enemigo o un instrumento de control del propio poder.
Esto viene a cuento porque hoy, en el día de las madres, recordaba a una mujer con la que estuve platicando días atrás. Se trata de María Morales, que actualmente dirige el periódico Cuarto Poder en Chiapas, el de mayor circulación en el estado. María no es periodista de profesión: fue maestra durante casi toda su vida, pero se tuvo que hacer cargo de la dirección del periódico porque su esposo, el director y fundador de Cuarto Poder, Conrado de la Cruz Jiménez, terminó muriendo en el exilio, en Miami, sin poder regresar a Chiapas, y su hijo, quien era el director de comercialización del periódico, Conrado de la Cruz Morales, fue encarcelado durante casi cuatro años, acusado de delitos inexistentes, en condiciones terribles, muriendo él también poco después de dejar la cárcel.
¿Porqué murieron el esposo y el hijo de María Morales, uno en el exilio, el otro al salir de la prisión?. Por haber hecho su trabajo. En junio del año 2000 en plena campaña electoral para gobernador, Cuarto Poder exhibió públicamente el falso título de abogado del entonces candidato Pablo Salazar Mendiguchía. El reportero Víctor Carrillo Caloca, de Cuarto Poder dio a conocer el 20 de junio de aquel año que Salazar había falsificado su título profesional y que su célula profesional número 0745078, en realidad correspondía a una licenciada en psicología, María Leticia Altúzar Coello, según datos de la propia secretaría de Educación Pública.
El entonces candidato presentó en su descargo documentos apócrifos diciendo que había presentado su examen profesional el 28 de agosto de 1978 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tan falsos eran los documentos que Salazar tuvo que volver a presentar su examen profesional siendo ya gobernador el 15 de febrero del 2001, con ayuda del entonces rector de la BUAP, Enrique Doger. No pasó nada.
Cuarto Poder había desenmascarado un delito que quedó impune pero, a cambio de ello, comenzó la persecución contra su director, su familia y sus periodistas. Desde los primeros días del gobierno de Salazar, todo el aparato del estado se lanzó contra ellos.
Conrado fue perseguido y debió huir a Miami para evitar ser detenido, y aunque nunca hubo cargos en su contra, se lo acusó en los medios de lavado de dinero y se le comenzaron a incautar ilegalmente propiedades. Pero cuando Conrado huyó, tomaron como rehén a su hijo: detenido en Cancún, sin cumplir ningún requisito legal, fue trasladado a Chiapas, acusado de irregularidades en una discoteca de su propiedad, Liquid. Nunca se le pudo comprobar ilícito alguno, pero estuvo preso casi cuatro años en condiciones inhumanas.
Cada vez que Conrado hijo iba a ser golpeado o violentado en la cárcel, lo que hacían en forma sistemática guardias y otros presos por órdenes superiores, su padre recibía una llamada telefónica en Miami. Las llamadas lo torturaron hasta la muerte. Cuando Conrado hijo finalmente fue dejado en libertad por el nuevo gobernador Juan Sabines, no alcanzó a ver a su padre. Conrado falleció un día antes de que su hijo pudiera llegar a despedirse de él. Meses después, murió el propio Conrado hijo, víctima de un ataque cardíaco: nunca se había podido recuperar de las dolencias sufridas en la prisión.
Las persecuciones de periodistas en Chiapas en aquellos años fueron sistemáticas. Muchos fueron encarcelados al modificarse la legislación local para que el delito de difamación tuviera carácter penal, con penas de hasta nueve años del cárcel, y no civil. La persecución gubernamental contra los medios locales provocó una airada protesta de organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Asociación Mexicana de Editores. La SIP solicitó a las autoridades locales el traslado del caso al ámbito federal con el objeto de garantizar un proceso justo. El gobierno del estado siempre se negó a trasladar el caso a la PGR.
Los dos Conrados murieron sin que se hiciera justicia con ellos. Esa venganza política continúa impune. Ahora Pablo Salazar quiere ser senador y busca ser ahora apoyado por López Obrador, que no deja de observarlo con reticencia. María y su hija Ana María, se han hecho cargo del Cuarto Poder y lo han mantenido como lo que era, el periódico de mayor circulación y credibilidad en el estado. Para ellas el recuerdo en este día de las madres, para las que trabajan, las que luchan, las que no se dejan.