En política suele haber ideas y propuestas y también tonterías presentadas como tales. Puede haber iniciativas políticamente correctas que se ven muy bien en el papel pero que a la hora de confrontarse con la realidad resultan inoperables o contraproducentes. Y hay acciones imprescindibles para un país o una sociedad por las que nadie quiere pagar el costo político. Y hay también respuestas de botepronto para dar determinadas coyunturas que son las que se deben atender con mucha mayor atención, porque suelen ser simples ocurrencias.
Para mi amigo Alejandro Soberón, con un abrazo solidario
En política suele haber ideas y propuestas y también tonterías presentadas como tales. Puede haber iniciativas políticamente correctas que se ven muy bien en el papel pero que a la hora de confrontarse con la realidad resultan inoperables o contraproducentes. Y hay acciones imprescindibles para un país o una sociedad por las que nadie quiere pagar el costo político. Y hay también respuestas de botepronto para dar determinadas coyunturas que son las que se deben atender con mucha mayor atención, porque suelen ser simples ocurrencias.
Lo sucedido en Torreón ha generado todo tipo de reacciones, aunque quizás la más importante, lo que debería haber unificado a todos los actores políticos y sociales, no se dio. Lo sucedido es la demostración de que estos grupos criminales han perdido todo escrúpulo a la hora de atacar objetivos, dañando y afectando a la sociedad, a la gente, e incluso más allá de sus adversarios o de los cuerpos de seguridad la gente termina convirtiéndose en objetivos en sí mismos. Lo cierto es que se haya atacado al estadio o no en forma directa, se haya tratado de un enfrentamiento entre grupos criminales o no, estemos hablando de un atentado contra el jefe de la policía municipal o no (¿cómo puede ser que en un hecho de estas características no se pueda saber qué sucedió?¿cómo puede ser que el gobierno municipal y la secretaría de Gobernación no puedan ponerse de acuerdo sobre si hubo o no un atentado?) lo que resulta evidente es que los grupos criminales no respetan ningún tipo de reglas.
No ha habido esa reacción unificadora, y sigue sin comprenderse que la que vivimos no es una lucha particular de una administración sino un desafío nacional que implica un esfuerzo social y político del mismo nivel. Y se comienzan a dar respuestas políticas que pueden ser correctas o no, pero que se alejan de las exigencias del momento.
El PRI acaba de plantear una serie de propuestas institucionales en el ámbito de la seguridad. Se dice, según consigna Excélsior, que debe desaparecer la procuraduría general de la república, y ser reemplazada por dos fiscalías generales e independientes; que se debe crear una tercera fiscalía especializada en delincuencia organizada que dependa directamente del ejecutivo federal; que se debe reorientar a la secretaría de seguridad pública federal y transformar a Gobernación en una secretaría del Interior. En su mayoría me parecen propuestas muy atendibles. Desde que se decidió al inicio del gobierno de Vicente Fox la separación de las áreas de seguridad de Gobernación he pensado y lo he escrito muchas veces, que era un error, que había que trabajar en el sentido inverso, que en lugar de convertir a Gobernación en una suerte de secretaría de acuerdos políticos, había que transformarla en un ministerio del Interior que llevara el manejo interno del país, incluyendo la seguridad pública, como tienen la mayoría de las democracias. Me parece muy bien que haya una fiscalía especializada en delincuencia organizada que dependa directamente del Ejecutivo. Pero también me parece que nada de esto es practicable cuando queda menos de un año para las próximas elecciones federales y mucho menos que se diga que con esos cambios se van a evitar hechos como los del sábado en Torreón.
Se cumplieron tres años de los acuerdos de seguridad y justicia que se firmaron los tres poderes de la Unión y representantes de los tres niveles de gobierno en Palacio Nacional el 21 de agosto del 2008. Tres años de aquel “si no pueden, renuncien”. Y de esos más de 70 compromisos asumidos por representantes de todos los partidos, la enorme mayoría no se han cumplido, o se ha caído en la simulación. En el congreso hay una larga lista de iniciativas relacionadas con la seguridad que esperan ser aprobadas: no se saca adelante la ley de seguridad nacional, la del mando único de la policía, la de lavado de dinero, entre muchas otras. Hay reformas que se han aprobado pero luego no se han sacado las leyes reglamentarias que las hagan aplicables (como ocurre con el narcomenudeo). Los municipios piden más dinero para seguridad pero la mayoría no cumple con los requisitos establecidos para recibir esos recursos.
Queda poco más de un año de esta administración. Quien llegue el primero de diciembre del 2012 podrá realizar cambios institucionales de fondo si así se lo permite la ciudadanía: pero ahora más que ideas y propuestas de cambios de instituciones lo que habría que hacer es cumplir con lo que se ha asumido, firmado, comprometido en acuerdos públicos. Y eso no se está haciendo. Y los espacios de la gente se ven cada día más acotados por los grupos criminales. Y pareciera que no pasa nada.