Hace tres años se firmó, en una ceremonia que todos quienes allí estuvimos no podemos olvidar, el acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad. Aquel encuentro en Palacio Nacional estuvo marcado por la participación de Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando acababa de ser secuestrado y asesinado. Aquel día Alejandro desafío a sus interlocutores y les exigió que si no podían con el paquete de la inseguridad, debían renunciar. Todos asumieron el reto. Tres años después, pese a esfuerzos y algunos avances, no se ha cumplido con los compromisos que esa misma tarde firmaron. La norma ha sido la ineficacia y la simulación.
Hace tres años se firmó, en una ceremonia que todos quienes allí estuvimos no podemos olvidar, el acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad. Aquel encuentro en Palacio Nacional estuvo marcado por la participación de Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando acababa de ser secuestrado y asesinado. Aquel día Alejandro desafío a sus interlocutores y les exigió que si no podían con el paquete de la inseguridad, debían renunciar. Todos asumieron el reto. Tres años después, pese a esfuerzos y algunos avances, no se ha cumplido con los compromisos que esa misma tarde firmaron. La norma ha sido la ineficacia y la simulación.
Esa es la conclusión a la que llega la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera, al darle seguimiento a cada uno de los puntos de ese acuerdo. Dice Causa en Común que “la autoridad simula un resultado que no corresponde a la percepción ciudadana y justifica sus avances en métricas que pueden ser consideradas como cumplimiento, sin embargo estas cifras no han solucionado el fondo de la problemática y no se alcanzan los objetivos para los que fueron creados cada uno de los puntos del Acuerdo”. Y lo demuestra.
Entre los compromisos que adquirió el poder ejecutivo federal está la depuración de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Había una meta de crear 40 centros de evaluación y control de confianza, sólo existen diez, dos del gobierno federal y ocho a nivel estatal. El Centro Nacional de Verificación y Acreditación sólo cuenta con 20 elementos que pueden viajar a los estados y necesitaría por lo menos el doble. Tampoco sus recursos alcanzan y según Causa en Común el diseño del mismo es fallido porque da mucha importancia al polígrafo, mientras deja fuera otros aspectos fundamentales, al mismo tiempo que, dice el informe, “la falta de un modelo integral de dignificación de policías y no sólo de depuración…pone en jaque su existencia al convertir los Centros en una cacería de brujas”.
Hasta ahora se ha evaluado al 73 por ciento de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al 69 por ciento de la PGR y a sólo el 49 por ciento del Instituto Nacional de Migración. No hay certificación de agentes aduanales.
En los seis meses posteriores a la firma de los acuerdos se tendría que haber establecido una estrategia nacional contra el lavado de dinero. Apenas en abril pasado el senado aprobó una iniciativa al respecto que no ha sido aún tratada en la cámara de diputados. En el 2010, dice el informe de Causa en Común, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tenía identificadas casi 47 mil operaciones inusuales o sospechosas, pero en la PGR sólo se iniciaron 262 averiguaciones previas con la detención de 134 personas y la consignación de 162. Ha habido sólo 17 sentencias condenatorias para 37 personas. La estrategia actual, dice el informe, es inoperante.
En seis meses también se tenía que tener un registro de telefonía móvil así como de información sobre la ubicación física de los aparatos. Como sabemos, la base de datos fue una total simulación. En los hechos, el llamado Renaut ya ha sido derogado y se perdió la oportunidad de contar con una integración de datos de teléfonos celulares lo que le ha permitido a los grupos criminales extorsionar en forma impune. La posibilidad de accesar a la información de la ubicación física de los móviles ni siquiera ha sido analizada.
También en seis meses se debería contar con un número único, el 066, para atención de emergencias y otro, el 089, para denuncias ciudadanas. Tres años después se reportó una cobertura para el sistema de emergencias de casi 94 por ciento, el problema es que no se utiliza el 066 en forma homogénea: en los hechos existen unos 600 números diferentes para llamadas de emergencia. Y el tiempo de respuesta para una emergencia es, en promedio, de 17 minutos, a nivel federal. No hay datos sobre los tiempos de espera en estados y municipios. En síntesis, dice Causa en Común, “las autoridades no tienen capacidad de atender las solicitudes de emergencia de la ciudadanía en tiempo y forma”.
Otro compromiso que se adquirió y luego fue detonado por intereses políticos de coyuntura fue la expedición de la cédula de identidad. Debería haber incluido a toda la población mexicana. Las presiones políticas la dejaron para los menores de 4 a 17 años de edad. E incluso hoy apenas está registrada el 13 por ciento de la población menor de edad. “La ausencia, dice el informe, de un servicio nacional de identificación personal ha permitido que exista la falta de certeza en la identificación, duplicidad de identidades; generación de redes de corrupción en la falsificación y alteración de documentos oficiales y conflictos interinstitucionales”.
Pero el recorrido por la simulación y el incumplimiento de los acuerdos firmados hace tres años va mucho más allá. Mañana seguiremos con el tema.