Tenía toda la razón el miércoles el presidente Calderón cuando, al concluir su gira en Washington, sorprendió a sus interlocutores en pleno Departamento de Estado pidiéndole a las autoridades de ese país congruencia a la hora de hablar de la lucha contra el narcotráfico. Dijo que no hay congruencia cuando su gobierno tiene que detener a un campesino de Michoacán por cultivar una parcela de marihuana mientras que en Estados Unidos se fabrica marihuana en forma industrial, o cuando se insiste en el uso medicinal de la yerba, comparándola con el tradicional traguito de tequila para la gripe, o cuando, mientras en México hay miles de muertos por esa batalla, las películas y las estrellas de Hollywood disfrutan en film y en público del consumo de marihuana, con amplia aceptación social.
Tenía toda la razón el miércoles el presidente Calderón cuando, al concluir su gira en Washington, sorprendió a sus interlocutores en pleno Departamento de Estado pidiéndole a las autoridades de ese país congruencia a la hora de hablar de la lucha contra el narcotráfico. Dijo que no hay congruencia cuando su gobierno tiene que detener a un campesino de Michoacán por cultivar una parcela de marihuana mientras que en Estados Unidos se fabrica marihuana en forma industrial, o cuando se insiste en el uso medicinal de la yerba, comparándola con el tradicional traguito de tequila para la gripe, o cuando, mientras en México hay miles de muertos por esa batalla, las películas y las estrellas de Hollywood disfrutan en film y en público del consumo de marihuana, con amplia aceptación social. Es incongruente que la Unión Americana exija a México y a otros países que frenen la llegada de drogas a su territorio y no combate la producción de esas mismas drogas dentro de los Estados Unidos y que en 15 estados la venta de las mismas sea legal.
No se puede decir que se plantea y comparte una lucha real contra el narcotráfico cuando al mismo tiempo que se legaliza la venta y consumo de marihuana en un tercio de los estados de la Unión Americana, cuando se dice que legalmente no se puede impedir la venta de armas de asalto a México o cuando tampoco se impide que el 90 por ciento del dinero que genera la venta de las drogas se invierta en el sistema financiero estadounidense.
Si fuera un debate académico o de salud pública sobre la legalización o no de una droga no habría problemas, pero lo cierto es que estamos hablando de miles de muertos, de gastos por un porcentaje alto de nuestro producto interno bruto y de temas que establecen la agenda de la relación bilateral (y la internacional) con los Estados Unidos, muy por encima de otros capítulos claves, como son la migración, la economía, el comercio, la energía y la ecología.
Cuando no se quiere asumir responsabilidades, tanto en la vida como en la política, se suelen decir muchas cosas para desviar la atención de los temas principales. Eso sucede con el actual debate sobre la legalización de las drogas o de la marihuana. Hace algunos meses el presidente Fox, coincidiendo con intelectuales como Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, pidió la legalización de las drogas. Entonces nos preguntamos porqué lo pedía ahora y no cuando fue su administración. Nos dijo Fox que porque durante su gobierno no había habido ni tanta violencia ni tanto consumo.
Era una verdad a medias. El consumo de drogas y la violencia en México vienen elevándose de forma sistemática desde 1994, y la violencia, como ahora la conocemos, comenzó en el 2005. Y por lo menos en los dos últimos años de la administración Fox el tema salió de la agenda central del presidente, pese a que fue cuando comenzaron las decapitaciones y la guerra abierta entre los cárteles. Durante el sexenio pasado la Policía Federal no detuvo a un solo capo importante del narcotráfico. Sí hubo detenciones importantes en ese periodo, como las de Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix por ejemplo, pero éstas se dieron, sobre todo, en las áreas que controlaban entonces la PGR, con José Luis Santiago Vasconcelos en la SIEDO y García Luna como director de la AFI, y con el apoyo decisivo y la operación de cuerpos especializados del ejército mexicano.
Lo que sí hizo el presidente Fox fue enviar al congreso una iniciativa para determinar los máximos permisibles, la cantidad de droga que un eventual consumidor podría poseer sin caer en el delito de trafico de estupefacientes. Esa reforma la cabildeó el ejecutivo federal en ambas cámaras, particularmente en el senado y directamente con quien era entonces su líder Enrique Jackson quien se comprometió con Fox a sacar adelante la iniciativa y logró que se aprobara, no sin presiones, en ambas cámaras y se envió a Los Pinos para que se publicara.
Pasados algunos meses y extrañado por la falta de publicación de la reforma, Jackson pidió una cita con el presidente Fox y le preguntó qué estaba pasando. Dice Jackson que Fox le contestó con una sonrisa: “querido senador fíjate que me habló Bush, molesto y contrariado porque le habían informado que el gobierno mexicano pretendía legalizar las drogas en su territorio” y entonces Fox se comprometió con Bush, dice Jackson, a que esa iniciativa, que él mismo había enviado al congreso, no se promulgara.
O sea que no es verdad que en la administración Fox no se avanzó en la propuesta de legalización porque “no había los índices de consumo y de violencia actuales”, como dice ahora el ex presidente, sino porque el gobierno estadounidense se opuso. Y se sigue oponiendo en una estrategia incongruente de legalización en el ámbito interno y de combate en el exterior. Y contra esa incongruencia es muy difícil luchar.