El 7 de junio pasado, en el marco de la celebración del día de la libertad de expresión en ese estado, me tocó convivir con periodistas veracruzanos y autoridades locales. Sentada junto a mi estaba la directora de La Opinión de Poza Rica, uno de los periódicos más influyentes del estado: su hijo Raúl Gibbs había sido asesinado en abril del 2005 por denunciar la colusión de autoridades del norte del estado con grupos del narcotráfico. Nunca se aclaró el asesinato de Gibbs, las autoridades entonces quisieron hacerlo pasar como un crimen pasional. Las averiguaciones previas, que fueron abandonadas en su momento, indicaban relaciones de directas con esa muerte de funcionarios locales. El crimen quedó impune.
El 7 de junio pasado, en el marco de la celebración del día de la libertad de expresión en ese estado, me tocó convivir con periodistas veracruzanos y autoridades locales. Sentada junto a mi estaba la directora de La Opinión de Poza Rica, uno de los periódicos más influyentes del estado: su hijo Raúl Gibbs había sido asesinado en abril del 2005 por denunciar la colusión de autoridades del norte del estado con grupos del narcotráfico. Nunca se aclaró el asesinato de Gibbs, las autoridades entonces quisieron hacerlo pasar como un crimen pasional. Las averiguaciones previas, que fueron abandonadas en su momento, indicaban relaciones de directas con esa muerte de funcionarios locales. El crimen quedó impune.
Como han ido quedando impunes una larga serie de asesinatos, secuestros, desapariciones de periodistas en Veracruz y a lo largo y ancho del territorio nacional. Más de 70 según algunas organizaciones de derechos humanos. Este lunes nos amanecimos con la noticia de que Miguel Angel López Velasco, apodado Milo Vela, un muy conocido columnista del periódico Notiver, de gran circulación sobre todo en el puerto de Veracruz, había sido asesinado. Dos sicarios ingresaron a su domicilio a las seis de la mañana y lo mataron a él, a su esposa y a su hijo menor, de 21 años, que ya había comenzado a trabajar también en Notiver. Miguel Angel tenía una columna especializada en temas de seguridad y narcotráfico. Ya antes había recibido amenazas por esa publicación. Hace cuatro años, en el día de la libertad de prensa, los sicarios dejaron la cabeza de una persona abandonada en una calle del puerto. El narcomensaje que la acompañaba decía “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien". Miguel Angel no quiso tener seguridad adicional, convencido de que si alguien quería hacerle daño podría hacerlo con o sin custodias. Pasaron cuatro años y las amenazas fueron cumplidas.
Pero ¿por qué ahora y no antes?. Por una sencilla razón: de los cerca de 70 asesinatos y desapariciones de periodistas que han ocurrido en los últimos años, ni uno solo ha sido resuelto. Todos han quedado, como el Gibbs y muchos otros, impunes. No hay un solo sicario, un solo asesino, un solo autor intelectual detenido. Y eso ha abierto una suerte de temporada de caza contra comunicadores y medios. Existe una fiscalía especializada en la PGR, todos los casos tienen averiguaciones abiertas en cada uno de los estados, pero no pasa nada o se intenta desviar las investigaciones con argumentos, como ocurrió en el caso Gibbs, de crímenes pasionales o económicos. Seguraemente entre los 70 periodistas muertos o desparecidos, algunos han sufrido esa suerte por razones diferentes al ejercicio de su profesión. Seguramente también, como argumentan off the records algunas autoridades, algunos de ellos murieron por ser parte, directa o indirectamente, de grupos criminales y fueron objeto de venganzas. Pero muchos otros simplemente estaban cumpliendo con su trabajo, informando a la gente de lo que sucedía en su región, en su estado, en su municipio. Muchos fueron asesinados para silenciarlos a ellos, pero en muchas otras ocasiones simplemente para intimidar, para obligar al silencio, para imponer la autocensura, como ha ocurrido ya en muchos lugares, sobre todo en el norte del país.
Pero en verdad no podemos saber las causas reales de estas muertes porque simplemente las autoridades no investigan. Insistimos en un punto: todos y cada uno de los casos de periodistas asesinados o secuestrados en los últimos años han quedado impunes. Y si la que se impone es la impunidad cualquiera, por razones personales o políticas, puede ejercer violencia contra un periodista o un medio atribuyéndola al clima de violencia del narcotráfico. En última instancia se sabe que no pasará nada, o peor aún, si los responsables son realmente sicarios del crimen organizado ni siquiera se puede saber cuáles fueron las causas reales que provocaron esa reacción y quién la ordenó. Son crímenes sin costos para los delincuentes, sean del fuero común o del crimen organizado. Dijo el gobernador Javier Duarte que el asesinato de López Velasco no quedará impune. Ojalá así sea, porque en la administración de su antecesor ocurrió exactamente lo contrario: ninguno de esos crímenes se aclaró. Sería muy importante que los asesinos quedaron en esta ocasión tras las rejas.
Los periodistas no necesitamos un esquema de protección especial, distinto al de otros sectores sociales: nuestra labor profesional, en ese ámbito no debe diferenciarse de la de un médico, un ingeniero o un obrero: el Estado debe brindar protección por encima de las habilidades profesionales. Pero lo que está ocurriendo es que al perpetuarse la impunidad en los crímenes de periodistas lo que se está vulnerando es uno de los derechos fundamentales de una sociedad: el derecho a expresarse libremente y a estar bien informada. Ninguna democracia puede sobrevivir sin esos derechos.